La SEPI ordena denegar al Senado un documento que permitió «flexibilizar alquileres»
El Consejo de Administración de Sepides «aprobó un acuerdo marco para flexibilizar arrendamientos» en el año 2020
Ilustración de Alejandra Svriz.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha dado la orden de blindar los contratos de alquiler y demás documentación relativa al Instituto de Empresa ante la reclamación que el Senado ha formulado de los contratos de arrendamiento de los tres edificios del llamado complejo Campos Velázquez tras las informaciones desveladas por este periódico sobre una rebaja en el precio del alquiler. Tres inmuebles, propiedad de la SEPI que, según Víctor de Aldama, motivaron la intervención de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para paralizar el intento de compra del comisionista de uno de los tres edificios. Fuentes de la sociedad estatal anticipan a THE OBJECTIVE que se rechazará la solicitud de la Cámara Alta y, por lo tanto, se blindarán tanto los contratos de alquiler como sus «revisiones periódicas» y el «acuerdo marco de flexibilización de arrendamientos» que se aprobó en el año 2020.
Las fuentes del organismo consultadas por este periódico explican que el Consejo de Administración de Sepides aprobó en 2020 un documento marco para autorizar «aplazamientos de pago y mejores condiciones», entre las cuales se incluía la flexibilización de alquileres sobre suelo público. Según explican desde Sepides, el documento tenía como objeto que «el Estado diera facilidades de pago sobre los alquileres en pandemia, para los arrendatarios del Estado». El acuerdo marco se aprobó meses después del confinamiento de la covid-19 y en él aparece la firma de Antonio Cervera, entonces presidente de Sepides y mano derecha de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Como en el caso de su mano izquierda, el expresidente de SEPI Vicente Fernández Guerrero, Cervera trabajó en la Junta de Andalucía con Montero como director general de Patrimonio, y en 2018, fue fichado como presidente de la Sepides. En 2023 fue nombrado director general de Costes de Personal en el Ministerio de Hacienda.
Es en este contexto en el que se aprobó un préstamo de cinco millones de euros al Instituto de Empresa, la noticia adelantada por THE OBJECTIVE, fruto de la investigación del libro Todos los hombres de Sánchez (Editorial Deusto). Un préstamo que se liquidó en cuatro meses a un tipo de interés del 2%, como confirmó a este periódico el Instituto de Empresa, que niega haberse beneficiado de una rebaja del precio del arrendamiento sobre los 25.000 metros cuadrados de suelo público por la mediación de Begoña Gómez. El exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) José Ángel Partearroyo fue el primer directivo de la SEPI en confirmar que le sorprendió que la entidad otorgase un préstamo de cinco millones de euros al IE durante la pandemia.
Un directivo de la SEPI: «Me sorprendió»
«Lo único de lo que tuve conocimiento es del préstamo de cinco millones. A mí me sorprendió», admitió Partearroyo a preguntas del senador popular Eloy Suárez Lamata. El exdirector de Participadas de la SEPI, persona cercana al expresidente Fernández Guerrero, dijo, en cambio, desconocer si se había producido una rebaja en el precio del alquiler, aunque dejó claro que podría haberse aprobado sin su conocimiento. «Sepides puede actuar autónomamente y autorizar el alquiler de un activo», afirmó Partearroyo. «Desconozco que se produjese esa rebaja del alquiler. El único conocimiento que tengo de ello es el que ha salido recientemente en prensa», señaló en referencia a la noticia de este diario, y confesó que le «parecería inaudito» que se hubiese producido una rebaja al Instituto de Empresa.
Fuentes cercanas al ex alto cargo explican que lo «sorprendente» es que se produjera una rebaja en el precio del arrendamiento al tiempo que se le concedió un préstamo de cinco millones de euros a la escuela de negocios que contrató a la mujer del presidente del Gobierno, y sospechan que se pudo «camuflar» el pago del alquiler de otra forma. De hecho, las fuentes de la SEPI consultadas creen que el documento que el organismo público ha ordenado ocultar es la prueba de que se ideó un «beneficio» para la escuela de negocios, después de que ésta hubiera solicitado al organismo con el que firmó los tres contratos de alquiler de los edificios de María de Molina (en 2010, 2013 y 2017), un periodo de carencia para asumir el coste económico derivado del parón de su actividad.
El IE niega tajantemente una rebaja del alquiler
Otras fuentes de Sepides consultadas por este periódico confirman que el departamento de sector inmobiliario de la sociedad estatal dio su visto bueno a ese documento «marco» en el que «se aprobó una rebaja del precio del alquiler con arreglo a precios de mercado» y «previa tasación de un organismo independiente». El Instituto de Empresa asegura que este no se llevó a término y que la escuela de negocios no tuvo ninguna merma de los pagos del alquiler durante los años 2020-2022 en los que supuestamente se le habría aplicado esa rebaja. Sólo admiten los cinco millones de euros revelados por este periódico y niegan haberse beneficiado de «trato favorable alguno», tal y como denunciaban hasta ocho fuentes distintas a este diario.
Como reveló este diario, el Gobierno ha denegado la publicación de los contratos de alquiler de Sepides al IE, para respetar la «confidencialidad» de terceros. Desde el Senado se quejan de la opacidad gubernamental y solicitan a la SEPI y al Instituto de Empresa la documentación que ya ha requerido la Comisión de Investigación sobre la SEPI. Hasta la fecha, todas las demandas de la comisión del caso Koldo han sido rechazadas por parte de la SEPI, alegando que la investigación sobre Plus Ultra y el rescate que recibió del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Españolas (Fasee) han sido declarados secretos.