España deja sin gastar 4.000 millones en contratos públicos desiertos por falta de ofertas

La contratación pública en España acumula un volumen creciente de inversión que no llega a ejecutarse. En 2025, un total de 9.819 licitaciones quedaron desiertas, lo que ha supuesto que más de 4.011 millones de euros de gasto público no se hayan materializado, según datos de la firma de inteligencia de mercado Intescia-Doubletrade. La cifra representa un incremento del 86,1% respecto a 2021 y consolida una tendencia que el sector ya considera estructural.

Ningún territorio escapa a este fenómeno, aunque tiene especial intensidad en la Comunidad de Madrid, que lidera el volumen de fondos paralizados con 787,19 millones de euros sin adjudicar. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 709,12 millones; Andalucía, con 458,09 millones, y Castilla y León, con 387,88 millones. Esto se debe a que son las comunidades con mayor volumen de proyectos planteados, según los expertos consultados por este diario.

Grandes proyectos que no encuentran ofertas

Entre las licitaciones de mayor envergadura que han quedado desiertas este año destaca el proyecto de construcción de vivienda pública en régimen de alquiler en Valencia, que contemplaba el aprovechamiento de varias parcelas municipales y estaba dotado con más de 413,5 millones de euros. En Madrid, el principal contrato sin adjudicar corresponde a la concesión de obras para el Centro de Operaciones de La Elipa de la Empresa Municipal de Transportes, valorado en más de 366,7 millones de euros, uno de los mayores proyectos de infraestructuras urbanas actualmente bloqueados.

El fenómeno se extiende también a otros ámbitos estratégicos. En Castilla y León, el suministro eléctrico para la ampliación del Polígono Industrial Las Viñas I, con 186,6 millones de euros, quedó igualmente desierto. En el ámbito ferroviario, Renfe no logró adjudicar un contrato de mantenimiento de trenes comerciales por 136,2 millones de euros, mientras que en el transporte urbano destaca el servicio de autobuses de Guadalajara, valorado en 63,2 millones. También se registran proyectos no adjudicados en infraestructuras de aparcamiento, como el de Ronda (Málaga), con 56,7 millones de euros.

Un mercado menos atractivo para las empresas

El importe medio por licitación desierta supera ya los 408.000 euros, lo que evidencia que el problema no se limita a contratos de pequeño tamaño, sino que afecta también a proyectos de alta complejidad y elevado presupuesto. Sectores como la construcción no residencial, los servicios urbanos, la energía, la logística y la movilidad concentran buena parte de los contratos sin adjudicar, lo que refleja un impacto transversal sobre la inversión pública, tal y como explican los expertos de esta firma.

Las principales organizaciones empresariales del sector llevan años advirtiendo del deterioro de las condiciones de licitación. En el ámbito de la construcción, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) considera que el principal problema radica en la falta de actualización de los precios base de los contratos públicos, que no reflejan el incremento de costes de materiales, energía y mano de obra. Esta situación, señalan, está reduciendo la rentabilidad de muchos proyectos hasta hacerlos inviables para las empresas.

En la misma línea, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha alertado de que la combinación de presupuestos desajustados, mayor complejidad técnica y exigencias administrativas crecientes está reduciendo la concurrencia en la contratación pública. Según la patronal de grandes infraestructuras, este desequilibrio no solo está afectando a la competencia, sino que ya compromete la capacidad de ejecución de la inversión pública en proyectos estratégicos.

Fondos europeos y riesgo de ejecución

Una parte relevante de estas licitaciones desiertas está vinculada a proyectos financiados con fondos europeos, lo que añade un riesgo adicional al sistema. La falta de adjudicación puede derivar en retrasos en la ejecución o incluso en la pérdida de financiación si no se cumplen los plazos comprometidos. A ello se suma la fragmentación del sistema de contratación pública y la complejidad de acceso a la información, que dificulta la participación de empresas, especialmente pymes, y reduce la concurrencia en los procesos.

El crecimiento de las licitaciones desiertas refleja un problema que ya no es coyuntural, sino estructural. Con más recursos presupuestarios disponibles, pero menos empresas dispuestas a ejecutar los contratos en las condiciones actuales, la contratación pública española muestra una creciente dificultad para transformar el presupuesto en inversión real. El resultado es un sistema tensionado por el desajuste entre precios, costes y capacidad de ejecución, que empieza a comprometer no solo la eficiencia del gasto público, sino también el despliegue efectivo de infraestructuras, servicios y proyectos estratégicos en todo el país.