El Gobierno intenta justificar el oligopolio creado en el sector del fuel: «Hay competencia»

El mes de febrero marcó un antes y después en el sector petrolero en España. Una orden del Ministerio de Hacienda dividió el mercado de hidrocarburos en dos: la parte formada por «los confiables» (que son ocho empresas) y la integrada por los «no confiables» (que son 50). Mientras las primeras no han visto alterada su operación, las segundas tienen que lograr un aval o seguro de caución del 110% de la cuota de IVA de los dos últimos meses para poder operar. Un requisito que exige un músculo financiero importante. El Gobierno ahora sale en defensa de su medida y asegura que no afecta a la competencia.

Según publicó este medio, recientemente la CNMC «tomó conocimiento» de posibles barreras de entrada y competencia desleal por esta medida. Aunque el Gobierno rectificó y trató de cambiar su norma a los pocos días de activarla —para incluir a más operadores en la lista de los confiables—, finalmente la reforma no se aprobó porque iba incluida en un extenso real decreto que el Congreso tumbó.

THE OBJECTIVE publicó el pasado 3 de febrero que existía un «temor por la subida del carburante tras la orden de Hacienda que fulminaba a 50 petroleras». Unos días después, el 11 de febrero, Vox registró en el Congreso de los Diputados varias cuestiones relacionadas con este asunto al Gobierno: «¿Cómo va a proceder el Gobierno para evitar que la concentración de operadores pueda generar un incremento del precio de los carburantes? ¿Va a reducir esta medida la competencia en el sector?».

Una semana después, según ha podido constatar este medio, el Gobierno trató de justificar su reforma omitiendo que hay una división entre confiables y no confiables en el mercado y que la medida sirve para combatir el fraude del IVA, pese a que la propia Hacienda le ha quitado el Redef (el título clave para vender combustible de los depósitos fiscales a las gasolineras) a todos aquellos sospechosos del mercado. Además, los que siguen —salvo Hafesa Energía (que está condenada por la Justicia, lo que genera críticas dentro del sector de por qué Hacienda le mantiene el título)— son compañías aparentemente limpias porque han superado severas inspecciones de la Agencia Tributaria.

«El sector venía presentando niveles muy elevados de fraude en el IVA, lo que permitía a los operadores implicados en tramas defraudadoras incrementar progresivamente su cuota de mercado apropiándose del impuesto repercutido a sus clientes. Estas estructuras operaban como auténticas organizaciones criminales, blanqueando sus beneficios y desplazando del mercado a empresas con un comportamiento fiscal correcto, que encontraban enormes dificultades para competir en igualdad de condiciones. Ante esta situación, y a petición del propio sector, resultaba imprescindible adoptar medidas eficaces y urgentes», comenzó argumentando el Ejecutivo.

«La nueva normativa garantiza el correcto ingreso del impuesto y evita que el fraude fiscal pueda constituir un elemento de competitividad desleal. Las nuevas exigencias aseguran la recaudación efectiva del IVA al establecer que el impuesto debe ingresarse anticipadamente o garantizarse por el operador que extrae el hidrocarburo del depósito fiscal. El efecto previsible sobre la composición del sector es la salida del mercado de aquellos operadores cuya viabilidad dependía fundamentalmente de prácticas de fraude fiscal. No se trata, por tanto, de una restricción a la competencia, sino de una depuración del mercado en favor de la competencia leal», relataron.

«Antes de adoptar el nuevo régimen, se habían impulsado distintas reformas normativas y numerosas actuaciones de control que, si bien relevantes, no lograron erradicar el elevado nivel de fraude existente. La exigencia de garantizar el pago del impuesto con carácter previo a la salida del producto del depósito fiscal ha demostrado ser la única medida plenamente eficaz para disuadir la actividad de defraudadores y organizaciones criminales. La reforma contó además con un amplio respaldo por parte de las asociaciones representativas del sector, que reclamaban un marco jurídico que aportara certeza y confianza, favoreciendo una competencia justa», aseguraron.

«Cabe indicar que la medida no reduce la competencia, sino la competencia desleal. Su aplicación permitirá expulsar del mercado a los operadores que obtenían ventajas ilícitas mediante el fraude fiscal, incluidos grupos criminales, en ocasiones con ramificaciones internacionales. La reforma contribuye así a depurar un mercado estratégico y a reforzar un entorno competitivo basado en la legalidad y la transparencia», aseguró el Gobierno.

Por último, fuentes del sector petrolero afirman que «el oligopolio no viene únicamente de la distinción entre confiable y no confiable, sino también de la restricción del acceso al mercado para nuevas empresas, aun asumiendo lo injusto de la diferenciación entre las operadoras». Hay varias compañías que buscan lograr el Redef, pero Hacienda tiene bloqueados sus expedientes.

Esta situación anómala en el mercado se da además en plena tensión geopolítica por la guerra en Irán, que está provocando una crisis de suministro de petróleo. El Gobierno ha asegurado que España cuenta con «92 días de reservas estratégicas». Sin embargo, fuentes del sector remarcan que estas reservas no son «producto terminado», sino también «crudo pendiente de refino, componentes de mezcla pendientes de blending, dependientes de capacidad logística (oleoductos, terminales, transporte) e industrial (refinerías) y derechos contractuales de disposición sobre producto almacenado».