La SEPI pervirtió el procedimiento para salvar su responsabilidad en Air Europa y Plus Ultra

Vaya, vaya: así que resulta que la SEPI rescató con nuestro dinero a Air Europa y Plus Ultra (y Duro Felguera, que esa es otra) sin un mínimo examen por parte de sus técnicos de su situación financiera ni de si cumplían las condiciones que establecía la ley para acceder a esas ayudas en pandemia. Así lo aseguró el martes José Ángel Partearroyo, entonces director de participadas en el holding estatal, en sede parlamentaria. Él se limitaba a pasar para arriba los informes de los asesores externos contratados para estas operaciones, quienes emitían su opinión «con la información disponible» que les facilitaba… la propia SEPI. Y sin entrar a valorar si era cierta o no.

Y resulta que los de arriba —el presidente en funciones Bartolomé Lora (porque María Jesús Montero le estaba guardando la presidencia a su amigo Vicente Cecilio Fernández Guerrero, al que ahora dice no conocer), la propia Montero y el Consejo de Ministros en pleno— aprobaban los rescates sin siquiera mirarse los papeles (Montero dixit también en el Senado) porque ¡confiaban en los técnicos, esos que no habían examinado las operaciones! Delirante, aunque con todo lo que ahora sabemos que hacía este nuestro Gobierno en pandemia, nada sorprendente.

Fuentes cercanas a la SEPI explican que inicialmente sí hubo informes de los técnicos internos, y que eran negativos —contrarios a estos rescates—, como no podía ser de otra forma. El real decreto ley que creó el fondo público de rescate (Fasee, Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas) establecía dos condiciones para acceder a las ayudas: que la empresa fuera estratégica y que sus problemas se derivaran exclusivamente del parón de la actividad provocado por la covid. Ninguna de estas condiciones se cumplía en los casos de las aerolíneas —mucho menos en el de Plus Ultra, que solo tenía un avión y ya había sido salvada de la quiebra con dinero venezolano— ni en el de Duro Felguera.

Pero como había que rescatarlas sí o sí, esos informes internos se silenciaron y, posteriormente, directamente se dejaron de hacer, ¿para qué? Algunos directivos de la SEPI sí se vieron obligados a dar una opinión favorable para avalar los informes externos ante el Gobierno, pero la emitieron en correos sin firmar, probablemente instruidos por los abogados del Estado (triste lo de la abogacía del Estado, convertida en merca defensora del Gobierno), según las fuentes citadas. De esta forma, les dijeron, no asumían responsabilidad ninguna. Pero aunque no estuviera firmado, iba en una cuenta de correo oficial de la SEPI, así que algo de responsabilidad sí cabría asumir, ¿no?

«Esto es como el asesinato de Julio César: ninguna puñalada fue mortal, pero todas fueron necesarias para matarle», señala otra fuente conocedora del percal. Pero nadie asume responsabilidades y todos echan la culpa al otro. Como en la serie Chernóbil o como en el apagón. Y lo peor es que se pervirtió el procedimiento establecido para la toma de decisiones, por el que el que investiga no es el mismo que el que propone y este, a su vez, no es el que decide. Igual que en la Justicia: el que instruye, el que acusa y el que juzga no son el mismo. Pues eso saltó por los aires con estos rescates: todo el mundo decidió con lo que mandaban los técnicos, que ni siquiera emitían opiniones, al menos firmadas.

Órdenes del Gobierno

Por cierto, ojo a la alineación del consejo del Fasee que aprobaba los rescates para que los validara el Consejo de Ministros, porque no tiene desperdicio: el citado Lora, que entró con el PP y era presidente por accidente por la imputación de Fernández Guerrero en el caso Aznalcóllar (luego absuelto, aunque ahora está imputado por el caso SEPI); la secretaria de Estado de Hacienda y número dos de Calviño, Ana de la Cueva, ardiente defensora del rescate de Plus Ultra y premiada en 2021 con la presidencia de Patrimonio Nacional; la entonces secretaria de Estado de Energía, hoy ministra, Sara Aagesen, lady Apagón; la subsecretaria de Hacienda, María Pilar Paneque; y el secretario general de Industria, Raúl Blanco, agraciado después con la presidencia de Renfe.

Detrás de todo esto se esconde que había que rescatar a esas empresas porque lo ordenaba el Gobierno, y la SEPI debía validarlo como fuera. Así, obligaron a los directivos del holding a facilitar la información necesaria para ello a los asesores externos, que emitieron sus opiniones sobre esa base sin tener acceso a nada más; opiniones que luego no se revisaron en la SEPI, como reconoció Partearroyo, insistimos, y que sirvieron de soporte para unas decisiones que ya estaban tomadas de antemano.

La gran pregunta, pues, es por qué el Gobierno tenía tanto interés en rescatar a estas compañías quebradas. Y ahí es donde entramos de lleno en el fango: las relaciones entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo, entonces CEO de Air Europa; la supuesta intermediación de Víctor de Aldama para facilitar el rescate de dicha aerolínea; o los tejemanejes de Fernández, Leire Díaz y Antxon Alonso (socio de Koldo) en la SEPI, ahora investigados por Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

A descartar estos ingentes indicios de corrupción no ayuda en absoluto que la SEPI se niegue a facilitar a la comisión de investigación de la SEPI en el Senado el documento que permitía «flexibilizar alquileres» (traducido, hacer un favor a Begoña) en sus edificios, tal como adelantó THE OBJECTIVE.

Y una más para terminar: si en la SEPI se limitan a reenviar los informes de los asesores externos, ¿para qué pagamos con dinero público a tantos cargos, carguitos y carguetes, directores, subdirectores, interventores, abogados del Estado, etc.? Para tramitar papeles vale con un administrativo, y ya casi ni eso con la IA. Si toda esta gente, que tiene sueldos más que apreciables (140.000 euros un director), no hace su trabajo, mejor nos ahorramos el gasto, ¿no?