Las constructoras exigen revisar precios ante el riesgo de obras públicas inviables por Irán
Las patronales del sector plantean reactivar de forma urgente el mecanismo excepcional aprobado en 2022
Trabajadores de las construcción.
El sector de la construcción redobla la presión sobre el Gobierno para reactivar los mecanismos de revisión de precios en los contratos públicos ante el impacto del encarecimiento de costes provocado por la crisis en Oriente Próximo. En las últimas horas, las principales patronales del sector han advertido de que, sin medidas urgentes, aumentará el número de obras paralizadas y licitaciones desiertas, en un contexto ya tensionado por el alza de precios acumulada desde la pandemia y la guerra de Ucrania. La última ha sido Seopan, la patronal de las grandes constructoras, cuyo presidente, Julián Núñez, ha destacado que el conflicto en Irán eleva la inflación y ha alertado sobre este «escenario perfecto» para que no se acometan obras.
El aviso llega apenas unos días después de que se constatara el deterioro estructural de la contratación pública en España. En 2025, más de 4.000 millones de euros en inversión quedaron sin ejecutar al quedar desiertas cerca de 10.000 licitaciones, tal y como publicó THE OBJECTIVE, un fenómeno que el sector atribuye, en gran medida, a la falta de actualización de los precios en los contratos públicos.
Las organizaciones empresariales coinciden en que la nueva escalada inflacionista vinculada al conflicto en Irán puede agravar este problema. La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha solicitado la puesta en marcha de una revisión excepcional de precios que permita adaptar los contratos a la evolución real de los costes. Según sus estimaciones, materiales básicos como el acero, el hormigón o los plásticos han registrado incrementos de entre el 10% y el 25% en los últimos años, mientras que el betún ha llegado a encarecerse hasta un 40%, con nuevos repuntes en las últimas semanas por el aumento del precio de la energía.
Ley de desindexación
En paralelo, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha reclamado al Ejecutivo una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación para permitir revisiones automáticas que incluyan tanto los costes energéticos como los laborales. La patronal subraya que la energía representa ya cerca del 30% de los costes totales del sector —y hasta el 40% en actividades intensivas en maquinaria—, lo que sitúa a las empresas en una posición especialmente vulnerable ante un posible shock energético.
Según el sector, la falta de mecanismos de ajuste está provocando retrasos en la ejecución, renuncias a contratos ya adjudicados y un menor interés por concurrir a nuevas licitaciones. «Cuando los precios no reflejan los costes reales, los proyectos dejan de ser viables», insisten fuentes empresariales, que advierten de que esta situación está reduciendo la competencia y comprometiendo la ejecución de inversiones estratégicas.
En este contexto, la patronal de grandes constructoras Seopan alerta de que la incertidumbre actual y el desajuste entre costes y precios están frenando la actividad. Su presidente advierte de que el encarecimiento de materias primas se ha intensificado en las últimas semanas, en lo que describe como un «escenario perfecto» para la paralización de obras si no se adoptan medidas. A ello se suma el incremento sostenido de los costes laborales, que han crecido cerca de un 27% en la última década.
Obligación de revisar precios
Las patronales coinciden en respaldar la propuesta de la CEOE para introducir una reforma estructural que recupere la obligatoriedad de revisar los precios en todos los contratos públicos e incorpore variables como la energía y la mano de obra. Además, plantean reactivar de forma urgente el mecanismo excepcional aprobado en 2022, adaptándolo al nuevo contexto geopolítico para que pueda aplicarse de forma automática y eficaz.
El sector también reclama medidas fiscales específicas, como mecanismos de compensación sobre el gasóleo utilizado en maquinaria de obra, cuyo coste ha aumentado alrededor de un 50% en los últimos años. Denuncian, además, que muchas empresas ya asumieron sobrecostes durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania sin recibir ayudas equivalentes a las de otros sectores intensivos en combustible.
Fondos europeos
En paralelo, advierten del riesgo que supone este escenario para la ejecución de los fondos europeos, que dependen en gran medida de la capacidad de adjudicar y ejecutar proyectos en plazo. La falta de ofertas o la paralización de obras podría traducirse en retrasos e incluso en la pérdida de financiación.
Con más recursos disponibles, pero menos empresas dispuestas a asumir contratos en las condiciones actuales, el sector de la construcción insiste en que el problema ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural. Sin una actualización del marco de contratación pública que permita ajustar los precios a la realidad del mercado, advierten, la inversión seguirá sin materializarse y aumentará el riesgo de un frenazo en la ejecución de infraestructuras y vivienda en España.