El PP fuerza en el Congreso el debate sobre la regularización que Sánchez intentó esquivar
La formación activa la Ponencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional donde comparecerán expertos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. | Eduardo Parra (EP)
El polémico decreto de regularización de inmigrantes aprobado el pasado martes por el Gobierno de Pedro Sánchez no podrá esquivar el debate en el Congreso de los Diputados, aunque su aplicación es automática y no tiene que ser convalidado. El Grupo Popular ha aprovechado la mayoría con la que cuenta en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para aprobar la constitución de una Ponencia, que empieza este martes a trabajar, donde comparecerán expertos en la materia para pronunciarse sobre la misma. «Es lo que tenía que haber hecho el Congreso y Francina Armengol, que ha estado bloqueando la tramitación», comentan a THE OBJECTIVE fuentes parlamentarias, en referencia a la Iniciativa Legislativa Popular de la que parte la regularización.
El PP cree que Sánchez evita el Congreso de los Diputados. Por eso evitan cualquier rendija por la que quiera escapar. Si la presidenta del Congreso de los Diputados mete en «el congelador» las proposiciones de ley y no de ley que los populares aprueban con su mayoría en el Senado, el grupo parlamentario utiliza su mayoría en algunas comisiones para mantener vivos los debates. Es lo que ha sucedido con la polémica regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno.
Inicialmente, esta medida tendría que haber sido aprobada o rechazada por el Congreso de los Diputados como Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Una propuesta avalada por 500.000 firmas y por varios colectivos sociales. El texto fue tomado en consideración por el pleno de la Cámara Baja en abril de 2024 y se encontraba en fase de tramitación de enmiendas. Sin embargo, el PSOE, consciente de que no tenía mayoría parlamentaria para consensuar un texto final, decidió aparcarla. Durante este tiempo, el Gobierno ha amagado con aprobar la propuesta, pero no ha sido hasta el pasado martes cuando, vía decreto, sin contar con el Parlamento, aprobó en Consejo de Ministros la medida.
Una iniciativa que va en contra incluso de lo que aprobó el Congreso de los Diputados el 18 de marzo. Concretamente, una moción del Grupo Popular que rechaza la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno. Los populares consiguieron el respaldo de Junts, junto con Vox y UPN, para instar al Ejecutivo a renunciar, de inmediato, a la regularización extraordinaria de inmigrantes por carecer de requisitos, ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. El apoyo de Junts al PP fue clave para el Gobierno, ya que constataron que era imposible aprobar una regularización sin hacer concesiones a la oposición.
Sánchez decidió aprobar un «decretazo», como lo definen las fuentes parlamentarias consultadas, y así evitar el Congreso. Pero los populares, antes de conocer la decisión de Sánchez, utilizaron su mayoría en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para aprobar una Ponencia y abrir un amplio debate sobre la regularización. Se trataba de amplificar la polémica para dar voz a expertos que puedan pronunciarse sobre esta medida.
Coincidiendo con la aplicación de la ley, que, una vez aprobada, ya se puede ejecutar sin necesidad de ser convalidada, el Grupo Popular reúne este martes la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para constituirse y fijar el calendario para empezar a diseñar el plan de trabajo y el listado de comparecencias de expertos, que será público en los próximos días. Esto, dicen las fuentes parlamentarias consultadas, «es lo que debería haber hecho el Gobierno», en relación a abrir un debate parlamentario. Los trabajos de esta ponencia no tendrán ningún efecto en la legislación ya aprobada por el Gobierno, que, al ser un decreto, no puede ser enmendado por los grupos parlamentarios. «La Iniciativa Legislativa Popular ha quedado suplantada por el decretazo», insisten estas fuentes.
El Partido Popular se encuentra ahora mismo estudiando las posibilidades de recursos que tiene para frenar este decreto, ya sea en la justicia española como ante las instituciones comunitarias. Así lo ha manifestado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, en una entrevista con THE OBJECTIVE. Igualmente, otros partidos políticos están barajando también sus propios recursos. Al margen de la política, organizaciones como Hazte Oír y la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica han interpuesto recursos contencioso-administrativos solicitando la suspensión cautelar.