Consuelo Madrigal: «Los nombramientos de los fiscales se hacen con criterios ideológicos»

Consuelo Madrigal (Segovia, 1956) fue la primera mujer fiscal general del Estado entre 2015 y 2016 y ejerce, a día de hoy, como fiscal de Sala en la Sección Penal del Tribunal Supremo. Esta destacada jurista alerta sobre los «criterios de afinidad ideológica» que ahora se están aplicando en los nombramientos de fiscales de Sala, en un momento especialmente delicado en el seno de la Fiscalía General del Estado, tras la condena a Álvaro García Ortiz. Madrigal aborda, en una entrevista concedida a THE OBJECTIVE, la situación actual de la Justicia en España y lamenta los ataques de los representantes políticos. Además, alerta de que el debate ha desaparecido del Parlamento, con lo que ello supone de «grave déficit democrático».

PREGUNTA.- En esta segunda legislatura de Pedro Sánchez se han intensificado los ataques a la Justicia. ¿Confía en la fortaleza del Poder Judicial para poder hacer frente a esta ofensiva?

RESPUESTA.- En términos generales sí confío en el aprecio que los miembros del Poder Judicial tienen por sí mismos y por su propia independencia. También confío en las garantías legales de esa independencia. Es verdad que los ataques a veces son difíciles, desagradables y no siempre es cómodo trabajar en esas condiciones. En la Justicia Penal, sobre todo, estamos acostumbrados a que los grandes criminales, las organizaciones criminales, se defiendan atacando a los que les investigan, les acusan o les condenan; pero cuando los ataques proceden de representantes políticos, la situación se complica bastante porque hace cundir en la ciudadanía la impresión de que pueden desconfiar de las instituciones o de su funcionamiento. Da la impresión de que no hay una nítida separación de poderes o de que no se deja trabajar a uno de esos poderes del Estado, que es el Poder Judicial. 

P.- ¿En su larga trayectoria profesional ha conocido alguna situación similar a España en otros países europeos? ¿Es un caso inédito?

R.- En Europa yo creo que sí. En países hispanoamericanos se ha acuñado esta expresión de lawfare en partidos populistas o estrategias populistas para defenderse de la acción de la Justicia ante la investigación de determinados delitos en sus entornos. Desde luego, en España era inédito y, sobre todo, inédito verla expresada, incluso blanco sobre negro, en un pacto de investidura. Después se ha aminorado el recurso a esta mención, pero, evidentemente, en un contexto de polarización política como el que vivimos, yo creo que alentado artificialmente porque quizás los ciudadanos no desean esa polarización, sí es nueva y alarmante. 

P.- ¿Cuando escucha a miembros del Gobierno y a dirigentes políticos acusar a los jueces de fachas con toga, no le produce una profunda tristeza? 

R.- Es doloroso y, sobre todo, es falso. La inmensa mayoría de los jueces y magistrados de este país son independientes, aprecian su independencia y consideran que es un valor, no solo de su profesión, sino de nuestra democracia.

P.- En esta obsesión por atacar a los jueces se llegó a crear un presunto operativo liderado por Leire Díez para desacreditar a jueces, fiscales y al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. ¿Estas iniciativas se pueden considerar prácticas mafiosas?

R.- No sé si son ciertas. Son acusaciones que yo conozco por los medios de comunicación. Si fueran ciertas, me parecen muy graves y estaría bien empleada la expresión que, coloquialmente en el ámbito mediático, se ha utilizado de cloacas. 

P.- Europa ha condenado los ataques a la Justicia y, en el último informe del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho de España se alerta de la polarización y del abuso del decreto ley ¿Estas advertencias están dañando la imagen de España en el exterior? ¿No está ya muy deteriorada? 

R.- Desde 2014, en las comunicaciones de la Comisión al Parlamento y al Consejo advierten de que en varios países de la Unión Europea está sometido a tensión el Estado de Derecho. La mayoría se han referido a Hungría, Rumanía o Polonia, incluso con resoluciones y graves sanciones por parte del Tribunal de Justicia. En relación con España, lo que yo conozco son manifestaciones parlamentarias, pero no institucionales, de Europa, aunque varias veces se ha sometido alguna cuestión a la Comisión de Venecia. El Grupo Greco, en sus informes anuales contra la corrupción, sí que viene advirtiendo sobre España de determinados indicadores que no ponen alas al buen funcionamiento democrático y del Estado de Derecho, entre ellos la independencia y la autonomía funcional del Ministerio Fiscal.

