Alma Ezcurra (PP): «Sánchez agita la bandera de la inmigración para tapar su corrupción»

Alma Ezcurra (Madrid, 1986), eurodiputada y vicesecretaria general de Política Sectorial del Partido Popular, analiza en una entrevista concedida a THE OBJECTIVE el decreto para la regularización de inmigrantes aprobado esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez. La dirigente popular lo define como «una chapuza» llena «de conceptos jurídicos indeterminados», y acusa a Sánchez de agitar «la bandera de la inmigración para tapar su corrupción». Ezcurra está convencida de que al presidente del Gobierno le mueve una motivación electoral para impulsar esta medida y advierte de que «no es casual que, a un mes de las elecciones en Andalucía, apruebe una regularización masiva».

PREGUNTA.- Considera la regularización de inmigrantes una «temeridad» y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ha tachado de «disparate». ¿Cuáles son las consecuencias más peligrosas que puede tener esta decisión? 

RESPUESTA.- Es una medida perjudicial para las personas que han venido a España cumpliendo la ley, cada plazo, cada trámite, y ven cómo gente que no cumple estos requisitos, es premiada. Es malo para los que están por venir y esta es una de las consecuencias peligrosas. Gente que, atraída por la idea de que la ilegalidad se premia y que está en situaciones gordas de desesperación, se va a echar en brazos de las mafias y se va a arriesgar a perder su vida en el mar porque merece la pena. También es malo para los inmigrantes que se van a regularizar con este sistema, porque no hay un itinerario de integración y no está vinculado al empleo. Si regularizas a la gente y no le das una solución, un aprendizaje del idioma y no lo vinculas a un contrato de trabajo, van a tener un problema de integración y su precariedad se va a cronificar. España vive una situación grave y la entrada de 1,2 millones de personas en el sistema es un problema. 

P- El Gobierno ha utilizado la puerta de atrás para aprobar esta medida, un decreto sin rango de ley, ignorando la iniciativa legislativa popular (ILP) que se estaba tramitando en el Congreso. ¿Qué teme el Gobierno con esta maniobra?

R.- Tiene miedo a las mayorías y a los consensos. El problema de esta ILP es que, una vez que entró y un amplio número de diputados la tomaron en consideración, llegó a su fase de enmiendas y cada grupo político fijó posición. El Partido Popular dijo lo que dice ahora: regularización masiva no, sino una regularización individualizada vinculada al empleo; con requisitos muy firmes en términos de antecedentes penales y policiales. La cuestión es que no encontraba una mayoría parlamentaria, y murió en eso que, con todas las de la ley o del Tribunal Constitucional, podemos decir que es el congelador de la democracia. Como no conseguía una mayoría y tiene una situación de debilidad política y parlamentaria, decidió pactar con Podemos esta medida y decir que era tan urgente, que merecía la pena no cumplir los trámites, saltarse todos los plazos. Por eso decimos que se aprueba por la parte de atrás. El Gobierno tiene miedo a los consensos parlamentarios porque sabe que ya no los tiene. 

P.- ¿El hecho de que el Gobierno haya hecho caso a las objeciones del Consejo de Estado refleja que sabe que puede tener problemas con el decreto?

R.- No recuerdo un informe del Consejo de Estado tan demoledor como este. Es uno de los informes más prolijos en términos de observaciones. Hay cosas a las que no ha hecho caso, por ejemplo, a los documentos de identidad no caducados. El Consejo de Estado recomendaba que los documentos acreditativos de la identidad estuvieran en vigor porque eso es lo que te permite la trazabilidad de esa persona. Es una norma en la que hay muchas diferencias entre el documento original y el final. Ha cumplido con los requisitos del Consejo de Estado, pero de una manera cosmética. Es una norma que es una chapuza, llena de conceptos jurídicos indeterminados. El Consejo de Estado decía que había que eliminar la presunción de vulnerabilidad, ya que el borrador inicial decía que tendrá que ser considerada vulnerable a la persona en situación irregular. Por lo tanto, todo el mundo era vulnerable. El Consejo de Estado lo atacó y el Gobierno lo que ha hecho es decir que declaren la vulnerabilidad las entidades del tercer sector o los servicios sociales, en una serie de circunstancias.

R.- Una de las correcciones que ha hecho el Gobierno ha sido eliminar la declaración responsable de antecedentes penales y exigir un certificado. Si no se hubiera hecho, ¿se abriría la puerta a que delincuentes pudieran entrar en España sin control? 

