Sánchez tendrá que enviar al Congreso los informes que avalan la regularización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que enviar al Congreso de los Diputados todos los informes que justifican la regularización de inmigrantes que se ha puesto en marcha, tras la aprobación de un real decreto que permitirá este proceso extraordinario. Aunque el Ejecutivo ha intentado eludir el control del Parlamento, el Grupo Parlamentario Popular ha impulsado la creación de una ponencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en cuyo plan de trabajo, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se solicita una abundante documentación.

El pasado 14 de abril, el Consejo de Ministros aprobó la regularización masiva de inmigrantes sin tener en cuenta la iniciativa legislativa popular (ILP), que entonces se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados y con un duro informe del Consejo de Estado, que cuestionaba algunos aspectos de la misma. El órgano consultivo emitió un dictamen favorable, pero pidió que las personas que se acogieran a esta regularización acreditaran suficientemente carecer de antecedentes penales; detectó una «laguna llamativa» en el impacto presupuestario de la regularización; e incluyó reproches sobre la construcción jurídica de la norma, advirtiendo del «desorden y falta de sistemática» en la estructura normativa.

Igualmente, cree que habría sido «recomendable» recabar el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, muestra sus dudas sobre la elección de la empresa Tragsa para «colaborar en las muy complejas tareas administrativas de gestión de las solicitudes» y sobre Correos, avisa que representa «otra dificultad» para que sus servicios «puedan eficazmente organizarse y prestarse dentro de los plazos de tramitación de los procedimientos contemplados por el proyecto».

Antes de conocer este real decreto y el informe del Consejo de Estado, el Partido Popular utilizó la mayoría con la que cuenta en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y el Senado para aprobar una ponencia en la que se analizara la regularización, dando voz a expertos. La lista de comparecientes y el plan de trabajo fueron aprobados en una reunión celebrada este miércoles. En total serán 20 comparecientes y está previsto que los trabajos finalicen en noviembre y se emita un informe final antes del 31 de diciembre.

Al margen de lo que puedan decir los comparecientes, lo más destacado de esta ponencia es la ingente documentación que el Gobierno tiene que enviarle a los 16 diputados y senadores que la integran (cuatro del PP, cuatro del PSOE, dos de Vox y uno de Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y Grupo Plural).

La información relativa al expediente normativo se concreta en la Memoria del análisis de impacto normativo (MAIN) completa del real decreto, incluyendo sus apartados de impacto económico, presupuestario, organizativo, de género y sobre las cargas administrativas; las versiones previas del texto remitidas a los órganos consultivos y cuadro comparativo con los cambios introducidos tras el dictamen del Consejo de Estado; el dictamen íntegro del Consejo de Estado sobre el proyecto de real decreto y relación motivada de observaciones aceptadas y rechazadas; los informes preceptivos de la Secretaría General Técnica del Ministerio, de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada; y, finalmente, el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa sobre la tramitación urgente y la adecuación del instrumento elegido.

Sobre las estimaciones y el perfil de los beneficiarios, la comisión quiere conocer la metodología y fuentes de la estimación de 500.000 beneficiarios potenciales manejada por el ministerio, con horquillas baja y alta y escenarios de sensibilidad; la distribución prevista por nacionalidad, provincia y perfil (cuenta ajena, cuenta propia, arraigo familiar, menores acompañados); la previsión del volumen total de expedientes a tramitar (incluidos denegados y recursos) y de la tasa esperada de resolución en plazo; y las series históricas de arraigos concedidos (social, laboral, familiar y por formación) y de sus tasas de renovación en los últimos cinco años.

Detección de fraude

Del despliegue operativo que se ha puesto en marcha, reclaman el plan con especial interés en el personal previsto en Oficinas de Extranjería, presupuesto finalista asignado, calendario de tramitación y plazos medios previstos por tipo de expediente; el protocolo de verificación documental (empadronamiento, contratos, antecedentes) y mecanismos de detección de fraude aplicables en la fase de admisión; el mapa de carga previsto por Delegación y Subdelegación del Gobierno y medidas de redistribución de recursos humanos y materiales; y el informe sobre la cobertura del Sistema de Acogida de Protección Internacional ante el incremento potencial de demanda derivado del proceso.

En relación con los contactos mantenidos en el ámbito europeo, reclaman la «relación completa de comunicaciones formales cursadas por el Reino de España a la Comisión Europea» en relación con la medida: fechas, contenido y respuestas recibidas; la aclaración específica sobre la afirmación del comisario Magnus Brunner, en respuesta escrita de 8 de abril de 2026, según la cual la Comisión no había recibido comunicación oficial de España sobre la medida anunciada el 27 de enero; y la valoración oficial del ministerio sobre el encaje del real decreto en el Pacto de Migración y Asilo y en el acervo Schengen.

Al Ministerio del Interior le pide sobre la seguridad y criminalidad asociada el informe del Citco (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) sobre riesgos de infiltración, utilización indebida por redes de crimen organizado, trata de seres humanos y tráfico de personas en procesos masivos de regularización; el de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras sobre patrones documentales fraudulentos detectados (kits de empadronamiento, contratos simulados, certificados falsos) y sobre la oferta de documentación irregular en redes sociales y mensajería cifrada; y el del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) y de las unidades de análisis del Ministerio sobre la evolución del fraude documental en los últimos cinco años.

Igualmente, en cuanto a la capacidad policial reclaman el informe de la Dirección General de la Policía sobre la capacidad operativa de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Ucrif, Brigadas de Extranjería y Documentación ante el volumen previsto; el específico sobre el impacto en la Ucrif y el coste de oportunidad de detraer recursos de investigación de trata y tráfico de personas hacia tareas de gestión administrativa; el cuadro de efectivos actuales en unidades de extranjería por provincia, déficit estimado y plan de refuerzo previsto para la fase de tramitación; así como la aportación escrita de las organizaciones sindicales representativas (SUP, Jupol, CEP y, en el ámbito de la Guardia Civil, Jucil) sobre medios, saturación de oficinas y garantías de verificación.

Entre otra documentación y sobre las órdenes de salida y expulsiones, quieren conocer la serie 2020-2025 de órdenes de salida dictadas frente a ejecutadas, desagregada por nacionalidad, causa de no ejecución, comunidad autónoma y tipo de procedimiento; el informe específico sobre la desviación registrada en 2024 (51.025 órdenes de salida) frente a las 3.398 expulsiones ejecutadas en 2025, sus causas y medidas correctoras; el estado actual de los acuerdos de readmisión con los principales países de origen y de tránsito, especialmente con Argelia, Marruecos, Senegal y Mauritania; y el informe sobre el impacto esperado de la regularización en la capacidad de expulsión: número estimado de personas que pasan de la condición de expulsables a regularizables.