La plantilla de Tubos Reunidos exige explicaciones por el rescate: «Lo malgastaron»
La compañía busca soluciones para enjugar su elevada deuda, aunque la gestión del crédito siembra dudas
Una manifestación de la plantilla de Tubos Reunidos el pasado 8 de abril en Vitoria. | EP
La plantilla de Tubos Reunidos coincide con la dirección de la compañía en que reestructurar la elevadísima deuda que arrastra la empresa es necesario para garantizar su futuro. Sin embargo, se exigen explicaciones, responsabilidades y garantías para impedir que un nuevo apoyo público de la SEPI en forma de una posible flexibilización del rescate anterior, investigado por la UCO de la Guardia Civil, termine gestionándose con las mismas deficiencias ante la falta de fiscalización pública, en el marco de un ERE que los trabajadores niegan que pueda solucionar los problemas de la acerera.
Una de las fuentes sindicales consultadas asegura que los directivos «malgastaron millones de euros de dinero público de la SEPI» y reclama que los accionistas —entre los que nombra a BBVA y a la familia Ybarra— recapitalicen la empresa, puesto que en su día «se han llevado dividendos, bonificaciones variables a partir de 2020 y demás, aumentando la deuda», incluso cuando el crédito público estaba por pagar, algo que «en teoría no se puede hacer por la normativa europea». Por ello considera que son «los que han llevado la deuda hasta este nivel» quienes «tienen la responsabilidad en la situación actual».
El Gobierno de Pedro Sánchez rescató Tubos Reunidos a través de la SEPI con la excusa de la pandemia en julio de 2021. La inyección de dinero fue de 112,8 millones de euros. Y aunque este rescate no ha sido tan polémico como los de las aerolíneas Plus Ultra o Air Europa, la sombra de la sospecha comienza a cernirse sobre la empresa.
La plantilla exige que «haya alguien fiscalizando realmente la gestión de la empresa desde SEPI que no sea Vicente Fernández Guerrero, que la experiencia nos ha dicho que no es limpio, ha estado trabajando como asesor para Tubos Reunidos durante cinco años y engrasó la concesión del crédito, según la UCO», por lo que pide el nombramiento de «alguien que sea serio y con ética profesional», además de que «el Gobierno fiscalice un poquito lo que hace una empresa con dinero público en cantidades tan grandes». Los empleados manifiestan que el problema no es la falta de negocio y defienden que la evolución de las ventas no es negativa, pero que «la deuda que se ha ido adquiriendo para hacer ciertas cosas que luego no se hacen» y una mala gestión financiera han dejado a la organización en apuros.
Este interlocutor apuesta por condicionar cualquier apoyo público adicional a un control más estricto del destino del dinero público, inversiones para asegurar la viabilidad a futuro y un plan estratégico industrial «en el que se cumplan los objetivos, no como esta vez, que la mitad de los objetivos que propusieron de 2021-2026 no se han cumplido». Llama además a diversificar el mercado más allá de Estados Unidos y a revertir un ERE que se limita a «hipotecar el futuro de la empresa» y dar «una sensación de que tienen el plan de reducir derechos y salarios o reducir plantilla a niveles peligrosos o incluso un desmantelamiento a trozos», un escenario que la compañía niega rotundamente.
Otra fuente sindical lamenta que las últimas reuniones de la representación laboral con las instituciones «no han sido muy fructíferas», ya que en ellas se ha constatado que las negociaciones con la SEPI no han dado frutos y no se han aclarado los próximos movimientos de la empresa. Ninguna de las propuestas planteadas ha sido aceptada por el fondo público, con el que los trabajadores han solicitado reunirse. Varios de los presentes señalan que el Gobierno vasco se habría comprometido a mediar para materializar este encuentro entre la sociedad estatal y la plantilla, aunque en la misma hay pocas expectativas de que esta vía dé algún resultado.
Por ahora, se ha descartado en las reuniones la posibilidad de una quita del crédito público, de modo que las esperanzas están fijadas en una mayor flexibilidad con las condiciones: «Todo depende de esa reestructuración de la deuda, que se pueda pagar en más años. A día de hoy, el mayor acreedor es la SEPI, que somos todos, y quiere cobrar igual que el resto. La mayor interesada tiene que ser la SEPI, aparte de la propia empresa y los trabajadores», indica este interlocutor, que advierte que «no puede volver a pasar lo mismo como en otras ocasiones», en referencia al rescate, y aboga por establecer una comisión de seguimiento que regule cómo se usa el dinero y con representación de todos los agentes implicados, incluyendo la sociedad estatal, Tubos Reunidos y el comité de empresa, con tal de «verificar que a la larga no vuelva a pasar lo mismo, porque no hay otra opción y esta es la única solución de viabilidad».
Recientemente, la Inspección de Trabajo concluyó su informe sobre la situación laboral en la empresa concluyendo que no se habían producido infracciones como fraude a gran escala, dolo ni coacciones, pero sí irregularidades como fraude de ley, entre otras actuaciones erróneas. Aunque algunos representantes sindicales se han mostrado contrarios a proseguir la huelga indefinida, por el momento la mayoría del comité de empresa apuesta por mantener el órdago para rechazar el ERE y reivindicar la viabilidad de las plantas.