Las órdenes de la asistente de Begoña Gómez con sus escoltas complican su futuro judicial

El juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La resolución del instructor supone un salto cualitativo en la investigación judicial sobre las actividades privadas de la esposa de Pedro Sánchez y estrecha el foco sobre el papel que desempeñó la asesora contratada en Presidencia.

Aunque Begoña Gómez aseguró ante el magistrado que pidió a Álvarez que «transmitiera algún mensaje» como «favor» y gestión «puntual» porque era su amiga, la documentación recabada durante la investigación y el testimonio de fuentes policiales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE dibujan un escenario muy distinto. Las actuaciones de Cristina Álvarez no se limitaron presuntamente a tareas ocasionales o de mera cortesía, sino que revelan una actividad constante y estructurada vinculada a la agenda profesional privada de la esposa del presidente del Gobierno.

Uno de los elementos que más comprometen la situación judicial de la asesora guarda relación con la coordinación de los escoltas asignados a Begoña Gómez. Según explican fuentes consultadas por este periódico, los agentes encargados de la seguridad de la mujer del presidente identificaban a Cristina Álvarez como su secretaria y recibían de ella instrucciones relacionadas exclusivamente con la actividad profesional privada de Gómez. La asistente de Moncloa llamaba directamente a los teléfonos profesionales de los escoltas —facilitados únicamente para las comunicaciones relativas a la protección de la personalidad asignada— para trasladar directrices vinculadas a desplazamientos, horarios y organización de actos relacionados con la actividad profesional privada de la esposa del presidente. No se trataba de comunicaciones relacionadas con tareas protocolarias derivadas de la agenda institucional de Pedro Sánchez ni de acompañamientos oficiales propios de la condición de cónyuge del jefe del Ejecutivo.

Las fuentes consultadas señalan que Cristina Álvarez coordinaba a los agentes en servicios ligados a la actividad laboral privada de Begoña Gómez, especialmente los vinculados con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Así ocurría, por ejemplo, cuando la mujer del presidente acudía los sábados por la mañana a la universidad. En esos casos, era la propia asesora quien contactaba con los escoltas para organizar el dispositivo de acompañamiento y seguridad.

Este extremo resulta especialmente sensible desde el punto de vista judicial porque las funciones atribuidas oficialmente a Cristina Álvarez estaban relacionadas con labores de apoyo institucional y coordinación protocolaria vinculadas a Presidencia del Gobierno. Es decir, organizar la agenda de Begoña Gómez en aquellos actos oficiales en los que participase como esposa del presidente o en desplazamientos institucionales. Sin embargo, según las fuentes consultadas, la asesora habría actuado de facto como secretaria privada de la actividad profesional de Gómez.

La diferencia entre ambas funciones no es menor. Las mismas fuentes explican que, cuando se trataba de cuestiones estrictamente personales ajenas a cualquier actividad profesional, era la propia Begoña Gómez quien contactaba directamente con los escoltas para requerir su presencia. Así sucedía en desplazamientos privados cotidianos, como ir de compras o a encuentros personales. En cambio, cuando se trataba de actividades vinculadas a la cátedra o a compromisos profesionales de la esposa del presidente, la interlocución con los agentes recaía habitualmente en Cristina Álvarez. Fuentes judiciales consultadas consideran que el eventual testimonio de los escoltas en sede judicial habría resultado relevante para acreditar hasta qué punto la asesora pudo extralimitarse en sus funciones dentro de la estructura de Presidencia del Gobierno. La investigación se ha centrado en determinar si se produjo una utilización de recursos públicos para facilitar actividades en los negocios privados de Begoña Gómez, uno de los elementos centrales del presunto delito de malversación de la instrucción del juez Peinado.

La actuación de Álvarez no se habría limitado únicamente a la coordinación logística y de seguridad. Los correos electrónicos incorporados al sumario reflejan que la asesora desempeñó un papel activo y continuado en las gestiones relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense. Los mails aportados por el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio muestran que la asistente participó de manera constante en la búsqueda de financiación, la interlocución con empresas patrocinadoras y la tramitación de acuerdos vinculados a la actividad académica impulsada por Begoña Gómez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha analizado decenas de correos electrónicos intercambiados entre Álvarez, responsables universitarios y representantes de empresas privadas. En ellos aparecen referencias a la captación de fondos, la negociación de adendas contractuales y la coordinación de reuniones con compañías interesadas en colaborar con la cátedra.

Entre las entidades con las que mantuvo contacto figuran Reale, Fundación Once, Mindway, Indra, La Caixa, Cámara de Comercio de España, Pacto Mundial Red Española, Google, KPMG, CEAP y Human Age Institute. La participación de Cristina Álvarez en estas gestiones contradice la tesis sostenida por la defensa de Begoña Gómez, que había intentado presentar su intervención como meramente ocasional. Los investigadores consideran especialmente significativo que muchas de esas comunicaciones se realizaran utilizando recursos oficiales de Presidencia del Gobierno.

En varios de los correos incorporados al procedimiento, Álvarez empleaba su teléfono móvil oficial de la Moncloa, asignado por su condición de directora de Programas de la Presidencia. Según fuentes de la investigación, el uso de ese número otorgaba una apariencia institucional a las solicitudes y contactos realizados con empresas privadas para obtener financiación o colaboración con la cátedra. Además, el hecho de que incluso coordinara con los escoltas aspectos relacionados con la agenda profesional de la esposa del presidente refuerza ahora la tesis de que sus funciones excedieron ampliamente las tareas protocolarias y de apoyo institucional para las que fue nombrada en Moncloa.