«La comunidad jurídica ha advertido del deterioro del abuso del decreto ley»

P.- Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha llegado a cuestionar la forma de gobernar de Pedro Sánchez bloqueando el Parlamento para no tramitar leyes. ¿Qué le parece esta situación?

R.- La comunidad jurídica viene advirtiendo hace años del deterioro del procedimiento legislativo y del abuso del decreto ley. En esta legislatura se ha intensificado, ahora mismo se tramitan más decretos leyes que leyes y decretos leyes que se llaman ómnibus, que muchas veces se utilizan de pretexto para colar normas sin debate parlamentario. Los propios parlamentarios ponen en evidencia que ha disminuido, hasta casi desaparecer, el debate parlamentario. La ausencia del carácter deliberativo del Parlamento sí es un grave déficit democrático. El tipo de procedimiento legislativo actual hace que muchas veces permita la sospecha de que el Parlamento es la mera voluntad normativa del Ejecutivo, que tampoco puede realizar su voluntad, al no encontrar el apoyo parlamentario. El debate sí que parece haber desaparecido.

P.- Voy a ser muy directa, ¿la forma de legislar de Sánchez daña la democracia, la está deteriorando?

R.- Yo no puedo decir que sea una forma de legislar de Sánchez. Las leyes salen del Parlamento y yo lo atribuyo al Parlamento. La forma de legislar del Parlamento, sea por unas u otras causas, es un deterioro de la función legislativa. 

P.- ¿Cómo valora la política de nombramientos que se está llevando a cabo en la Fiscalía General del Estado?

R.- La valoro negativamente porque son dos de las tres asociaciones que hay las que lo vienen criticando reiteradamente desde hace años. El Fiscal General del Estado propone los nombramientos en el seno de la institución, pero los realiza el Gobierno. ¿Y a qué ha respondido? Muchas veces a un afán de compensar o incluso a un reequilibrio ideológico, privilegiando a fiscales afines. Esto crea un daño institucional, porque el núcleo de poder del Fiscal General y, sobre todo, del Gobierno, a través del fiscal general, reside en la capacidad de decidir los ascensos, la promoción y los nombramientos, sobre todo de los fiscales de Sala, pero también de los jefes superiores y fiscales jefe. La jerarquía y la unidad de actuación son principios secundarios, instrumentales y, a través de una política de nombramientos, pueden hacerse esenciales. Y esto, evidentemente, es una perversión del diseño constitucional de la institución. 

P.- ¿Está diciendo que los nombramientos de los fiscales de sala obedecen más a un criterio ideológico que profesional? 

R.- En su conjunto, sí, a criterios de afinidad ideológica, de cumplimiento de las directrices de su misión, que no siempre responden a los principios de mérito y capacidad. 

P.- ¿Comparte la valoración que hizo el fiscal anticorrupción, Francisco Luzón, en su informe final en el juicio de las mascarillas, al afirmar que la corrupción está dañando profundamente la democracia en España, y se refirió a este caso como un ejemplo de corrupción organizada y continuada?

R.- Sí, claro, la corrupción es una de las principales lacras de un sistema político. No solamente desfalca las arcas públicas, sino que mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Genera desafección y, por supuesto, desigualdad en la aplicación y en la ejecución de la gestión pública. Confío en las palabras del fiscal Luzón porque es un especialista en la materia, ha trabajado en esa Fiscalía Anticorrupción durante muchos años, no solamente estos ocho que lleva de jefe, sino antes, y conoce bien, tanto la causa en la que ha pronunciado esas palabras, como el informe final en el juicio oral, como muchas otras que se llevan en su Fiscalía. La corrupción política, venga de donde venga, es una lacra. 

P.- ¿Este alegato contra la corrupción demuestra que hay una parte del Poder Judicial que no tiene miedo al Gobierno?

