Interior mantiene en activo al mando que reveló información secreta de la UCO a la trama Leire

La Dirección General de la Guardia Civil mantiene en activo al capitán y exmando de la Unidad Central Operativa (UCO) que reveló información sensible sobre la unidad de élite y sus miembros a la trama que dirigían Santos Cerdán y Leire Díez. Pese a la gravedad de los hechos, por los que el juez Santiago Pedraz le investiga por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado, el Instituto Armado no prevé suspender de funciones al oficial Juan Sánchez Yepes, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes oficiales del Cuerpo, que tampoco saben precisar si se le ha abierto un expediente disciplinario, como suele ocurrir cada vez que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es imputado en una causa.

Yepes, otrora jefe de la unidad de blanqueo de capitales de la UCO hasta 2022, fue destinado un año después como profesor en el Colegio de Guardias Jóvenes, en Valdemoro (Madrid), donde sigue dando clases actualmente. También estuvo destinado unos meses en la Dirección General como asesor de la entonces directora María Gámez. Las fuentes consultadas consideran llamativo que en el pasado sí se le cesó de funciones tras la imputación en otra causa investigada por la Audiencia Nacional y Pedraz sobre una trama de hidrocarburos.

En esa causa, el magistrado le imputa los mismos delitos que en el caso Leire, además de otro de blanqueo por supuestamente dar un chivatazo a los cabecillas de Gaslow —la trama de hidrocarburos desarticulada por la Guardia Civil en julio de 2021— antes de que explotase la operación, que entonces dirigía el propio mando. Según confirman fuentes de la Benemérita, el capitán Yepes sí fue suspendido de funciones durante varios meses tras su imputación. También explican que esa medida cautelar depende, en muchos casos, de la conexión del puesto del expedientado con los delitos que se le investigan. En otras palabras, si su trabajo, de mantenerse, puede interferir de alguna forma en el caso.

Casos mediáticos

«El hecho de que te cesen en funciones porque tienes una causa penal abierta, más que por los hechos en sí, es para que tu puesto de trabajo no interfiera o haga daño a la causa», señala un mando de la Guardia Civil. Esto se ajusta a la suspensión de este mando, habida cuenta de que era un capitán de la UCO y, presuntamente, filtró información clave sobre una investigación en curso de esta unidad. Dada la gravedad del asunto, de hecho, el Ministerio del Interior consideró que debía cesarlo del puesto que tenía en ese momento. Ahora bien, advierten las mismas fuentes, esto no implica que ahora no deba ser suspendido.

La ley de Régimen Disciplinario señala que el «pase a la situación de suspensión de funciones de los guardias civiles se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave». Y, además, cuando, «valorando la gravedad de los hechos», estos supongan un daño a la imagen del cuerpo, generen «alarma social» o «afecten al régimen del Instituto Armado». «La notoriedad y trascendencia de este caso están causando un gran daño reputacional al Cuerpo, por lo que la suspensión está más que justificada», argumentan las mismas fuentes. Esa decisión, no obstante, no puede extenderse más de seis meses.

Los pagos al exmando de la UCO

Para la Dirección General de la Guardia Civil, sin embargo, que un mando de la UCO revele información secreta sobre la unidad de élite que investigaba casos de corrupción relacionados con el PSOE, según se desgrana en diversas conversaciones intervenidas por la propia Guardia Civil, no es motivo de sanción. Al menos, por ahora. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 sitúa ese intercambio de información en una reunión que el oficial del Instituto Armado mantuvo el 10 de diciembre de 2024 con el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díaz.

Según consta en una grabación, intervenida por los investigadores, el capitán comienza advirtiendo que toda la información que va a revelar es secreta y está «cometiendo un delito de revelación de secretos», para acto seguido atender las solicitudes de Leire Díez, «informándole sobre la estructura interna de la UCO o incluso aportando información sobre alguno de sus miembros», señala el escrito judicial. «[M]ira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley […], porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet», advierte Yepes, antes de ceder ante la trama. 

El capitán también reveló información de su compañero Antonio Balas, el teniente coronel jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO. Unas primeras pinceladas que, dice el juez, sirvieron a la trama para colocar a Balas como «uno de los principales objetivos del grupo». Todo ello con el objetivo de intentar desprestigiar al mando, así como las pesquisas que dirigía sobre casos que afectaban al PSOE. Tras ese encuentro, Díez, Teijelo y Dolset se reunieron con otro empresario investigado por otra trama del fuel, Alejandro Hamlyn, «para intentar profundizar y recabar más información sobre dicha persona». 

En el auto, además, el instructor del caso apunta que el mando «facturaba sus servicios al PSOE», aunque no desgrana la cantidad que el oficial de la Guardia Civil habría cobrado por desvelar información clasificada sobre la unidad de élite del Instituto Armado.