La Fiscalía avala el indulto para García Ortiz por sufrir «consecuencias extrapenales intensas»
El Ministerio Público apoya la concesión de un indulto parcial que le exima de la pena de inhabilitación
García Ortiz en unas jornadas universitarias el pasado 26 de febrero. | David Zorrakino (EP)
La Fiscalía avala la concesión de un indulto parcial para Álvaro García Ortiz. El ex fiscal general del Estado fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo por revelar datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio Público ha remitido este viernes al Tribunal Supremo el preceptivo informe sobre la medida de gracia que debe conceder el Gobierno. En su escrito, que no es vinculante, defiende que la condena «ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas» y recuerda que su actuación «tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución que presidía».
El Supremo condenó el pasado noviembre a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general a García Ortiz por revelación de datos reservados, pero le absolvió del resto de delitos. La sentencia también le obliga a pagar una multa de 7.300 euros, a razón de una cuota diaria de 20 euros, y las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil también ha tenido indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE considera «procedente» la concesión del indulto parcial porque «no causa perjuicio a terceras personas ni lastima sus derechos». Sostiene que debe extenderse a la pena de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general. El escrito está firmado por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que fue número dos de la institución con García Ortiz al frente y que representó al Ministerio Público en el juicio contra su entonces jefe, pese a las críticas de buena parte de la carrera fiscal.
García Ortiz y el buen nombre de la Fiscalía
Sánchez Conde señala que la actuación de García Ortiz estuvo «ausente todo motivo de lucro». «Debe dejarse constancia de que la afectación a los derechos del proceso debido del perjudicado, en la propia sentencia se relativizan haciéndose hincapié de que el perjudicado conserva en plenitud su derecho a la presunción de inocencia y a la defensa», insiste el informe de la Fiscalía.
El escrito recuerda que García Ortiz «asumió en todo momento la responsabilidad en la confección de la nota de prensa informativa que está en la base de su condena» y que se realizó para «preservar el buen nombre de la institución». Sánchez Conde señala que el indulto parcial tiene efectos limitados al mantenerse la condena penal, «produciendo una minoración de la duración de la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado».
Tras recabar la posición de la Fiscalía, el Supremo debe determinar si hay elementos que justifiquen la concesión del indulto para García Ortiz y remitir su informe al Gobierno. El Ministerio de Justicia activó a finales del pasado enero el procedimiento para estudiar las peticiones de esta medida de gracia a favor del ex fiscal general y solicitó al Alto tribunal, órgano sentenciador, que emitiera el informe preceptivo.
Con esta información y el informe de conducta recabado, el Supremo deberá fijar su posición, que no es vinculante. La decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del titular de Justicia, Félix Bolaños. Una ley de 18 de junio de 1870 reconoce el indulto como un derecho de gracia que tienen todos los reos en España tras ser condenados por sentencia firme, siempre que no sean reincidentes en el mismo delito.
Recurso a las costas
La sustituta de García Ortiz, Teresa Peramato, anunció el pasado marzo que la Fiscalía General del Estado presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia. Buena parte de la carrera fiscal reprueba esa decisión al considerar que la decisión contraviene las promesas de la nueva jefa del Ministerio Público en su toma de decisión, cuando se refirió a la necesidad de cerrar heridas.
Como ha podido confirmar este diario, García Ortiz también ha recurrido ante el Supremo la tasación de 39.000 euros en costas procesales al considerarla «indebida». A través de un recurso que avanzado por OKDiario, la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa del ex fiscal general en el juicio, pide que se revoque de manera «parcial» la resolución que estimó esas costas. El Alto tribunal ya redujo esta cantidad, que cifró inicialmente en 79.942 euros.