Montero y la cúpula de la SEPI se enfrentan por los rescates de Plus Ultra y Air Europa
El director de participadas que proponía las operaciones también niega tener responsabilidad
María Jesús Montero.
La comisión de investigación de la gestión de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en el Senado se ha convertido en un ejercicio de despejar responsabilidades hacia cualquiera menos el compareciente. Así, María Jesús Montero justificó los cuestionados rescates de Plus Ultra y Air Europa porque los planteó el presidente (en funciones) de la SEPI bajo su mando, Bartolomé Lora. Y este, a su vez, lo hizo porque contaba con el respaldo de los técnicos. Este martes compareció el que era jefe de esos técnicos, José Ángel Partearroyo, quien tampoco asumió ninguna responsabilidad y la trasladó a los asesores externos.
«Aquí nadie tiene responsabilidad: el Consejo de Ministros aprobó los rescates porque los propuso Montero, ésta se escuda en Lora, y Lora lanza el balón a Partearroyo, que debía ser la comparecencia estrella. Sin embargo, sorprendió a todo el mundo diciendo que no se hizo ningún informe interno y que se limitó a trasladar lo que decían los asesores externos», según fuentes cercanas al holding empresarial del Estado.
Y estos asesores externos, a su vez, emitieron una opinión favorable a estas operaciones «con la información disponible» que les facilitaba la propia SEPI y sin entrar a valorar si era cierta o no. Así se refleja en los disclaimers (advertencias de exención de responsabilidad) que incluían en sus informes, como reconoció ayer Partearroyo. Los asesores externos en el caso de Plus Ultra fueron Deloitte para la parte legal y Daiwa para la financiera; en el de Air Europa, esos papeles correspondieron a Cuatrecasas y PwC.
Estos informes externos deberían haber sido evaluados por el departamento que dirigía Partearroyo (era director de participadas y responsable de preparar los expedientes para los rescates del fondo creado para socorrer empresas estratégicas con problemas derivados de la pandemia del covid), pero éste reconoció en el Senado que esa evaluación no se hizo, y que él se limitó a trasladar lo que le habían mandado esos asesores «con la información disponible» que a su vez les había facilitado la SEPI.
Esta falta de informes internos puede deberse, según algunas de las fuentes, a que la opinión de los técnicos de la SEPI era contraria a estas inyecciones de dinero público en los casos de Plus Ultra y Air Europa. Por eso, se silenciaron desde el Gobierno y Partearroyo se limitó a trasladar los externos. Hay que recordar que la Audiencia Nacional tiene un sumario abierto por la llamada trama SEPI, una presunta red de trato de favor en varias empresas beneficiarias de liquidez pública en la que están implicados Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente del holding Vicente Fernández. También se está investigando la posible implicación de la trama de Koldo y Aldama en estos rescates, así como el posible trato de favor de la SEPI a Begoña Gómez.
«De esta forma, la responsabilidad va derivando de uno a otro y nadie la asume. O visto de otro modo, cada uno tiene una pequeña responsabilidad, pero nadie tiene la suficiente para ser señalado como culpable; serían todos en su conjunto», añaden las fuentes citadas. La exvicepresidenta del Gobierno y ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía llegó a reconocer en su comparecencia ante esta comisión del Senado que desconocía qué documentos obraban en el expediente de ambos préstamos y que incluso ni los llegó a ver, relegando la responsabilidad de los mismos, de principio a fin, en los servicios técnicos de la SEPI.
Rescates que no cumplían las condiciones
El rescate de Air Europa con un préstamo de 475 millones a través del citado fondo de la SEPI fue una medida que el Ejecutivo justificó en la necesidad de proteger la conectividad aérea y el turismo nacional. No obstante, era muy dudoso que Air Europa fuera estratégica: tenía menos del 5% de cuota de mercado, su desaparición no habría provocado una situación de monopolio u oligopolio, no había un servicio esencial que se dejaría de prestar sin ella, no manejaba ninguna infraestructura estratégica, su quiebra no afectaría a la seguridad nacional ni tampoco tenía suficientes empleados para generar un problema social.
Por eso, surgieron las sospechas de un presunto tráfico de influencias auspiciado desde Moncloa. La sombra de la duda se cernió sobre la operación tras conocerse los vínculos y reuniones mantenidas entre Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y Javier Hidalgo, entonces CEO de la compañía aérea e hijo de su propietario, Juan José Hidalgo.
Si esto aplica para Air Europa, mucho más para Plus Ultra, primera empresa rescatada por la SEPI en 2020 con 53 millones. Se trataba de una aerolínea que solo tenía un avión en ese momento y que se había salvado de la quiebra por un préstamo participativo de varios personajes cercanos al régimen chavista venezolano. Es decir, ni era estratégica ni sus problemas derivaban exclusivamente del covid, que eran las dos condiciones que se debían cumplir para acceder a estos rescates.