El Senado solicita a la SEPI todos los contratos del alquiler del IE vinculados a Begoña Gómez

La mesa de la comisión de investigación de las presuntas irregularidades en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ha dado luz verde a la solicitud de todos los contratos de alquiler firmados entre el organismo Sepides, adscrito a la SEPI, y el Instituto de Empresa, así como sus revisiones posteriores. La publicación de THE OBJECTIVE sobre el presunto «trato de favor escandaloso» a la empresa que contrató a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a través de una rebaja en el precio de suelo público que pudo reportar cinco millones de euros al año, ha motivado una cascada de solicitudes en el órgano parlamentario de la Cámara Alta, donde se abordan todas las irregularidades que tuvieron lugar en el organismo que investiga la justicia en el llamado caso fontanera.

Según adelantan fuentes parlamentarias, el escrito solicita todos los contratos de alquiler hechos por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) en «los edificios del complejo Campos Velázquez, situado en la manzana delimitada por las calles Velázquez, María de Molina, Núñez de Balboa y Pedro de Valdivia». Como explicaron ocho fuentes de la SEPI y Sepides a este periódico, en el marco de la investigación publicada en el libro Todos los hombres de Sánchez (Editorial Deusto), el organismo firmó tres contratos de arrendamiento con la escuela de negocios para los bloques IV, III y VI del complejo de la SEPI en 2010, 2013 y 2017, respectivamente. Un total de 25.000 metros cuadrados cuyo precio osciló entre los 21,5 y los 23 euros por metro, según los múltiples puestos directivos consultados.

La información exclusiva aportada por las ocho fuentes consultadas por THE OBJECTIVE reveló una rebaja en el precio del suelo público arrendado durante la pandemia de la covid-19, en el ejercicio 2020-2021, al pasar de los 23 euros por metro cuadrado a «un precio escandaloso de cuatro euros», según reveló un expresidente de SEPI; lo cual habría supuesto una rebaja de medio millón de euros al mes y más de cinco millones de euros anuales. Se desconoce durante cuánto tiempo se vio beneficiado el IE de este supuesto «trato de favor escandaloso» porque el Ejecutivo oculta el contenido de este contrato público, solicitado por este periódico en el Portal de Transparencia hace nueve meses, durante el transcurso de esta investigación. El Gobierno declinó la publicación del contrato de alquiler sobre suelo público amparándose en la «confidencialidad» y en que su contenido «afecta fundamentalmente a los intereses económicos y comerciales de Sepides» y podría comprometer la «estrategia de comercialización» de la entidad.

Los cinco millones de euros del préstamo

Por este motivo, la Mesa de la comisión de investigación del Senado ha autorizado solicitar dichos contratos a Sepides para intentar aflorar el contenido que deliberadamente oculta el Gobierno, así como «todos los flujos de caja, entradas y salidas, con fecha y concepto, derivado de la relación contractual entre IE y Sepides; los contratos de arrendamiento, incluyendo sus adendas y anexos, prorrogas y modificaciones sufridas desde la fecha de referencia hasta hoy; cualquier acuerdo o que modificara las condiciones originariamente pactadas, en particular el precio del arrendamiento».

Esto último es clave porque hace referencia a la rebaja del precio de la renta de los tres inmuebles del IE tras el confinamiento de la covid-19, desvelado por ocho fuentes de SEPI y Sepides, todos ellos puestos directivos, entre los cuales se encuentran dos ex presidentes de la sociedad estatal. Un punto que niega el Instituto de Empresa, donde siempre han deslizado que la contratación de Begoña Gómez supuso un perjuicio para la escuela de negocios más que un beneficio. Sin embargo, el escrito del Sepides en el que se deniega a este periódico las condiciones del contrato con el IE admite que el precio del arrendamiento estaba «sujeto a revisiones periódicas».

La sospecha de las fuentes consultadas de la SEPI y Sepides es que se realizó algún tipo de «ingeniería financiera para camuflar la rebaja del precio», y que no quedara constancia del mismo. En este sentido, llama la atención que «exactamente el precio de ahorro por la rebaja de precio, cinco millones de euros, coincida con el importe de préstamo concedido por el IE, que podría no haberse devuelto».

Por ello, la Cámara Alta ha solicitado también «cualquier otro contrato, no de arrendamiento, suscrito entre IE y Sepides entre la fecha del primer arrendamiento (28/07/2010) hasta hoy». Una petición que obligaría a la entidad pública a desvelar las condiciones del préstamo de cinco millones de euros que concedió Sepides al IE, tras declinar el organismo concederle un periodo de carencia en los pagos —tal y como reveló el IE a THE OBJECTIVE— y los justificantes de pago durante los cuatro meses posteriores hasta que se liquidó el mismo fondo de liquidez, según la propia versión de la escuela de negocios.

Sepides, bajo la lupa de la UCO

Un aspecto que también resulta «extraño», según las mismas fuentes internas, dado que entre las funciones de Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) no estaba la inyección de capital en empresas privadas en dificultades, para lo cual se habilitaron en pandemia sucesivos fondos de liquidez a través del Instituto de Crédito Oficial. También se solicitan todas las operaciones financieras relacionadas entre la SEPI y el IE, ya que se efectuaron tres reformas de los inmuebles alquilados en el complejo de Campos Velázquez, de los que se desconoce cual fue la entidad que asumió el coste, si el IE o la SEPI.

El contrato de alquiler, y sus sucesivas modificaciones, contaron con la firma de la mano derecha de la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, Antonio Cervera, persona de su máxima confianza, con quien había trabajado en la Junta de Andalucía como director general de Patrimonio, junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero. A finales de 2023, Montero lo nombró director general de Costes de Personal en la Secretaría General de Presupuestos, en su ministerio. Cervera fue quien autorizó y firmó las «revisiones sustanciales» de precio de los alquileres por parte de Sepides. Una «imposición» de Montero, máxima responsable de la SEPI, que fue percibida internamente como un auténtico «escándalo».

En la presidencia de la SEPI ya no se encontraba el expresidente Vicente Fernández Guerrero, a quien Montero también trajo a Madrid en junio de 2018 nada más llegar a Moncloa Pedro Sánchez, porque dimitió en 2019 por su imputación por el caso Aznalcóllar, del que finalmente fue absuelto. Quien autorizó la decisión de rebajar el precio del alquiler al IE «fue el vicepresidente de la SEPI que entonces ejercía de presidente interino, Bartolomé Lora», según revelan las citadas fuentes internas.

En diciembre de 2025, tras las detenciones de Vicente Fernández Guerrero, Leire Díez y Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar a través del cual se contrató a Cerdán, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró la sede de Sepides y otras cuatro empresas dependientes de la SEPI relacionadas con la venta de patrimonio público, entre las que se encontraban también Mercasa, Enusa y la sociedad pública Confivacasa.

La UCO registró también varios organismos dependientes del Ministerio de Hacienda (la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) y del Ministerio de Transición Ecológica (la Dirección General de Política Energética y Minas), por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, también accedieron a Correos y Cofivacasa, empresa pública con la que la trama pudo realizar operaciones de venta de patrimonio público. Como reveló en exclusiva THE OBJECTIVE, el expresidente de SEPI contratado por Servinabar, Vicente Martínez Guerrero, recibió de María Jesús Montero el encargo de «liquidar la SEPI» para obtener liquidez por la venta de patrimonio.