El colapso de la Seguridad Social pone en duda su capacidad para regularizar a los inmigrantes

Los organismos públicos dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se enfrentan a críticas por su saturación administrativa y falta de personal y eficiencia, una situación que puede verse agravada por la regularización masiva de inmigrantes aprobada en forma de real decreto en el Consejo de Ministros de este martes. La ministra del ramo y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el número de beneficiarios de esta medida se situará «en torno a las 500.000 personas», aunque otras estimaciones elevan esta cifra a entre 750.000 y un millón de extranjeros, en un momento en que ya hay otro medio millón de expedientes pendientes de trámite.

Para hacer frente a esta cantidad extraordinaria de solicitudes avalada por la nueva normativa, la Administración habilitará cerca de 450 oficinas en todo el territorio, incluyendo delegaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, de Extranjería y sucursales de Correos. Además, la Seguridad Social se reforzará con 550 trabajadores adicionales, aunque existen dudas de que esta cantidad sea suficiente para absorber el volumen esperado de trámites. El proceso se iniciará en principio este próximo jueves 16 de abril —aunque la atención presencial con cita previa comenzará el 20 de abril— y se alargará hasta el 30 de junio. Múltiples entidades y organizaciones asistirán al Estado en la labor de informar a los interesados en regularizar su situación.

Según ha informado la Cadena SER, antes de iniciarse la regularización masiva las oficinas de Extranjería tienen casi medio millón de expedientes sin resolver, de los cuales más de 200.000 corresponden a la vía del arraigo, que requiere demostrar al menos dos años de residencia en el país. También hay acumuladas unas 25.000 peticiones de asilo o protección. La misma emisora ha planteado en una entrevista esta situación a la ministra, que ha incidido en que el procedimiento se ha trabajado adecuadamente y «está dimensionado para que dé respuesta a todos los que lo soliciten y cumplan los requisitos».

Saiz ha destacado asimismo que se están «reforzando los equipos» y que va a ser la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) la que se encargue de resolver los procedimientos, que serán tanto presenciales como en línea, con tal de que «se pueda dar respuesta a todas las solicitudes en tiempo y forma». Más allá de que UTEX resuelva los expedientes, el Gobierno ha decidido contratar a la empresa Tragsa para agilizar la tramitación, algo que ha generado malestar sindical. Por ejemplo, UGT ha criticado la falta de explicaciones sobre este proceso y ha reclamado que sean los empleados públicos de ministerios como Inclusión o Política Territorial quienes se encarguen del mismo para salvaguardar «las garantías que la ciudadanía merece». En la misma línea, CCOO ha reclamado «más recursos humanos y materiales» para garantizar una «gestión eficiente y coherente».

Daniel Fernández, doctor en Economía y profesor de la Universidad de las Hespérides, señala que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones «está colapsado como prácticamente toda la función pública», que «funciona bastante mal». Sin embargo, enmarca este desafío dentro de los «problemas a corto plazo» que va a generar la medida. Su análisis se detiene en que «una de las justificaciones» del Gobierno para la regularización es que se lleva a cabo «para que paguen las pensiones». «Niego la mayor, la justificación es económica, pero el objetivo no es económico, porque las cuentas tampoco salen», observa el economista.

«Muchos de esos trabajadores pueden aflorar en la economía formal y otros muchos no lo van a hacer; se estima que son medio millón, pero no todos son empleados», añade. De este modo, se remite a las estadísticas oficiales para fijarse en que solo el 50% de las personas de origen africano y cerca del 40% de los de Oriente Próximo trabajan, frente al 70% de los ciudadanos españoles en el dato ajustado por edad. «Este tipo de inmigrante genera muy pocos ingresos para el sistema, aunque pase a ser empleo formal», subraya Fernández, que a pesar de ello cree que «la razón puede ser fiscal» más que macroeconómica y que en el Ejecutivo «están mintiendo».

Estas críticas se añaden a las voces que desde hace tiempo lamentan el deterioro de la eficacia administrativa de la Seguridad Social, que ven sumida en un colapso burocrático. Por ejemplo, Joaquín Merchán, presidente del Consejo de Graduados Sociales de España, ha denunciado el «caos de nóminas» generado a raíz de la mala gestión de las cotizaciones del salario mínimo interprofesional, que desde 2022 Trabajo e Inclusión aprueban de forma retroactiva con tres meses de retraso, desatando una saturación «que no dice bien de una Administración como la Seguridad Social, que es un transatlántico». En conversación con THE OBJECTIVE, manifiesta la sobrecarga a la que se ha sometido a este colectivo profesional colaborador de la institución pública y afirma que «hay que seguir mejorando en la eficiencia de la Seguridad Social», en un contexto de «escasez de medios humanos», «medios tecnológicos» que «no llegan» y «muchos proyectos que ponen en marcha y lidera la Seguridad Social, como las nuevas cotizaciones de los autónomos o la regularización».