El Gobierno se olvida de los alcaldes e incumple su promesa de dar dinero para la regularización

El Gobierno está incumpliendo su promesa de firmar un convenio con los alcaldes para dotarles de presupuestos con los que poder tener más medios y afrontar el caos generado por la aprobación de la regularización masiva. Han pasado ya casi 15 días desde que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, mantuvo una reunión con el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, y no han vuelto a tener ningún contacto para comenzar a consensuar los términos del citado convenio, según aseguran a THE OBJECTIVE fuentes de esta federación.

El pasado 14 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que permite la regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en España. Esta norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 15 de abril, entrando en vigor el día 16. En ese momento se abrió el periodo de solicitudes de manera telemática y el 20 de manera presencial. El inicio de los trámites desbordó a los ayuntamientos de España que tienen mayor porcentaje de inmigración en sus territorios, ya que sus servicios tenían que atender un proceso para el que no cuentan ni con medios ni con presupuestos.

El Ejecutivo de Sánchez no contó con los ayuntamientos para coordinar este dispositivo y lo único que hizo fue enviarle a la Secretaría General de la FEMP un correo electrónico con una carta firmada por la secretaria de Estado el 17 de abril, días después de aprobarse la regularización, con información relativa al proceso. En esa misiva les dicen, cuando está en marcha la regularización, que quieren tener una reunión. Un contacto que no se produce hasta el 24 de abril. La sorpresa es máxima en la federación de alcaldes, ya que el pasado 26 de marzo se celebró, por primera vez en este mandato, una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Las fuentes de la FEMP consultadas por este periódico consideran que en este foro es donde podían haber abordado la futura regularización y preparar los medios para afrontarla.

Las quejas de los ayuntamientos tuvieron como resultado que la Secretaría de Estado de Inmigraciones convocó una reunión el 24 de abril, según la nota de prensa remitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «para avanzar en la cooperación en el proceso de regularización de personas migrantes, en el marco de diálogo constante que mantienen desde hace tiempo». Un diálogo que la FEMP rechaza haber mantenido con este departamento ministerial sobre la regularización.  

El ministerio añade que se ha reforzado «esta colaboración» y que «ambas partes se han emplazado a firmar un convenio, en el que ya se venía trabajando hace tiempo, que entre otras cosas facilitará la cooperación técnica y el flujo de información, para mejorar la capacidad de actuación en todo el territorio nacional». Una manera, dice el ministerio, de «resolver dudas, aclarar aspectos del trámite y poder agilizar todos los procedimientos en los que están colaborando los ayuntamientos de todo el país de cara a este proceso extraordinario».

Colapso en los ayuntamientos

A pesar del colapso de los servicios municipales y de la necesidad de solventar de inmediato los problemas que está provocando esta situación para prestar el resto de los servicios públicos, quince días después la FEMP no ha vuelto a tener ningún contacto con la Secretaría de Estado para avanzar en este convenio. El malestar es grande porque, a la vista de la falta de interés, esta federación de alcaldes no duda en afirmar que «lo que querían con esta reunión es hacerse la foto y callar la polémica, pero nada más».

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, reclamó al Gobierno en esta reunión una financiación extraordinaria para los ayuntamientos ante el impacto del proceso de regularización. Además, lamentó que no se hubieran previsto refuerzos para las entidades locales, pese a las dificultades que están teniendo que afrontar. Así, mientras las oficinas de extranjería de la Administración General del Estado han contado con el refuerzo de Tragsa y de Correos, no se ha previsto respaldo para las entidades locales.

Trabajo excepcional

Martínez-Sicluna le recordó a Pilar Cancela que la FEMP ya puso de manifiesto las dificultades que supondría este proceso para las entidades locales, como recogen las alegaciones formuladas en febrero de este año. En este sentido, subrayó, según la FEMP, que «se trata de una carga de trabajo excepcional concentrada en un corto espacio de tiempo que deberán afrontar los servicios sociales». Por todo ello, la federación le trasladó que «hubiera sido deseable que el encuentro se hubiera convocado con antelación a la aprobación del real decreto».