Prisiones coloca carteles en los módulos de las cárceles para acelerar la regularización

Prisiones ha relanzado la regularización y algunas cárceles, como la de Zuera (Zaragoza), han colocado carteles esta última semana para volver a informar a los presos preventivos en situación irregular de que pueden acogerse al proceso iniciado por el Gobierno hace un mes para dar permiso de residencia a —al menos— medio millón de inmigrantes. «Para los internos extranjeros interesados y que puedan acogerse al proceso extraordinario de regularización en curso, podrán solicitar información al efecto depositada en la cabina de funcionarios. Para ampliación de la información, dirigirse al educador del módulo», reza la circular que se ha repartido por todos los módulos del penal aragonés. 

A finales de abril, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remitió una comunicación a las 80 cárceles que dependen del Ministerio del Interior para informar a los internos en prisión provisional —y sin condenas previas— sobre la regularización y ayudarles a conseguir la documentación en cumplimiento del decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que exige que no existan antecedentes penales, pero sí permite tener, en algunos casos, policiales, siempre y cuando el solicitante no suponga «un peligro para la seguridad pública». El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska calcula que la medida puede afectar a 3.500 presos preventivos. 

Desde esa comunicación a los centros, advierten fuentes penitenciarias, decenas de reclusos han tramitado su solicitud, cuya gestión ha quedado en manos de los trabajadores sociales de las prisiones. De esta forma, los presos se han ahorrado las colas para conseguir los informes que pide el Gobierno, a diferencia de sus compatriotas que, en algunos casos, han llegado a dormir frente a algunas embajadas para conseguir los documentos a tiempo. La posibilidad de que se pueda regularizar a presos ha despertado malestar entre los funcionarios de prisiones y así como en la Policía. 

Complica las expulsiones

En la Policía existe cierta preocupación por lo «contradictorio» de la medida con el modelo actual de gestión migratoria. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) advierte que la prisión preventiva «responde a una decisión judicial basada en indicios de delito y en la existencia de riesgos como fuga o reiteración [y que] ignorar ese contexto en un procedimiento administrativo supone tensionar los propios criterios de seguridad que el sistema dice proteger».

Por otro lado, fuentes policiales sostienen que conceder la residencia legal a los presos extranjeros «complicará aún más las expulsiones», ya que no se podrá enviar a los reclusos a sus países, como sucede con los inmigrantes en situación irregular condenados. Estas fuentes explican que tanto la expulsión por vía administrativa como judicial exigen valorar el arraigo, que se construye sobre la base de la residencia legal. Cabe destacar, además, que los policías de Extranjería no serán quienes valorarán los perfiles delictivos, sino funcionarios de Migraciones.

Esta situación se produce en un escenario especialmente delicado: España presenta un desfase estructural entre las órdenes de expulsión dictadas y las ejecutadas. En los últimos años, solo una parte mínima de las expulsiones acordadas llega a materializarse, debido a problemas de identificación, falta de cooperación consular o saturación administrativa. En este contexto, facilitar la regularización a presos supondrá un cambio de lógica: «Que personas que, en otros escenarios, estarían en el circuito de expulsión pas[e]n a integrarse en un procedimiento administrativo sin que previamente se haya resuelto ese déficit estructural», señala el SUP. 

Más laxo con los antecedentes policiales

La posibilidad de que presos preventivos extranjeros puedan regularizar su situación en España es una evidencia más de que el proceso será más laxo a la hora de evaluar los antecedentes policiales que tengan los solicitantes. Tal como contó THE OBJECTIVE, el requisito más estricto para que los inmigrantes en situación irregular puedan obtener el permiso de residencia es que cuenten con un certificado oficial de carencia de antecedentes penales expedido por su país de origen. Sin embargo, a la hora de valorar los perfiles de quienes hayan cometido delitos pero no tengan una condena, el texto es más ambiguo.

La novedad de la norma, desconocida hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es que supuestamente cada solicitante —que deberá haber residido en el país al menos cinco meses consecutivos antes del 1 de enero de 2026— contará con un informe elaborado por la Policía sobre sus antecedentes. No obstante, Migraciones explica que la existencia de antecedentes en ese informe «no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización». En ese caso, prosigue el texto, el órgano competente para tramitar la solicitud valorará de «forma casuística y circunstanciada que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea».

En otras palabras, un funcionario del Ministerio de Migraciones decidirá si la comisión de unos delitos u otros cumple o no con ese requisito de seguridad del país, siempre y cuando el inmigrante cuente previamente con un certificado oficial que demuestre no tener antecedentes penales (condenas) en España y los países en los que haya vivido en los cinco años previos a su entrada a territorio español. Cabe destacar que la tramitación y resolución de expedientes depende exclusivamente del departamento dirigido por Elma Saiz. Aunque la Policía incluye los citados informes, la última palabra la tienen los funcionarios de la UTEX, una oficina centralizada de Migraciones en Vigo.