La Guardia Civil cierra filas con los mandos que acusan al DAO: «No tiene autoridad, debe irse»
Dos exjefes de la UCO declararon que el teniente general Llamas les ordenó «ponerse de perfil» en los casos del PSOE
Ilustración de Alejandra Svriz.
Las revelaciones del sumario del caso Leire Díez han dejado a la Guardia Civil en estado de shock. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntan que la cúpula del Cuerpo, esto es, la directora, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, habrían tratado de presionar a los investigadores del los casos que afectaban al PSOE. En unos casos, a través de investigaciones internas contra la UCO por supuestas filtraciones a la prensa; y en otros, con manifestaciones directas sobre cómo debían actuar los agentes a la hora de elaborar informes sobre la causas de corrupción que afectaban a la formación socialista y al entorno del presidente Pedro Sánchez.
En julio de 2024, según reza un informe de la causa, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Llamas, máximo mando uniformado del Cuerpo, ordenó al general jefe de Policía Judicial, el general Alfonso López Malo, y al entonces jefe de la UCO, el coronel Rafael Yuste, que los agentes «debían ponerse de perfil» en las investigaciones que seguían contra dirigentes del PSOE y personas del entorno del presidente del Gobierno, en concreto con el caso de su hermano, David Sánchez. Lejos de actuar, dijo, la unidad de élite debía esperar a que la autoridad judicial tomase la iniciativa.
Los investigadores del caso Leire Díez, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han podido llegar a esa conversación gracias a las declaraciones como testigos de los altos mandos [Yuste y López Malo], en el marco la citada causa, que indaga los ‘expedientes’ que la cúpula de la Guardia intentó abrir a investigadores de la UCO como arma de presión. Una idea que la fontanera de Ferraz habría hecho llegar a la directora Mercedes Gonzalez en al menos dos reuniones con el objetivo de frenar supuestas filtraciones, pero cuyo fin último era desestabilizar las pesquisas contra el Partido Socialista.
«Nadie duda de dos exjefes de la UCO»
El relato de estos hechos delictivos ha generado un malestar interno en la Guardia Civil que alcanza a todos los niveles y escalas. Mientras el cierre de filas con los dos generales que prestaron declaración es total; la idea de que el teniente general Manuel Llamas debe dejar su puesto se extiende cada vez con más fuerza, manifiestan a este periódico distintos agentes y mandos de la Guardia Civil. Mas allá de las implicaciones de la directora general del Cuerpo, un cargo político, lo que más ha sorprendido son las implicaciones del DAO, el guardia civil de mayor rango en la Benemérita. «No tiene ya ninguna autoridad, debe irse», afirman.
«La Guardia Civil está, como toda la sociedad, boquiabierta con lo que estamos viendo, aunque dentro del Cuerpo el enfado es mucho mayor. Aunque desgraciadamente habíamos vivido situaciones de directores que aprovecharon de su puesto para servirse de él en lugar de para servir, como Luis Roldán, María Gámez y ahora de Mercedes González, el salto cualitativo es la constatación de que un uniformado, nada menos que el DAO, el primero del escalafón, también jugaba al politiqueo, incluso atreviéndose a presionar a sus subordinados para esos sucios e indignos fines», critica un mando de dilatada trayectoria en la Benemérita.
La orden de un exdirector de la Guardia Civil
Aunque las sospechas sobre estas maniobras en la cúpula directiva de la Guardia Civil se temían hace tiempo, las declaraciones de los dos generales han impactado todavía más a los agentes. «Ambos han dirigido la UCO. Nadie tiene ninguna duda de que lo que cuentan es la pura verdad. No van a arriesgar ni su prestigio, ni el de la UCO, ni el de la Guardia Civil, manifestando y firmando unas aseveraciones tan graves sin ser completamente ciertas», advierten otros mandos consultados por THE OBJECTIVE.
Respecto a la exigencia que el DAO manifestó al jefe de la UCO el 16 julio de 2024, cobra relevancia que cuatro días antes, el 12, en una reunión en la que estos dos mandos estaban presentes, el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos pretendió interferir en los informes de la unidad anticorrupción que dirigía Antonio Balas para la causa contra David Sánchez en Badajoz. En ese encuentro, Marcos manifestó que los oficios que habían requerido al juez eran «totalmente prospectivos y malintencionados» y la credibilidad de la unidad y de la Guardia Civil «estaba por los suelos».
Acto seguido, les dio el plazo de una semana para que «los informes a efectuar por la unidad estuviesen analizados y no hubiese nada». Un extremo al que el alto mando [Yuste] se negó en rotundo, afirmando que «era materialmente imposible, ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la autoridad judicial». De esta forma, deja entrever el informe de la UCO, como el director no consiguió su propósito, el teniente general Llamas fue a las dependencias de la unidad de élite para intentar, una vez más, frenar esas pesquisas sobre el hermano del presidente.
«No puede seguir un minuto más»
«Ante la evidencia ahora constatada de que Llamas no solo no evitó que esas ilegales presiones políticas de claro interés partidista afectaran a la Guardia Civil, sino que incluso las hizo suyas y se prestó nada menos que a presionar a sus subordinados para que dejaran de cumplir con su obligación, no puede seguir en ese puesto ni un minuto más. Aunque lleve en sus hombreras las estrellas que lleve y ponga a la entrada de su despacho lo que ponga, a la vista de la totalidad de sus subordinados él ya ni es teniente general ni es DAO, porque ha perdido toda autoridad», censuran fuentes del instituto armado.
Por ahora, la única que ha dado explicaciones, aunque a través de un comunicado de prensa, es la directora de la Guardia Civil. Después de negar haberse reunido con Leire Díez, ahora admite que se reunió pero nunca para tratar asuntos de la trama. Al igual que ella, el ministro del Interior también negó la mayor, hasta que trascendió la investigación de la UCO.
Desde las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, AUGC y Jucil, las dos mayoritarias, han mostrado su «preocupación» y exigen al Gobierno que depuren responsabilidades. En el caso de la primera, además, ha anunciado que promoverán su personación como acusación popular en las actuaciones que se sigan en la Audiencia Nacional, con el «fin de contribuir al esclarecimiento de la verdad y defender el buen nombre de la UCO y del conjunto del Cuerpo (…). «La UCO no pertenece a ningún gobierno ni a ningún partido. Sus agentes sirven exclusivamente a la ley y a los jueves. Cualquier intento de condicionar, señalar o desacreditar a los investigadores supone un ataque directo a la independencia de la Guardia Civil», denuncian.