Begoña Gómez alega que colaboraba con la UCM cuando Sánchez no tenía cargo público
El abogado de la esposa del presidente solicita su libre absolución en el escrito de defensa previo al juicio
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en la clausura del 41 Congreso del PSOE. | F. J. Olmo (EP)
Begoña Gómez pasa al ataque. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ha solicitado su libre absolución en la causa en la que se le imputan delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el letrado argumenta que los hechos que investiga el juez Juan Carlos Peinado no son constitutivos de delito, por lo que «no procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase». La esposa del presidente del Gobierno también subraya que su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez «no obstentaba responsabilidad pública alguna».
La defensa de Begoña Gómez subraya que su colaboración con la Complutense comenzó en 2012, cuando su marido no tenía cargo público. El actual presidente del Gobierno ya había sido concejal del Ayuntamiento de Madrid. Lo fue entre 2004, cuando reemplazó a Elena Arnedo, hasta 2009. Durante esos años se conviertió en uno de los colaboradores más importantes de la entonces líder de la oposición Trinidad Jiménez, que ofició su boda. Sánchez también fue diputado entre 2009 y 2011. Volvería al Congreso en enero de 2013, tras la renuncia de Cristina Narbona.
Camacho insiste en su escrito que, tras codirigir varios másteres, Begoña Gómez asumió en 2020 la dirección de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva, liquidada a finales de 2024. Un término que, según su defensa, inventó la esposa del presidente del Gobierno, ya que «antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno». Peinado señala en sus autos que la acusada se benefició del cargo de su marido.
La cátedra de Begoña Gómez
En su escrito, de 23 páginas, el abogado de Begoña Gómez subraya que su clienta no recibió retribución económica por la cátedra. Como avanzó este diario, sí cobró 39.188 euros por otros conceptos docentes. Los importes se pagaron a lo largo de una década, entre 2012 y 2022, según un informe de la institución académica. Durante esos años, la esposa del presidente del Gobierno participó en varios másteres, entre ellos el de Fundraising y el de Transformación Social Competitiva.
El abogado de Begoña Gómez insiste en que su nombramiento cumplió con todos los requisitos legales exigidos. Sin embargo, la esposa del presidente del Gobierno es la única persona que dirige una cátedra en la institución académica sin ser licenciada. Para salvar el obstáculo, la Complutense utilizó una treta: designar a un codirector (ambos en igualdad de condiciones y rango). El rector, Joaquín Goyache, reveló al juez que acudió a Moncloa a finales de julio de 2020 para hablar sobre la cátedra extraordinaria.
La esposa del presidente del Gobierno reclama que se impongan las costas procesales a las acusaciones por actuar con «temeridad y mala fe». El escrito de defensa, que ha avanzado eldiario.es, explica que estas han sostenido una acusación sin base probatoria ni indiciaria «con finalidades espurias o instrumentales ajenas al interés de la Justicia». Camacho lamenta el daño reputacional causado a Begoña Gómez, a la que considera que se le ha vulnerado su presunción de inocencia.
Begoña Gómez propone que en el juicio con jurado popular que la juzgará testifiquen 34 personas, entre las que destacan el rector de la Complutense; el antiguo vicerrector Juan Carlos Doadrio; su sucesor, José María Coello de Portugal; sus colaboradores Blanca de Juan y Juan Carlos Ruano; empresarios como Rosauro Varo, Miguel Escassi y Luis Abril y varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. También reclama que se tengan en cuenta distintos informes periciales y varias pruebas documentales.
Juicio con jurado popular
Peinado comenzó a investigar a Begoña Gómez en abril de 2024, tras una denuncia presentada por Manos Limpias. Más tarde amplió la causa con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. El juez indaga sobre la actividad profesional de la esposa del presidente con empresarios y su relación laboral con la Universidad Complutense. Por estos hechos le atribuye delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado también trata de determinar si hubo malversación en la contratación como asistente en Moncloa de Cristina Álvarez, también investigada.
El juez que investiga a Begoña Gómez propuso el pasado 24 de septiembre que, en caso de llegar a juicio su causa por malversación, fuese juzgada por un jurado popular. Días más tarde, Peinado amplió esa fórmula a los otros delitos. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece que los delitos que se le imputan puedan ser juzgados por un jurado popular. La Audiencia de Madrid ya corrigió al magistrado en octubre rechazando que dividiera el caso en varias piezas, por lo que rectificó y las unió todas.
La fórmula del tribunal popular no es inédita en nuestro país, pero sí poco habitual. Los jurados populares existen en España desde 1995, cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Jurado con el apoyo de PSOE, IU y los partidos nacionalistas. El PP se abstuvo y solo varios diputados del Grupo Mixto votaron en contra. Desde entonces hasta el año pasado, último ejercicio con datos, el 89,9% de las sentencias han sido condenatorias.