Begoña Gómez fía su exculpación a un informe de un exedil del PSOE que defiende su cátedra

Begoña Gómez intenta dilatar el juicio a toda costa. Su defensa, que ejerce el exministro socialista Antonio Camacho, ha recurrido ante la Audiencia de Madrid su procesamiento y que sea un jurado popular quien la juzgue. El abogado también ha pedido al juez instructor, Juan Carlos Peinado, que paralice el procedimiento hasta que el órgano provincial se pronuncie. La cascada de recursos en las últimas semanas ha llevado a la acusación popular a denunciar su interés en estirar la causa, en la que la esposa del presidente del Gobierno está acusada de cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En previsión de que Begoña Gómez acabe sentándose en el banquillo, Camacho solicitó este lunes su libre absolución. El escrito de defensa reclama 34 testificales, entre ellas las del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. También pide que se tengan en cuenta cuatro informes periciales, tres de parte. Uno de ellos está firmado por el exconcejal del PSOE Antonio Manuel López Hernández, que defiende la legalidad de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

En las 23 páginas que conforman el escrito de defensa, Camacho reitera la posición que ha mantenido durante toda la investigación: que no existen indicios en contra de Begoña Gómez. El abogado señala que los hechos expuestos por el magistrado «no son constitutivos de delito alguno», por lo que «procede el dictado de sentencia absolutoria».

Begoña Gómez en la Complutense

El abogado explica que su clienta comenzó a colaborar con la Complutense en 2012, cuando su marido no tenía cargo público. Ese argumento trata de contrarrestar a Peinado, que señaló que Begoña Gómez se benefició del vínculo matrimonial para favorecer sus negocios privados. Camacho ha pasado la pelota al tejado de la Complutense, a la que responsabiliza de la creación de la cátedra en 2020, cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno. El rector ya reveló al juez que acudió a Moncloa en julio de ese año para hablar sobre la cátedra tras recibir una llamada de la secretaria de la esposa de Sánchez.

Camacho insiste en que el nombramiento de Begoña Gómez cumplió con todos los requisitos. Sin embargo, la esposa del presidente del Gobierno es la única persona que dirige una cátedra en la Complutense sin ser licenciada. Para salvar el obstáculo, la universidad utilizó una treta: designar a un codirector (ambos en igualdad de condiciones y rango). El abogado insiste en que su clienta no recibió retribución económica. Como avanzó este diario, sí cobró 39.188 euros por otros conceptos docentes entre 2012 y 2022, según un informe de la Complutense.

Para demostrar la labor «altruista» de Begoña Gómez, su defensa presentó a mediados de abril un informe pericial firmado por Antonio Manuel López Hernández, exconcejal del PSOE en Guadix (Granada) y expresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía a propuesta de los socialistas entre 2011 y 2021.

El informe, titulado Las aulas, cátedras extraordinarias y los estudios no oficiales de formación permanente como instrumentos de colaboración público-privada en la universidad española, explica que la esposa de Sánchez tenía como objetivo «aportar a la sociedad la experiencia de personas que ya son profesionales reconocidos en su sector que, como mucho, les permite el encuentro y la actualización de conocimientos».

La cátedra de Inditex

López Hernández señala que esa es la razón que explica «por qué la dirección de estas aulas y cátedras no está normalmente retribuida y por qué a las personas que intervienen como docentes se les abona una cantidad compensatoria muy reducida por su tiempo y dedicación». En el documento, este catedrático de la Universidad de Granada llega a comparar la cátedra de la esposa de Sánchez con la que Inditex tiene en la Universidad de La Coruña. El perito plantea que «no tendría sentido» pensar que Amancio Ortega creó esos estudios para impulsar su carrera, como Peinado sospecha de Begoña Gómez.

«Las cátedras de esta naturaleza nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional de quienes intervienen en ella. No solo porque, desde la perspectiva curricular del personal universitario, apenas puntúan como mérito susceptible de computarse en los procesos de selección o porque nada aportan, profesionalmente, a las personas privadas que han colaborado en ella, sino porque no tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza, como, por ejemplo, la cátedra Inditex en la Universidad de La Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad».

El perito realiza un análisis comparado de la normativa de varias universidades españolas para fundamentar su tesis. López Hernández concluye que «el esquema regulatorio de las cátedras extraordinarias, de empresa o de patrocinio resulta sustancialmente coincidente en las distintas universidades analizadas». Insiste en que, en todos los casos, se trata de «estructuras creadas mediante convenio entre la universidad y entidades externas, financiadas mediante aportaciones privadas y sometidas a mecanismos de dirección y seguimiento de carácter mixto».

Se trata de uno de los tres informes presentados por la defensa de Begoña Gómez durante la instrucción. También se ratifica en la pericial firmada por Julio V. González García sobre la regulación aplicable a la pareja de la persona titular de la presidencia del Gobierno y a su personal de apoyo y al suscrito por Jesús Rodríguez Márquez, que defiende que la Complutense no sufrió ningún perjuicio como consecuencia de la supuesta apropiación de un software.

El software de la Complutense

Camacho explica que la creación del polémico programa informático contó con la colaboración de distintas empresas, que aportaron horas de trabajo o cantidades de dinero que «fueron ingresadas en el patrimonio de la Complutense de forma que la propia universidad licitó los contratos necesarios que eran necesarios» para ponerlo en marcha. El escrito de Begoña Gómez insiste en que el sistema no se finalizó y que ni ella ni el resto de investigados, entre los que se encuentra el empresario Juan Carlos Barrabés, que le ayudó a poner en marcha la cátedra, se beneficiaron de él.

Peinado comenzó a investigar a Begoña Gómez en abril de 2024, tras una denuncia presentada por Manos Limpias. Más tarde amplió la causa con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. El juez indaga la actividad profesional de la esposa del presidente con empresarios y su relación laboral con la Complutense. Por estos hechos le atribuye delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado también trata de determinar si hubo malversación en la contratación como asistente en Moncloa de Cristina Álvarez, también investigada.