Montero insiste en la «legalidad» de los rescates de la SEPI y ataca al juez Peinado

María Jesús Montero ha defendido la «legalidad» de los préstamos de la pública SEPI a empresas como Air Europa o Plus Ultra. La exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Senado centrada en esta cuestión, donde la exministra de Hacienda ha rechazado que haya existido cualquier irregularidad y ha atribuido las decisiones a criterios técnicos.

«No ha habido irregularidades en la concesión de ayudas», ha manifestado la vicesecretaria general del PSOE, subrayando que ningún juez ha hallado evidencias de ello. «Pareciera que disponen ustedes de más información de la que disponen los tribunales de justicia», ha dicho refiriéndose a los senadores de PP, Vox y UPN que han fiscalizado su gestión en Hacienda, ministerio del que depende la SEPI.

Montero ha defendido desde la Cámara Alta la «legalidad» de los préstamos concedidos a Air Europa y Plus Ultra Líneas Aéreas a través de la SEPI, subrayando que ambos procedimientos fueron «avalados por instancias nacionales y europeas». Ha incidido en que las ayudas «no son a fondo perdido» y «se están devolviendo» en su totalidad, y en que estas operaciones se tramitaron conforme a un procedimiento «perfectamente establecido» y autorizado por la Comisión Europea.

«No es un rescate, es un préstamo el que se le da a estas compañías», ha señalado la extitular de Hacienda del Gobierno, que ha añadido que estos procesos han sido respaldados también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado (IGAE) y, en algunos expedientes, también por los tribunales de primera instancia. Asimismo, ha indicado que el préstamo a Air Europa fue «avalado» por la justicia europea tras la reclamación presentada por otra aerolínea, mientras que en el caso de Plus Ultra los tribunales analizaron durante dos años la operación y concluyeron que se actuó «conforme a legalidad».

La exministra ha señalado que, en el caso de Air Europa, «el rescate se devolvió» y ha negado cualquier intervención del Gobierno en su autorización, atribuyendo las decisiones a técnicos y asesores que presentaron «informes favorables», los detalles de los cuales se desconocían, según ha asegurado, en el Consejo de Ministros. Además, ha negado conocer a Leire Díez y Antxon Alonso, investigados por la trama SEPI, una presunta red de trato de favor en varias empresas beneficiarias de liquidez pública. En todo momento la exvicepresidenta ha manifestado no tener conocimiento de la existencia de tal trama más allá de las noticias de prensa, argumentando que muchas de ellas se basan en declaraciones en sede judicial de personas que responden en función de su «interés» en defenderse.

Al ser preguntada sobre su defensa en el pasado de Cerdán, ha expresado: «La información sobre Santos Cerdán la tuve cuando se publicó a través de los medios de comunicación el informe de la UCO», reconociendo que en ese momento perdió su confianza en él. «Cuando conformo un equipo, por supuesto confío en las personas que están en mi entorno. Si al cabo de un tiempo estas personas manifiestan una conducta inapropiada, se pierde confianza en la persona», ha dicho, incidiendo en que se trata de conductas inapropiadas y no ilegales.

También ha afirmado que «nunca jamás» Pedro Sánchez le llamó para interesarse por ninguno de los rescates y que en el Ejecutivo «todas las empresas» les «preocupaban por igual» ante la crisis de la pandemia. Asimismo, ha calificado de «ofensivo» que se relacione a la esposa del presidente, Begoña Gómez, con esta cuestión, ya que el juez Peinado «ha sido corregido» por la Audiencia Nacional «hasta tres veces» en su instrucción.

En numerosas ocasiones a lo largo de su intervención, la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha acusado al PP de utilizar su comparecencia este lunes en la comisión de investigación con el objetivo de apartarla de la campaña electoral andaluza por «intereses electorales» y ha denunciado lo que considera un «uso partidista» de la institución. Esto ha provocado un rifirrafe con la presidenta de la comisión de investigación, la popular Ana Beltrán, que ha interrumpido el interrogatorio en varias de las ocasiones que Montero hacía estas apreciaciones y le ha recordado que se la citó antes de la convocatoria electoral.

En cualquier caso, la dirigente socialista ha sostenido que la finalidad de su citación no era otra que apartarla de la campaña de Andalucía y ha acusado a la oposición de intentar «dibujar una imagen que no se corresponde con la realidad». Esta actuación responde a su juicio «solo y exclusivamente a los intereses electorales que tienen en Andalucía», aunque el portavoz del PP en esta comisión, Gerardo Camps, ha replicado que se la había llamado por «sus responsabilidades» como exministra de Hacienda.