P.- En el Partido Popular no vinculamos inmigración y delincuencia. La mayor parte de la gente que viene a este país y, probablemente, muchos de los cientos de miles de personas que ya están aquí, son gente que cumple la ley, que no tiene antecedentes penales y no va a tener ningún problema en presentar esta documentación. El Gobierno dice que hay que presentar certificado de penales; si no lo consigues por la vía diplomática, yo intento conseguirlo y, si no lo consigo, tienes 15 días para intentar conseguirlo tú. Pero esta es la clave: ¿Cuál es la tasa de retorno que tenemos en España? No llega al 10%. El Gobierno lo que está diciendo es que las personas que reciban una resolución desestimada no se van a marchar. Por tanto, están regularizando a una amplia mayoría y dejando en una situación paralegal a otros tantos, que no consigan cumplir el requisito del certificado de penales. Si el Gobierno se comprometiera a retornar a todos aquellos que no lo tuvieran, se cumpliría ese requisito.

«No es casual que, a un mes de las elecciones en Andalucía, apruebe una regularización masiva»

P.- ¿El concepto de vulnerabilidad también puede ser un coladero?

R.- Lo resuelve de la peor manera posible, porque, al final, es tanto una chapuza que el Gobierno establece que podrán emitir el certificado de vulnerabilidad entidades del Tercer Sector inscritas en un registro que se creó a comienzos de marzo. Cuando se redactó el primer borrador, ese registro no estaba configurado, ni siquiera estaba constituido. Y ahora no tenía ninguna entidad inscrita. Ahora las tendrá porque, obviamente, se ha puesto en marcha la regularización y las entidades se habrán inscrito para poder emitir esos certificados. Pero está la chapuza que, en el borrador original, remitían a un registro que todavía no existía, que estaba en fase de consulta pública. 

P- ¿Qué le parece que sean funcionarios de migraciones y no policiales los que tramitan y resuelven los expedientes de regularización? 

R.- El Cuerpo Nacional de Policía le ha dicho al Gobierno, desde el principio, que esta vía de solución de un problema creado por el propio Gobierno no era la adecuada; han hecho alegaciones al borrador del decreto, advirtiendo de que no es medio millón de personas, sino que estamos hablando de que superan un millón y que supone un problema. Pues el Gobierno lo ha resuelto dándoles la solución a los funcionarios de extranjería y a Correos. Los funcionarios de extranjería están en huelga. No tengo nada más que decir. Con la Policía no cuenta porque ya sabe que iba a tener un problema con ellos. Lo más garantista era que la Policía participara del proceso, por lo menos para la trazabilidad de los antecedentes policiales en un país que no garantiza agilidad en la Justicia. Es más que probable que una persona, cumpliendo el requisito de los cinco meses, si ha cometido algún delito, no tenga ningún juicio resuelto como para haber generado unos antecedentes penales en España. Eso es algo que se tiene que revisar y que el Gobierno no va a garantizar. 

P.- ¿Cree que el Gobierno será demasiado laxo a la hora de regularizar a los inmigrantes? 

R.- El Gobierno no es capaz de hacer frente a la avalancha que se le viene encima. Muchos ayuntamientos de España están absolutamente desbordados por las solicitudes, por los trámites que se están iniciando y más, con un decreto, que con la mera presentación de la solicitud, ya devenga derechos. Esto es insostenible.

P.- También parece ser que se acelerará la concesión de papeles para hijos de inmigrantes nacionalizados.

R.- Antes del decreto, los hijos y familiares de las personas que estaban en España tenían que irse para poder solicitar la residencia y ahora lo que hacen, con esta modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, es que lo puedan hacer desde España. El Gobierno está siguiendo una máxima, y es menos papeleo para el que no tiene papeles, y más papeleo para el que cotiza, trabaja y genera riqueza en este país.

P.- ¿El Estado del bienestar en España podría colapsar con la entrada de tanto inmigrante?

R.- El Estado del bienestar en España, en este momento, está en la UCI, por la mala fe de un Gobierno que recauda más que ninguno en toda la historia democrática y da los peores servicios. El Gobierno nos dice que la entrada de inmigrantes es necesaria para pagar las pensiones, que los que entran son cotizantes, y yo lo que creo es que, por el perfil de las personas que vienen, con baja cualificación, lo que están incorporando al sistema son beneficiarios. Hay medio millón de personas de origen extranjero que están cobrando algún tipo de prestación social, económica, sin trabajar una sola hora. El hecho de venir a cobrar una prestación social no debería ser un incentivo para venir a buscar una oportunidad en España y nos debería hacer reflexionar mucho como país y como sociedad. 

