La mitad de las pensiones contributivas está por debajo del salario mínimo interprofesional

Casi la mitad de las pensiones contributivas, en torno a 4,6 millones, se sitúa por debajo del salario mínimo. El sistema supera los 10,4 millones de prestaciones en vigor y el análisis por tramos realizado por THE OBJECTIVE muestra que cerca del 48% de esas pensiones no alcanza los 1.221 euros mensuales fijados para el salario mínimo en 2026.

Ese volumen de prestaciones corresponde a cerca de 9,5 millones de pensionistas, ya que una parte —inferior al millón— percibe más de una pensión, habitualmente combinando jubilación y viudedad. Aun con ese ajuste, la conclusión no cambia: el sistema mantiene una proporción elevada de pensionistas con una prestación por debajo del salario mínimo interprofesional.

Esa estructura no es homogénea ni se distribuye de forma equilibrada en el territorio. Los datos por comunidades autónomas muestran diferencias claras. Mientras regiones como el País Vasco (31,2%) y Navarra (36,7%) presentan porcentajes relativamente bajos de pensionistas por debajo del SMI, otras como Extremadura (61,7%), Galicia (58,7%) y Murcia (56,7%) concentran una proporción muy superior. La brecha territorial reproduce, en gran medida, la estructura económica: salarios históricos más bajos, menor densidad industrial y carreras de cotización más débiles se traducen en pensiones más reducidas.

Brecha territorial en las pensiones

En comunidades como la Comunidad Valenciana, más de la mitad de los pensionistas (53,5%) se sitúa por debajo del umbral. Mientras, en Cataluña la proporción se mantiene en torno al 42%. En el caso de Madrid, el dato baja hasta el 38,5%, reflejando el impacto de salarios más elevados y trayectorias laborales más largas. Esta divergencia territorial refuerza la idea de que el sistema de pensiones no solo refleja decisiones normativas, sino también décadas de desigualdad económica acumulada.

Aunque la pensión media de jubilación ronda los 1.500 euros mensuales en 14 pagas, la distribución real es muy distinta. La mayor parte de las prestaciones se concentra entre los 900 y los 1.200 euros, un rango que define el nivel central del sistema y explica por qué una proporción tan elevada de pensiones se mantiene por debajo del umbral salarial pese a las subidas acumuladas en los últimos años.

La brecha de género es especialmente visible en estos tramos. Las mujeres concentran la mayor parte de las pensiones de menor cuantía, tanto por carreras laborales más cortas como por una mayor presencia en prestaciones como la viudedad. En términos agregados, esto se traduce en que la mayoría de las pensiones situadas en los niveles más bajos del sistema corresponden a mujeres, consolidando una diferencia estructural que se arrastra desde el mercado laboral.

Prestaciones mínimas y máximas

En 2026, las pensiones mínimas de jubilación alcanzan los 936 euros mensuales en unidades unipersonales y los 1.256 euros con cónyuge a cargo, mientras que otros supuestos se sitúan en torno a los 889 euros. A estas cuantías se suman otras prestaciones como viudedad, orfandad o incapacidad, con importes generalmente inferiores en algunos casos, lo que contribuye a ampliar la base del sistema en los tramos más bajos cuando se analiza el conjunto.

En el extremo superior, la pensión máxima se sitúa en 3.359 euros mensuales, lo que establece una distancia superior a los 2.400 euros respecto a los niveles más bajos. Esta diferencia interna refleja una estructura abierta en la que conviven trayectorias laborales muy distintas. No se trata de una desviación puntual, sino del resultado de un sistema que reproduce las diferencias acumuladas durante décadas en el mercado laboral.

Las revalorizaciones vinculadas al IPC han elevado las pensiones de forma sostenida —8,5% en 2023, 3,8% en 2024 y en torno al 2,7% en 2026—, mientras que el relevo generacional ha introducido nuevas altas con bases de cotización más elevadas. Este doble efecto ha impulsado la media y ha ampliado el peso de los tramos superiores, pero no ha modificado la base del sistema, que sigue concentrando a millones de pensionistas en niveles intermedios bajos.

Impacto en el gasto público

Según la estadística de la Seguridad Social, el gasto en pensiones se sitúa ya en torno al 13% del PIB —14.700 millones de euros— y seguirá aumentando en los próximos años a medida que avance la jubilación de la generación del baby boom. El incremento del número de pensionistas y de la cuantía de las nuevas prestaciones consolida una presión estructural sobre las cuentas públicas, limitando el margen para redistribuir de forma significativa los niveles más bajos sin comprometer el equilibrio financiero.

El contexto económico refuerza esta presión sobre los pensionistas. El encarecimiento de la vivienda, especialmente en el alquiler, junto con el aumento de los costes energéticos y de alimentación, ha elevado el coste de vida de forma sostenida. En este entorno, los pensionistas situados en los tramos más bajos —que representan una parte sustancial del sistema— destinan una proporción mayor de sus ingresos a gastos esenciales, lo que amplifica la diferencia respecto a los niveles superiores.

El resultado es un sistema que crece en términos agregados, eleva su gasto y mejora sus cuantías medias, pero mantiene una distribución interna marcada por una base amplia en niveles bajos y una brecha significativa entre perceptores. Las diferencias territoriales, económicas y laborales acumuladas siguen reflejándose en las pensiones, consolidando una estructura en la que la mejora no se traduce en una convergencia real entre los distintos niveles de ingreso.