El aval de la UE al rescate de Plus Ultra que jamás existió: Bruselas no lo investigó
La Comisión Europea no ha preguntado al Gobierno sobre el crédito de la SEPI tras la imputación de Zapatero

Los entonces presidente del Consejo Europeo, del Gobierno de España y de la Comisión Europea, Von Rompuy, Zapatero y Barroso, en la Moncloa en 2010. | EP
Entre los argumentos para reivindicar la limpieza del rescate a la aerolínea Plus Ultra, por el que se ha imputado a Zapatero, los defensores del expresidente esgrimen que tanto la Justicia española como la europea han avalado este crédito de 53 millones de euros, a pesar de que este visto bueno nunca se ha producido. En el frente judicial, la instructora archivó la causa al no acreditarse la comisión de delito tras el error de no extender el plazo de investigación tras los 12 primeros meses, pero la colaboración internacional con las autoridades francesas, suizas y estadounidenses ha permitido reactivar las pesquisas y obtener nuevos indicios. En el caso de la Unión Europea, las instituciones comunitarias jamás han llegado a analizar este asunto.
Lo más cerca que ha estado la Comisión Europea fue en 2021, cuando el entonces eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano preguntó y alertó sobre posibles irregularidades en este rescate por parte de la SEPI, pero esto se trató como un expediente de información general, no como una denuncia formal —que solo puede presentar una parte interesada—. Fuentes de Bruselas indican que sí se analizó en su conjunto el programa de créditos Fasee para rescatar a empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, pero no el de Plus Ultra en particular. El caso ha generado mucho revuelo entre responsables comunitarios, pero a nivel oficial, la Comisión no tiene previsto tomar medidas; de hecho, ni siquiera ha preguntado al Gobierno por este tema ni ha existido ninguna interlocución entre ambas instituciones a este respecto.
Según la misma versión, apuntan que la Comisión no ha detectado indicios de que se contravinieran las normas estatales de ayudas con respecto al fondo de solvencia español, mientras que Bruselas ha asegurado que no revisó este expediente en concreto, sino la estructura legal general, y que correspondía a cada Estado velar por su cumplimiento. Otra fuente comunitaria subraya que este punto es relevante, ya que confirma que la UE nunca se ha pronunciado sobre la subvención a Plus Ultra y solo ha analizado la ley al amparo de la cual se concedió. «Hay mucho bulo de que la Comisión habría autorizado la subvención», añade.
Al ser consultado por esta cuestión, el Gobierno no ha respondido a las preguntas de THE OBJECTIVE, mientras que un portavoz de la Comisión Europea ha confirmado que esta institución se limitó a analizar en 2020 si el fondo de solvencia español se alineaba con las normas europeas del marco temporal por la covid. Aun así, este mismo marco solo requería notificar a la UE los rescates superiores a los 250 millones de euros y «este no era el caso de la ayuda concedida a Plus Ultra, así que la Comisión no examinó este caso individualmente», señalan desde Bruselas. Existen dudas de que se cumpliesen las propias normas internas de España para estos préstamos, dirigidos a compañías solventes con apuros por la pandemia y no a aquellas que arrastraban pérdidas anteriores, como era el caso de la aerolínea.
Sin embargo, las instancias europeas carecen de competencias y mecanismos para intervenir en este ámbito y probablemente se abstengan de intervenir, a pesar de que el Partido Popular Europeo, parte de la coalición de Gobierno y al que pertenece la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha instado a revisar las condiciones del rescate a través de una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta de este grupo en la Eurocámara, Dolors Montserrat, en la que ha pedido aclarar «si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a una aerolínea vinculada al entorno del régimen chavista» y si se vulneraron principios esenciales del Derecho de la Unión como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración y el control adecuado de las ayudas de Estado. Además, Montserrat puntualiza que «la Unión Europea no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia construidas alrededor de intereses políticos, opacidad y utilización indebida de recursos públicos».
