El Gobierno recaudará entre 20 y 40 millones por la tasa de la regularización masiva
Los alcaldes denuncian que llegará a cobrar hasta 38,28 euros por cada inmigrante, incluso a los vulnerables
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz | Eduardo Parra (EP)
El Partido Popular ha alertado sobre el negocio que puede suponer para el Gobierno de Pedro Sánchez la regularización masiva de inmigrantes, al cobrar 38,28 euros. La portavoz de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado a THE OBJECTIVE que el Ejecutivo puede llegar a recaudar entre 20 y 40 millones de euros, ya que están afirmando que pueden regularizar entre medio millón y un millón y medio de inmigrantes irregulares. A su juicio, el Ejecutivo de Sánchez está «haciendo negocio con los vulnerables».
Los alcaldes están en pie de guerra contra el Gobierno de Sánchez por haberles endosado la tramitación de la regulación masiva de inmigrantes sin haberles facilitado medios, tanto materiales como económicos. Una situación que les obliga a incrementar presupuestos para pagar horas extras y más disponibilidad de personal para atender la demanda. Mientras que a las administraciones locales se les presiona con este gasto, el Gobierno gana dinero. Ello ha llevado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por la popular María José García Pelayo, del PP, a levantar la voz y denunciar lo que califica como «despropósito».
La portavoz de la FEMP, Natalia Chueca, asegura a este periódico que «no se entiende que se le quiera cobrar a gente que, en teoría, es vulnerable» y se pregunta «cómo puede ser que los ayuntamientos estemos ayudando en todo e incurriendo en más gastos sociales y el Gobierno haga negocio con los más vulnerables». En este sentido, critica que, «en vez de darle los papeles para que vengan a trabajar, en unos meses cobran el ingreso mínimo vital y todos los servicios de educación que asumen las comunidades autónomas».
La alcaldesa de Zaragoza recuerda que «la regularización que hizo en su día el presidente José María Aznar estaba vinculada al empleo» y se llevó a cabo «porque había una necesidad de mano de obra y de trabajadores; la gente venía con un contrato de trabajo y para trabajar». Sin embargo, apuntan que «lo que se ha hecho ahora es asimilar en el decreto la inmigración irregular a vulnerabilidad», pero que a la hora de certificarla «no hay criterios objetivos».
La responsabilidad de esta regularización, dice la portavoz de la FEMP, «se la han echado a los ayuntamientos, a los servicios sociales y a las fundaciones y entidades del Tercer Sector que están acreditadas». Ello ha motivado que haya «enviado un escrito a la Delegación del Gobierno y al ministerio solicitando una aclaración porque, si equiparan inmigración irregular con vulnerabilidad, tienen que asumir estos casos».
Chueca insiste en que «el decreto ley debe estar acompañado por una memoria económica que refleje los gastos que van a tener que hacer el resto de instituciones», ya que subraya que «el Gobierno lo que no puede hacer es invadir los ayuntamientos». Así, asegura que «hemos tenido que poner horas extras, más personal para gestionar la tramitación, sin que nos hayan avisado antes y sin habernos dotado económicamente para cubrir los gastos que estamos asumiendo los demás». Por el contrario, critican que «el Gobierno de España les está cobrando 38,28 euros en tasas a los irregulares, que a la vez son vulnerables».
La dirigente popular señala que muchos de estos inmigrantes que quieren regularizarse «no nos corresponden y están sujetos a protección internacional y el Gobierno de España no les está atendiendo; lejos de ayudarles o incurrir en gastos para sufragar las necesidades que tienen, lo que hacen es cobrarles». En su caso particular, afirma que «el delegado del Gobierno tiene trescientas plazas libres de protección internacional que no utilizan y tenemos a la gente en la calle, durmiendo en los parques o en la portada del albergue municipal», no dando «cobijo a las personas que vienen de Mali o Burkina Faso, que tienen derecho a protección internacional».
«Un despropósito»
La alcaldesa de Zaragoza llega a afirmar que el momento elegido para la regularización ha sido «calculado» porque «han tenido dos años para hacerla», subrayando que «termina el 31 de junio y no han hecho nada para hacerlo bien, no han hablado con nosotros y, de golpe y porrazo, lo hacen en dos meses y medio». Un «despropósito para tapar la corrupción e intentar perjudicar las elecciones andaluzas».