P.- ¿Esta manera de llevar a cabo la regularización, a espaldas del Parlamento, es un ejemplo claro de lo que dijo Sánchez de que gobernaría sin el Legislativo?

R.- Es uno más, que se suma a la paralización de leyes tan necesarias, demandadas por la sociedad y aprobadas en el Senado y que tendrían una mayoría en el Congreso, como pueden ser las de ocupación, del suelo, las indemnizaciones por los retrasos en la alta velocidad, numerosas leyes que podrían beneficiar a la gente de verdad y que el Gobierno ha decidido paralizar, porque el presidente dijo muy claramente que quiere gobernar a espaldas del Poder Legislativo. 

P.- El decreto de regularización lo considera una chapuza. ¿También una improvisación?

R.- Con este Gobierno hay que empezar a asumir que nada está improvisado. Llevan ocho años en el Ejecutivo y, deliberadamente, han decidido mirar para otro lado cuando eran conscientes de que la inmigración irregular estaba creciendo como nunca había crecido en democracia. En el año 2000 había, más o menos, según Funcas, un 2% de población nacida fuera de España. Ahora estamos en un 20%, una de cada cinco personas. En 2017, había 107.000 personas en situación irregular, y ahora Funcas habla de 840.000, 685% más. Si cogemos las cifras de llegadas irregulares del Gobierno, que básicamente solo tiene en cuenta llegadas en cayuco y saltos de valla, hay un desfase de más de 350.000 personas. El Gobierno sabe que están entrando personas en situación irregular y no está haciendo nada. No hay una coordinación política entre diferentes ministerios, entre las autoridades, y ahora se desmarca con un decreto completamente urgente, que no responde a esa urgencia. La importancia es la misma ayer, y lo será mañana, porque, mientras no ataquemos las causas, es perfectamente inútil hacer frente a las consecuencias.

P.- ¿Si no hay improvisación, hay un cálculo electoral ante la posibilidad de poder conseguir más votos de este colectivo? 

R.- Puede que el cálculo electoral sea una de las derivadas, pero creo que obedece a una razón mucho más importante, que es la supervivencia de Pedro Sánchez. Si Sánchez se encuentra en una situación de debilidad parlamentaria, lo saca del Parlamento y lo lleva al Consejo de Ministros. Si tiene una debilidad en su coalición de Gobierno y en sus apoyos, lo que hace es pactar con Podemos, no vaya a ser que se nos vayan del carril. Esto era una de las demandas más claras de Podemos. ¿Puede tener un efecto electoral? He sido una de las personas que más explícita he sido en este asunto: sí, claro que sí. Desde que Sánchez es presidente han llegado cerca de tres millones de personas, algo más de un millón en situación irregular. Supongamos que las regularizaciones son un millón o medio de personas; con la residencia legal, pueden solicitar la nacionalidad. Muchos de ellos son hispanos y tienen unos plazos más cortos para solicitar la nacionalidad. Una vez nacionalizados, van a poder votar. A esto se suma la ley de nietos, con 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad, y se han resuelto algo más de medio millón. No sé si hay una voluntad electoral, pero, desde luego, va a tener un impacto. En el caso de la ley de nietos, en las próximas elecciones, el plazo se cerró a octubre de 2025 y ya hay medio millón de nacionalizados, la mitad inscritos y la otra mitad pendientes de inscribir.

«La regularización es una chapuza llena de conceptos jurídicos indeterminados»

P.- El Parlamento Europeo, en un informe tras la visita de una misión de la Unión Europea, alertó en 2025 sobre el efecto llamada y la imposibilidad de realizar estas regularizaciones de manera unilateral. ¿Veremos un pronunciamiento de alguna institución europea en contra de esta medida de Sánchez?

R.- Por supuesto, no lo descarto. Cuando se dio a conocer el proyecto de regularización masiva, preguntamos de qué manera impactaba en el Pacto de Migración y Asilo, si afectaba el espacio Schengen y si contradecía los pronunciamientos, tanto de la Comisión como del Consejo Europeo, que han dicho que las regularizaciones masivas no pueden ser instrumentos estructurales de las políticas migratorias. La Comisión Europea ha dicho tres cosas: en un espacio sin fronteras interiores, las decisiones de un Estado impactan en el resto; la segunda, en Europa las reglas están para cumplirse; y, la tercera, que el Gobierno español no les ha informado de nada. Esta medida afecta a Europa porque va en la dirección opuesta al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Más allá del electoralismo de Pedro Sánchez, aquí lo que hay son vidas humanas en juego; la gente se está jugando su vida en el mar para venir a Europa a buscar una vida mejor y, si les lanzamos el mensaje de que la irregularidad tiene premio, se la van a seguir jugando y las mafias se van a seguir beneficiando.  

