La SEPI permitió a Plus Ultra pagar el petróleo a Venezuela antes que devolver el rescate
La empresa pública autorizó la inyección de capital público sabiendo que perdería dinero en 2021 y 2022
Delcy Rodríguez, ministra de Hidrocarburos de Venezuela cuando se rescató a Plus Ultra. | Leonardo Fernández Viloria | (Reuters)
El rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de dinero público estuvo plagado de irregularidades desde el primer momento que, supuestamente, tuvieron su origen en la trama de José Luis Rodríguez Zapatero, según la investigación judicial en curso. Así, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) permitió que los pagos de combustible a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) tuvieran prioridad sobre la devolución del rescate y tampoco tuvo inconveniente en conceder la ayuda sabiendo que Plus Ultra perdería dinero en los años siguientes.
El plan de viabilidad presentado por la aerolínea para obtener el rescate reforzaba la conexión de Plus Ultra con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: incluía como destino prioritario para el dinero del rescate el pago de 6,1 millones a PDVSA en concepto de combustible. Era la segunda cantidad más importante a afrontar con el dinero del rescate, solo superada por los siete millones que debía por el arrendamiento de sus aviones (en ese momento solo disponía de un aparato).
Es más, en ese plan, Plus Ultra admitía no tener «certeza de la posibilidad de materializar» ese pago a la petrolera estatal venezolana aun con el dinero del rescate, si bien no daba ninguna explicación para ello. La aerolínea sí había solicitado aplazar la devolución del famoso crédito participativo de la panameña Panacorp de 6,3 millones (que le permitió sobrevivir hasta el rescate) hasta después de repagar el dinero de la SEPI, si bien nunca ha aclarado si lo ha devuelto o no. Lo que no ha devuelto son los 53 millones del fondo de rescate público español.
Y no los ha devuelto porque no ha generado suficientes recursos para ello, algo de lo que ya advertía en el citado plan de viabilidad. El propio expediente por el que la SEPI aprobó el rescate contempla que la compañía seguiría perdiendo dinero en 2021, en 2022 y en 2023, que cifraba en su conjunto en 34,5 millones en el escenario base del plan, a pesar de la fuerte recuperación de la economía en general y del turismo en particular que se preveía tras la pandemia. Plus Ultra preveía cubrir ese agujero con el préstamo participativo de 34 millones que incluía el rescate; los otros 19 millones se inyectaron en forma de préstamo ordinario.
El papel de Dolores Delgado
En septiembre de 2021, apenas unos meses después de la concesión del rescate, Plus Ultra confirmó esas previsiones y reconoció que tendría un déficit de caja de 41,5 millones en 2023, haciendo a la empresa inviable sin las ayudas de la SEPI. Es más, admitía que ya se había comido los 19 millones del primer tramo (el préstamo ordinario).
Por eso, la aerolínea vivió un momento de gran tensión cuando el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid bloqueó la segunda parte del rescate por la investigación de posibles irregularidades. Un juez sustituto desbloqueó ese pago el 9 de agosto de 2021 después de que la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, impusiera al fiscal del caso un cambio de criterio. La SEPI entregó el dinero al día siguiente. De no haber sido así, habría entrado en concurso de acreedores.
El propio auditor de Plus Ultra admitió este miércoles en el Senado que la empresa podía haber entrado en concurso (antigua suspensión de pagos) antes del rescate si sus accionistas hubieran querido y si no hubiera recibido el citado crédito de Panacorp. Pero nada de esto importó a la SEPI, que ni siquiera hizo un informe interno sobre la operación, ni al Consejo de Ministros, que la aprobó sin recabar más información, a pesar de incumplir los requisitos para acceder a las ayudas.
Así, la norma que creaba el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI establecía dos condiciones para ser rescatada: Por un lado, que la empresa fuera viable y que sus problemas fueran puntuales, derivados exclusivamente de la pandemia, cosa que parece claro que no cumplía Plus Ultra y, por otro, que se tratara de una empresa estratégica, algo muy difícil de aplicar a una aerolínea con un solo avión y con una cuota de mercado ridícula. La Abogacía del Estado salvó este obstáculo con el argumento de que ese criterio era cualitativo y podía aplicarse al sector aéreo, no a las empresas individuales.