El PP pide una auditoría sobre los contratos del Ministerio de Igualdad entre 2020 y 2026
Los populares reclaman una revisión externa de la contratación pública en el departamento de Ana Redondo
Irene Montero y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
El Grupo Parlamentario Popular defenderá mañana en el Senado una moción para instar al Gobierno a hacer una auditoría «externa e independiente» de toda la contratación pública del Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género entre 2020 y 2025.
Esta iniciativa, propuesta para su debate mañana en la Comisión de Igualdad del Senado, critica el uso de contratos menores por parte del ministerio dirigido por Ana Redondo, tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas sobre la contratación menor en 2024 en el Área de Gasto 2 de los Presupuestos Generales del Estado.
El PP recuerda en su texto registrado en el Senado que el Tribunal de Cuentas detecta un uso «excesivo, no suficientemente justificado y en muchos casos inadecuado» del contrato menor, especialmente para necesidades recurrentes que deberían haberse planificado mediante procedimientos ordinarios.
Frente a esto, los populares piden la citada auditoría externa de las contrataciones, poniendo especial atención al uso de contratos menores y de patrocinio frente al régimen de subvenciones, el cumplimiento de los límites legales y la motivación de los expedientes, la eficiencia y el impacto real de los contratos, incluidos los firmados con medios de comunicación.
El PP también exige remitir esa auditoría al Senado en un plazo máximo de seis meses, junto con un plan de medidas correctivas, y aceptar y aplicar de forma inmediata las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, garantizando que el contrato menor sea estrictamente excepcional, motivado y conforme a la ley.
El PP exige «canalizar»
En la misma línea, la moción del PP exige «canalizar» toda financiación a entidades privadas para la realización de actividades de interés social (premios, congresos, jornadas, seminarios, campañas de sensibilización u otras iniciativas similares) mediante el régimen general de subvenciones previsto en la legislación, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados.
La moción subraya además que en el 64% de los contratos fiscalizados por Igualdad los importes estaban muy próximos al límite legal de 15.000 euros, y que en el 68% de los expedientes no constaba adecuadamente cómo se calculó el valor estimado del contrato. El PP cree que esto impide comprobar si se ha fraccionado el gasto o eludido la ley.
El texto también menciona un contrato concreto con un medio digital para difundir contenidos sobre «nuevas masculinidades tóxicas en entornos digitales» con motivo del 25‑N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, señalando su «escaso» impacto frente al coste económico, como ejemplo de posibles ineficiencias en el uso de fondos públicos.
En conjunto, el PP sostiene que estas prácticas debilitan los principios de transparencia, concurrencia, objetividad e igualdad, y reclamará reforzar el control sobre la contratación de Igualdad y sus organismos dependientes.