El Gobierno señala que suspender la regularización afectaría al «interés general»
Para el Ministerio de Bolaños supondría una «afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas»
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El Gobierno ha argumentado ante el Tribunal Supremo (TS) que suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha impulsado supondría una «afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general».
Así lo ha hecho a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Los servicios jurídicos del Estado responden así a la petición de Hazte Oír al Supremo para que suspenda cautelarmente la iniciativa aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado abril.
De esta forma, el Gobierno muestra su «oposición a la medida cautelar» y reclama que se inadmita el recurso «por falta de legitimación de la recurrente o, subsidiariamente, acuerde su denegación». «Existe una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general, ya que estas personas quedarían en una situación de vacío legal a la espera de que se resolviera el recurso interpuesto», sostiene.
La Abogacía del Estado arguye que la justificación de Hazte Oír «se construye exclusivamente sobre la enumeración de fines estatuarios de carácter amplio y genérico», tales como los «valores constitucionales, familia o legalidad», así como «consideraciones abstractas sobre el impacto de la norma en la política migratoria».
Así, manifiesta que «no se identifica qué beneficio real y propio obtendría la asociación con la eventual anulación del real decreto», ni tampoco «qué perjuicio cierto y específico se le evitaría». «El Tribunal Supremo ha subrayado que no vale como razón legitimadora el mero interés abstracto en defensa de la legalidad ni su encaje implícito en una supuesta acción popular inexistente en el ámbito del artículo», añade.
Ya han sido usuarios de los servicios públicos
A ello agrega que es «importante resaltar» que las personas extranjeras que van a poder solicitar las autorizaciones de residencia «ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026». «Por tanto, durante este periodo ya han sido usuarias de los diferentes servicios públicos», remarca.
El Ejecutivo argumenta que conceder una autorización de residencia «no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios».
«La obtención de la autorización permitirá, en cambio, el acceso al pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre los que resulta especialmente relevante el derecho al trabajo», apunta. También señala que «ello no solo contribuirá de manera efectiva a su integración social, sino que además comportará un incremento de las cotizaciones sociales derivado de su incorporación al mercado laboral».
En cuanto a la sanidad, recuerda que hay leyes que garantizan el acceso a la prestación sanitaria sin atender al estatus de la persona extranjera, «no guardando por ello relación con los efectos que despliega el real decreto» de la regularización extraordinaria.
Y hace hincapié en que «no puede desconocerse que existe un interés ciudadano en la regularización» por la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria para inmigrantes, que fue «respaldada por más de 600.000 firmas y por una amplísima mayoría del Congreso (310 votos a favor y 33 en contra)».
Una vista esta semana
La Abogacía del Estado presentó este escrito días antes de que el Supremo celebre este miércoles una vista para estudiar varias solicitudes de paralizar de forma cautelar el real decreto sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno.
En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha convocado —como recurrentes contra la regularización— a Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
Por parte del Gobierno está previsto que la Abogacía del Estado acuda a la vista, que será el escenario en el que las partes expondrán sus alegaciones sobre la suspensión cautelar o no de la regularización mientras se resuelve el fondo del asunto.
Hazte Oír solicitó la suspensión cautelar al considerar que la norma excede los límites legales y «altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos».
El Ejecutivo de Sánchez aprobó el pasado mes el real decreto del que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular, según aseguraron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ya en abril, el Supremo requirió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que le remitiera el «expediente administrativo» del real decreto para la regularización.