R.- Hay una persona que ha hablado con libertad y con conocimiento de causa, un fiscal jefe anticorrupción. Que haya muchas más, no lo sé. 

P.- ¿Los españoles pueden tener esperanza de que hay una Justicia que hace frente a la corrupción por encima de presiones políticas?

R.- Sí, creo que sí. Yo tengo esperanzas, confío, pero también estoy preocupada porque sé que presiones hay. Las presiones siempre han existido, y no son solo políticas. Son mediáticas o económicas, de los poderes fácticos. Pero creo que hay posibilidades de hacerles frente. 

P.- ¿Cómo valora la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda dejar sin efecto la condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz e incluso que el Gobierno pida el indulto? ¿No sería un paso más en el deterioro de la Justicia, si llega a producirse?

R.- El Tribunal Constitucional lo que puede es conceder el amparo que el Ministerio Fiscal ha solicitado, se pronunciará al respecto, pero yo lo veo difícil. En cuanto al indulto, es una cuestión más sencilla y menos objetable, en el sentido de que el indulto es un acto discrecional del Gobierno que tiene que someterse a unos presupuestos: el reconocimiento del hecho por parte del ofendido, la petición de perdón o la reparación del autor y la reparación al ofendido, etcétera. Cumplidos los presupuestos, que serían revisables por la jurisdicción contencioso-administrativa, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pues el Gobierno puede concederlo. El amparo, sin embargo, se sujeta a la relevancia constitucional del caso, y a que haya habido aprecio para que el Tribunal Constitucional aprecie que se ha producido alguna vulneración de algún derecho fundamental del ofendido. 

«Es inédito en Europa ver el término lawfare en un pacto de investidura»

P.- ¿Si se llegara a conceder ese indulto sería un desafío al Poder Judicial?

R.- En este caso no lo sé, tendría que ver la fundamentación de la sentencia y los motivos por los que el Tribunal Constitucional otorga el amparo. Tampoco conozco a fondo las razones del recurso que haya formalizado la Fiscalía. Lo que si se puede analizar es la situación de conflicto y de tensión entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Cuando el Constitucional anula sentencias del Supremo por violación de derechos fundamentales o por infracciones constitucionales, se ha criticado el excesivo intervencionismo del Tribunal Constitucional en cuestiones de legalidad ordinaria. Me refiero, por ejemplo, a la sentencia de los ERE, o sobre nombramientos que han sido anulados dos veces por la Sala Tercera y después el Tribunal Constitucional concedía el amparo. Lo más grave es un Tribunal Constitucional que en los últimos años, en una alta cifra de casos, se pronuncia siempre a favor de los intereses del Gobierno o de los intereses políticos. Son siempre sentencias en que los mismos siete magistrados se pronuncian frente a los mismos cuatro o cinco. En 2022, suponía, casi un 9% de toda la actividad; en 2023, ascendió a casi el 30%. Son datos inquietantes, a lo que se suma que el porcentaje de recursos de amparo que se admiten desde el año 2007 -se restringió solamente su admisión a los casos de relevancia constitucional- oscila entre el 1 y el 2%. Ese pequeño porcentaje se resuelve siempre por una mayoría favorable a intereses políticos. Creo que merecería una consideración. 

P.- ¿El Tribunal Constitucional está excesivamente politizado y escorado a la izquierda? 

R.- De momento hay 7/4 o 7/5, que todo el mundo pueda prever cuál va a ser la resolución final planteada al órgano constitucional y quiénes serán los magistrados que conformen la mayoría o la minoría con voto particular, pues me parece que no pone alas a la confianza de la ciudadanía. 

P.- Las amenazas que hay para controlar el Poder Judicial empiezan a reflejarse en proyectos de ley del Gobierno, que incluso quiere retirar la instrucción a los jueces para entregársela a los fiscales. ¿Confía en que no llegue a producirse, ante la falta de apoyo parlamentario? 

