Fedea cuestiona los criterios exigidos de la regularización de inmigrantes

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que el proyecto de regularización extraordinaria de extranjeros, que podría beneficiar a medio millón de personas, plantea algunas dudas sobre los criterios exigidos, especialmente en relación con el papel de la vulnerabilidad económica como eximente de los requisitos habituales de arraigo.

Fedea ha publicado este lunes un nuevo número de su boletín dedicado al seguimiento de las reformas ligadas al Plan de Recuperación y otras medidas estructurales durante el último año. «Aunque la actividad legislativa ha sido relativamente escasa durante esta legislatura debido a la ausencia de una mayoría parlamentaria estable, se han enviado a las Cortes para su tramitación numerosas normas de carácter estructural con considerable interés», se señala en el informe elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente.

Entre estas reformas, Fedea ha analizado el proyecto de regularización extraordinaria de extranjeros, que para la fundación plantea algunas dudas sobre los criterios exigidos, especialmente en relación con el papel de la vulnerabilidad económica como eximente de los requisitos habituales de arraigo.

«Suponiendo que las entidades sociales que han de certificar la vulnerabilidad estuvieran en condiciones de hacerlo correctamente, lo que parece improbable, y aceptando que tal condición no tiene por qué ser motivo de exclusión de la convocatoria, su ausencia tampoco debería serlo», ha apuntado el autor del informe.

Para Fedea, dentro del grupo relevante de personas, aquellos con cinco meses de estancia en España y sin antecedentes penales, pero sin lazos familiares o laborales con el país, no tendría sentido aceptar solo a aquellos con menores medios económicos y, en consecuencia, presumiblemente necesitados de más ayuda pública o con mayores dificultades de inserción laboral.

«Si aceptamos a los vulnerables, habría que aceptarlos a todos, lo que vaciaría de contenido la exigencia de arraigo familiar o laboral», ha explicado el experto.

La convocatoria se convertiría en la regularización automática de todos aquellos que no supongan un riesgo de orden público o seguridad y lleven al menos cinco meses en el país, lo que seguramente no se desvía demasiado de lo que se pretende. «Reconocerlo abiertamente permitiría simplificar mucho los trámites, eliminando uno de los principales cuellos de botella del proceso de regularización», ha señalado.

Otra opción, seguramente más razonable, sería para Fedea eliminar toda referencia a la vulnerabilidad y mantener los requisitos de arraigo familiar o laboral con independencia de la situación económica del solicitante, que debería ser irrelevante a estos efectos, volviendo así a la práctica de regularizaciones pasadas.

Proyecto de Ley de Industria: herramientas de corte intervencionista

Otra iniciativa con aspectos preocupantes para Fedea se desarrolla en parte en el proyecto de ley de industria y autonomía estratégica (PLIAE), todavía en tramitación parlamentaria, y en parte en el RDL 7/26, donde se incluyen también las medidas paliativas ante la guerra de Irán y ciertas medidas energéticas.

«El PLIAE introduce ciertas herramientas que apuntan a una política industrial de corte intervencionista», ha advertido Ángel de la Fuente.

Entre ellas destaca la creación de la figura de los proyectos industriales estratégicos, que permite premiar a proyectos considerados de especial interés por el Gobierno con distintos tipos de ayudas y la agilización o priorización en trámites, incluyendo los relacionados con la conexión a la red eléctrica y a otras infraestructuras.

Abundando en esta línea intervencionista, Fedea ha alertado de que el PLIAE introduce también la figura de los procesos de reindustrialización, con los que se pretende prevenir, corregir o mitigar los efectos de pérdidas significativas de capacidad industrial, especialmente en áreas consideradas estratégicas.

El texto exige que las grandes empresas industriales que tengan previsto el cierre de centros de trabajo o una reducción significativa de su capacidad y nivel de empleo deberán comunicarlo al Gobierno con al menos nueve meses de antelación.

Durante este período se podrá abrir un proceso de negociación con la empresa y/o de búsqueda de otras alternativas para el mantenimiento de la actividad y el empleo, que se realizará en el marco de una Mesa de Reindustrialización en la que podrán participar los sindicatos y las comunidades autónomas afectadas.

Otra novedad del PLIAE, muy reveladora de la reciente preocupación por la autonomía estratégica en la cada vez más complicada situación geopolítica internacional, es la creación de una reserva estratégica de capacidades industriales, la llamada RECAPI, concebida como un mecanismo para mitigar la vulnerabilidad derivada de una excesiva dependencia de otros países en relación con suministros esenciales, particularmente en situaciones de crisis.

No se trata, al menos necesariamente, de almacenar reservas físicas de ciertos productos esenciales, sino de establecer un doble listado que recoja tales productos junto con las capacidades nacionales para su producción que podrían movilizarse con rapidez en una situación de crisis. Para anticiparse a tales situaciones, se trataría de mantener, con la colaboración de las empresas, una capacidad nacional latente de producción de bienes estratégicos que pueda activarse con rapidez en caso de necesidad.