Las constructoras piden revisar los precios ante el impacto en la obra pública de la guerra en Irán
El sector arrastra un encarecimiento de costes de ejecución, acumulado desde la pandemia y la guerra de Ucrania.
Obras del proyecto de la Y vasca de ADIF.
La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha solicitado la puesta en marcha de una revisión excepcional de precios en los contratos de obra pública ante el impacto del encarecimiento de costes derivado de la crisis en Oriente Próximo, que se suma a la presión inflacionista acumulada en el sector desde la pandemia y la guerra de Ucrania. La organización advierte de que la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico ha intensificado las tensiones ya existentes en la construcción, afectando directamente a la estabilidad económica de los contratos públicos y generando incertidumbre tanto en las obras en ejecución como en las futuras licitaciones.
Según ANCI, los últimos cinco años han estado marcados por un incremento sostenido de los costes de materiales y mano de obra, una situación que se ha agravado en las últimas semanas con el aumento del precio de la energía y los combustibles. Desde el inicio de la crisis, materiales básicos como el hormigón, los áridos, el acero, los ladrillos o los plásticos han registrado subidas de entre el 10% y el 25%, mientras que el betún ha experimentado incrementos de entre el 30% y el 40%.
Este nuevo episodio inflacionista está dificultando la ejecución de los contratos de obra pública y elevando el riesgo de desequilibrios económicos en proyectos ya adjudicados. Ante este escenario, ANCI insiste en la necesidad de contar con un mecanismo «estable, automático, ágil y eficaz» que permita adaptar los precios de los contratos públicos a la evolución real de los costes durante su ejecución.
En este contexto, la patronal ha valorado de forma positiva la propuesta aprobada esta semana por CEOE para garantizar la estabilidad económica de los contratos del sector público. El documento plantea dos líneas de actuación: por un lado, una reforma normativa de carácter estructural para recuperar la obligatoriedad de la revisión de precios en todos los contratos públicos e incluir el coste de la mano de obra entre los elementos revisables; y, por otro, la reactivación urgente del mecanismo de revisión excepcional de precios previsto en el Real Decreto-ley 3/2022.
Esta última medida requeriría, según la propuesta, una modificación normativa que permita su aplicación automática y eficiente para hacer frente al actual shock de costes derivado de la situación en Oriente Medio. ANCI considera que ambas iniciativas son clave para preservar la viabilidad económica del sector, garantizar la continuidad de la obra pública y proteger el interés general en un contexto de elevada incertidumbre internacional.