El Gobierno amenaza con acciones «penales» a quien pille copiando en las oposiciones

El revuelo generado a raíz del presunto amaño investigado por la Fiscalía en las oposiciones de acceso al Cuerpo de Administrativos de la Seguridad Social ha hecho reaccionar al Gobierno de cara a futuras pruebas. A partir de ahora, el Ejecutivo extremará la vigilancia de los exámenes y endurecerá las sanciones contra aquellos que incumplan las normas en la realización de las pruebas. La última resolución del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para el desarrollo de los procesos selectivos que se celebrarán el próximo 23 de mayo para el acceso a los cuerpos de la Administración General del Estado advierte de que podría llegar a haber responsabilidades penales en caso de desoír el aviso.

En el escrito, consultado por este periódico, el departamento dirigido por Óscar López advierte de que el órgano de selección y el personal colaborador podrán utilizar durante las pruebas «dispositivos e instrumentos de rastreo o detección, realizar controles aleatorios o sistemáticos, así como cualquier otra medida que se estime pertinente» para detectar cualquier tipo de irregularidad. Los opositores reclaman desde hace tiempo que se usen dispositivos antifrecuencia para localizar a quienes usan pinganillos en los exámenes. De hecho, así fue como, presuntamente, 33 aspirantes examinados en Galicia lograron las calificaciones más altas de todo el país en las oposiciones de la Seguridad Social que investiga el Ministerio Público. 

Respecto a las consecuencias que estas prácticas pueden acarrear al aspirante, Transformación Digital va un paso más allá y advierte incluso de la imputación de delitos. «El incumplimiento de las instrucciones sobre el desarrollo y la ejecución del ejercicio, o si la persona fuera sorprendida copiando, utilizando engaño, empleando dispositivos electrónicos, o teniéndolos endentados dentro del aula, incluso cuando no sea sobre su persona […] será causa inmediata de expulsión del examen y exclusión de la persona aspirante del proceso selectivo», detalla la resolución. 

Banda organizada

Acto seguido, el personal funcionario «levantará acta inmediata del incidente, que será remitida a las autoridades correspondientes para la depuración de las responsabilidades, incluso penales, en que hayan podido incurrir dichas personas», apunta el documento. Las sanciones por copiar en las oposiciones dependen de las bases de la convocatoria —en este caso, expulsión y anulación de pruebas—, pero en ciertos casos pueden suponer la inhabilitación temporal para presentarse a futuras convocatorias y, si el tribunal lo estima grave, enfrentarse a un expediente disciplinario. En cualquier caso, la novedad ahora versa sobre esas responsabilidades «incluso penales».

Usar pinganillos o copiar en un examen no suponen la comisión de ningún acto ilícito en sí, pero la cosa cambia cuando las irregularidades se cometen con ayuda de terceros. En este caso, advierten fuentes policiales, podría imputarse un delito de banda organizada, que puede alcanzar hasta una pena de cuatro años de prisión. Este sistema es el que investiga precisamente la Policía en La Coruña, después de que las 33 mejores notas del primer ejercicio tipo test de la Seguridad Social correspondieran a aspirantes examinados en la citada provincia, tal como reveló THE OBJECTIVE.

Pagos de hasta 20.000 euros

Celanova, una localidad de Orense, se ha convertido en el centro de las pesquisas de la Fiscalía después de que este periódico desvelase que 12 habitantes (de 5.700 vecinos), todos ellos con nexos comunes, lograran altas calificaciones en las oposiciones no solo de la Seguridad Social, sino también de Hacienda y ADIF.  Por si esta concentración no resultase lo suficientemente anómala, siete de los aspirantes que obtuvieron sobresalientes en la oposición de la Seguridad Social en Galicia figuraban también como aprobados en listados oficiales de distintos procesos nacionales, según el cruce de resoluciones hecho por este diario. En otras palabras, estas siete personas, todas ellas examinadas en La Coruña, tenían una plaza de funcionario ya en el cuerpo de Auxilio Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia; en ADIF; o en la Administración General del Estado (AGE). 

Las irregularidades en los procesos selectivos esconderían detrás un supuesto entramado corrupto que vendería plazas en organismos públicos a cambio de grandes sumas de dinero. Todo bajo el mismo modus operandi: reuniones en hoteles, pagos de entre 20.000 y 60.000 euros dependiendo de la oposición y la entrega de pinganillos para el chivatazo de las pruebas, según han revelado fuentes conocedoras de estos hechos. La venta de plazas para ser funcionario del Estado no solo se limitaría a la Seguridad Social; entre la cartera de opciones se incluirían también Instituciones Penitenciarias, Hacienda, la Administración General del Estado (AGE) y la Policía Nacional. 

Lo que preocupa entre los opositores es que la Administración siga permitiendo salir de las oposiciones a los aspirantes a la media hora de que hayan comenzado las pruebas. A juicio de distintos afectados en las oposiciones investigadas del departamento de Elma Saiz, eso fue lo que provocó la falla de seguridad y las irregularidades en los exámenes de la Seguridad Social. «Se cree que muchos fotografiaron las pruebas y, una vez fuera, se filtraron las respuestas», advierten. Cabe destacar que fue el propio ministerio el que trasladó las anomalías detectadas al Ministerio Público tras las denuncias de varios aspirantes y realizar una auditoría interna.

Malestar entre los opositores de Galicia

El problema está ahora en que la Seguridad Social ha permitido el ingreso entre sus filas a todos los funcionarios que superaron las oposiciones, incluyendo a los que están bajo investigación, provocando gran malestar entre varios aprobados. A la espera de que el ministerio publique la resolución de destinos de estos empleados públicos, el malestar se multiplica entre los gallegos que querían obtener la plaza en su comunidad autónoma y ahora podrían verse obligados a irse a otra región, después de conocer que el número de vacantes asciende a 65 y más de la mitad serán presumiblemente para aquellos que obtuvieron irregularmente las mejores notas.

Un escenario que ha desencadenado la propia Seguridad Social después de rechazar los recursos de decenas de afectados que pedían como medida la suspensión temporal del proceso selectivo mientras el fiscal culminaba sus pesquisas respecto a la oposición. El ministerio consideró, sin embargo, que debía prevalecer «el interés general y de terceros», habida cuenta de que la suspensión frustraría «las legítimas aspiraciones de quienes verían dilatada innecesariamente su nombramiento e incorporación a sus destinos obtenidos […] con consecuencias personales, familiares y laborales perjudiciales para sus intereses», según defendió en un escrito.

Ahora, la realidad es que la continuidad del proceso ha perjudicado a quienes querían determinados destinos. Una situación por la que decenas de funcionarios están barajando acciones legales, una vez se publiquen los destinos, aseguran fuentes próximas a los afectados. «Mucha gente lleva negando esta posibilidad todo el proceso, pero ahora que ven que la Administración no ha hecho nada… se han dado cuenta. La realidad es que los que amañaron las oposiciones nos van a joder la plaza. Ellos son 33, y quedan otras 30 plazas para los que aprobamos en Galicia, que somos muchos más, claro», critican estos futuros funcionarios.