R.- Parece que los dos proyectos que están en el Congreso no tendrán recorrido. No es el momento de abordar esta reforma porque hay pasos previos que deberían darse. La reforma probablemente es necesaria, pero requiere unos presupuestos normativos, estructurales, de planta judicial, de oficinas judiciales y fiscales, de atribución de funcionarios, de decisiones sobre la policía, que no se dan en este momento. No se trata de un ministerio fiscal que tenga autonomía presupuestaria, sino que sea realmente independiente, inserto en el Poder Judicial y con garantías de una actuación totalmente imparcial, neutral, independiente. Mientras todo esto no se regule o garantice, es imposible realizarlo, porque requiere mucha inversión en estos proyectos, que pone coste cero, y entonces es imposible realizarlos. Pero, sobre todo, necesitan mucho consenso político, que parece ahora mismo lejano. 

P.- Usted participó en el juicio del procés, ¿no siente una frustración personal porque los condenados fueran indultados? ¿Empezó ahí el declive de la Justicia en España?

R.- No, hicimos nuestro trabajo conforme a lo que entendíamos que eran los hechos y la aplicación normativa que nos parecía procedente, siempre con el visto bueno de nuestro jefe, que fueron cuatro fiscales generales diferentes. Tampoco tuvimos una particular frustración cuando, acusando por rebelión, la condena fue por sedición y por malversación. ¿Que después se produjera un indulto? Nuestra postura ya la expresamos en el informe contrario al indulto. La Fiscalía se opone a los indultos prácticamente siempre, porque las sentencias claman por ser ejecutadas con carácter general y los casos de indulto para el fiscal son excepcionales y, a veces, nuestro informe es favorable, pero son situaciones excepcionales. Nuestra postura era contraria, entre otras cosas porque ni siquiera se daban los presupuestos que pide la ley, de reconocimiento del hecho, de petición de perdón, los indultados ni pidieron el indulto, fueron otras personas las que lo hicieron por ellos. Ni pidieron perdón, al contrario, manifestaron que lo volverían a hacer. Pero esto es una responsabilidad del Gobierno. La ley de amnistía sí que me parece más preocupante. 

P.- ¿Esta Ley de Amnistía sí que hizo un daño irreparable a la Justicia?

R.- Irremediable no es nada, porque todo se puede remediar, o por lo menos corregir. A mí me parece que la Ley de Amnistía, y no soy la única, es la comunidad jurídica, en general, salvo algunos muy ideológicamente marcados, manifestaron su discrepancia con la Ley de Amnistía, que no cumplía los parámetros de lo que es una Ley de Amnistía, que supone un antes y un después, un cambio de régimen, un olvido de la situación anterior, de un régimen que se considera ilegítimo para pasar a un régimen diferente, en el que se empieza de nuevo. A esto correspondió la Ley de Amnistía de 1977 y a esto no responde la Ley de Amnistía del año 2024. Esto sí que me parece que es un antes y un después en la articulación del ordenamiento jurídico constitucional español. Espero que sea algo puntual, pero no me parece un buen precedente, porque no está prevista en la Constitución, que incluso en su trámite de elaboración rechazó dos veces las dos propuestas, ni se cumplen los criterios que se han dado para aplicarla. Yo creo que la Ley de Amnistía tiene un grave problema, que es su preámbulo, y su manifiesta ocultación de las verdaderas razones de la amnistía, que son conocidas, porque estaban en el acuerdo de investidura de noviembre del 23.

P.- ¿Entre los profesionales de la Justicia hay una percepción que desde el Gobierno no se está respetando al Poder Judicial, como así ha sucedido en otras épocas?

R.- Todo lo que estamos hablando es una evidencia de la tensión entre los poderes del Estado y esa tensión apunta a su confusión, a la difusión de los límites entre unos y otros. Son indicadores de déficit en el Estado de Derecho del que hablan las instituciones europeas, aquella comunicación de 2014 de la Comisión al Parlamento y el Consejo sobre la debilidad del Estado de Derecho en algunos países de la Unión Europea. En primer lugar, se cita la falta de independencia judicial o el déficit de la separación de poderes. Esa tensión que a veces reflejan los medios de comunicación o las manifestaciones de representantes públicos, pues es uno de sus indicadores. Las resoluciones del Poder Judicial se pueden combatir por la vía de los recursos, incluso públicamente se pueden también criticar desde un punto de vista técnico, pero algunas descalificaciones más groseras o más toscas, yo creo que no hacen bien al funcionamiento del sistema.