Peinado rechaza archivar el caso de Begoña Gómez e insiste en que la juzgue un jurado

El juez instructor Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez y ha insistido en enviar a un juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.

En concreto, en un auto dictado este pasado martes, Peinado desestima los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía. 

El magistrado ofrece a las partes cinco días hábiles para recurrir estas decisiones, por lo que previsiblemente la última palabra de la instrucción la tendrá la propia Audiencia Provincial de Madrid, que en el pasado delimitó los márgenes de la investigación penal, si bien siempre ha respaldado que Peinado prosiguiese sus pesquisas ante los indicios de delito que se aprecian en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hazte Oír pide 24 de años de cárcel para Gómez y la retirada del pasaporte por riesgo de fuga, mientras que el Ministerio Público abogaba por el sobreseimiento.

La defensa de Gómez criticaba que los argumentos del magistrado para dirigir la causa a un jurado popular eran «falaces» o no tenían «la entidad que les da el instructor». También criticó la «redacción confusa» del auto judicial en el que Peinado aducía sus razones y que plasmó en su escrito con «la única conclusión» de que se estaba investigando a ella «por ser cónyuge del presidente del Gobierno». Unos argumentos que no ha asumido el magistrado.

Peinado sí que ha acatado la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid al dejar sin efecto una resolución emitida a finales de 2025, en la que acordaba reclamar un informe a la Asociación de Abogados del Estado para esclarecer si la esposa de Sánchez incurrió en un delito de intrusismo profesional al firmar pliegos de contratación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), puesto que el instructor dejó fuera ese delito cuando la procesó.

El informe pericial de Begoña Gómez

Gómez presentó a finales de abril un informe pericial ante el juez que concluye que su trabajo en la Universidad Complutense no solo no causó un perjuicio económico a la entidad pública, como sostiene la universidad, sino que hubo «un superávit» de casi 13.000 euros. El documento fue firmado por Jesús Rodríguez Márquez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, y se centra sobre la supuesta apropiación indebida del software que se creó en el seno de la cátedra que codirigió la esposa de Sánchez.

Este informe fue el tercero que se presentó para avalar el trabajo de Begoña Gómez en lo relacionado con esta causa, en la que el pasado 11 de abril el juez dio por cerrada la instrucción y propuso juzgar a la mujer del presidente por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

El informe presentado fue en respuesta a la decisión de Peinado de ofrecer a la Complutense que sea perjudicada en la causa, tras lo que la entidad educativa aceptó y remitió al juzgado un informe en el que detallaba que gastó un total de 113.509 euros en el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que codirigió Gómez.

«La cuantificación realizada por la UCM es incorrecta, ya que no se le ha causado perjuicio alguno o, en todo caso, el hipotético perjuicio no puede consistir en las cantidades invertidas en la elaboración de la Plataforma como herramienta propia de la Cátedra», se hizo hincapié en el informe presentado por la defensa de Begoña Gómez, que argumenta que el gasto investigado se ejecutó siguiendo las normas.

En este sentido, subrayó que «el gasto se ha ejecutado siguiendo escrupulosamente la normativa presupuestaria y de contratación, tanto la general como la propia de la UCM». «Su destino ha sido, efectivamente, el de financiar la Cátedra y, en el caso que nos ocupa, la creación del software, así como sufragar, en su 10 por ciento, los costes indirectos de la UCM», incidió.