P.- ¿Sánchez ha desafiado a Europa y nadie le va a poder parar? 

R.- En Europa ningún trabajo es inútil si se hace de manera dedicada y constante. Sánchez ha dedicado muchos esfuerzos a hacerse un perfil contrario a los valores fundacionales. Va en la dirección opuesta al irse de la mesa de los aliados europeos y viajar a China en un momento como el actual. Imagínense la opinión de Sánchez que tienen otras delegaciones de partidos políticos. Sánchez está creando una imagen muy mala en Europa y yo lo que confío es que los europeos no confundan al Gobierno con sus ciudadanos.

P.- ¿Es posible que algún país de la Unión Europea cierre sus fronteras para impedir que esta inmigración que llega a España puede saltar a sus territorios?

R.- No lo creo, aunque ha habido pronunciamientos públicos por parte de posiciones extremas, la derecha francesa, en concreto. El espacio Schengen es un bien jurídico a proteger. A los europeos nos hace mejores la libre circulación de personas, bienes y capitales y es lo que nos convierte en el espacio de mayor prosperidad en el mundo. Solo espero que la capacidad que tiene Sánchez de degradar todo lo bueno que hemos construido no alcance al espacio Schengen.

P.- ¿El PP va a recurrir el decreto o lo dejará en manos de las comunidades autónomas?

R.- Cabe interponer un recurso contencioso-administrativo que tiene unos requisitos de legitimación activa que el Partido Popular no cumple, ni Vox, ni ningún partido político. La ventaja de esto es que el Partido Popular gobierna en la mayor parte de las comunidades autónomas y han dicho que se oponen a este decreto, lo van a recurrir y van a pedir medidas cautelares para intentar suspender sus efectos cuanto antes. 

P.- ¿Qué consecuencias pueden tener estas medidas cautelares si se aceptan?

R.- No se suspenderá la efectividad del Real Decreto hasta la resolución del procedimiento de las alegaciones jurídicas sobre la legalidad del decreto. En mi opinión, podemos entrar en un bucle porque este gobierno ha demostrado ser tozudo en sus intenciones y lo más probable es que irá haciendo modificaciones del decreto y aprobando nuevos decretos en Consejo de Ministros hasta conseguir lo que ellos pretenden. El Partido Popular no va a dejar sin explorar ningún instrumento, ni jurídico, ni político, ni parlamentario, ni en el ámbito nacional, ni en el europeo, para intentar parar esta insensatez.

P.- ¿Entiende la alarma social que ha generado esta medida?

R.- La alarma social no tiene tanto que ver con la regularización, ni con el incremento de la inseguridad en España. El español de a pie lo que percibe es que paga más, recibe menos, que sus carreteras están peor, que las citas médicas tardan más, que los trenes no llegan, que la falta de mantenimiento de las infraestructuras cuesta vidas. El 90% de los españoles siente que ha perdido poder adquisitivo y, además, también que hay más inseguridad en las calles. El español de a pie lo que piensa es que algo está pasando con su país y no lo entiende. 

P.- ¿Esta regularización es consecuencia de las malas expectativas electorales que tiene Pedro Sánchez para ganar al Partido Popular? 

R.- Pedro Sánchez va a hacer todo lo que esté en su mano y lo que no para evitar que haya una alternativa de Gobierno del Partido Popular en España. ¿Cómo? Agitando banderas identitarias para polarizar a la sociedad. No es casual que, mientras su entorno personal, su Gobierno y su partido circulan por los juzgados, anuncie una reforma de la Constitución para introducir el aborto. No es casual que, a un mes de unas elecciones en Andalucía, apruebe una regularización masiva.

P.- ¿Sánchez también agita la bandera de la inmigración para tapar su corrupción y seguir polarizando?

R.- Por supuesto, es una cortina de humo más. Lo que pasa es que las cortinas de humo de Pedro Sánchez tienen unas consecuencias muchas veces incalculables y la pena es que siempre lo pagan los españoles, y a ellos nadie les ha preguntado. 

«Sánchez hará todo lo que esté en su mano para evitar una alternativa de Gobierno del Partido Popular»

P.- ¿Es casualidad que el anuncio de la regularización de inmigrantes coincida con la visita del papa León XIV a España?

R.- Nada es casual con Pedro Sánchez. Aprovecho para decir que para el Partido Popular esta visita es histórica y la recibimos con mucha alegría y con mucha satisfacción. Es una suma de circunstancias: las elecciones andaluzas, los resultados de sus encuestas, que los más fiables son las elecciones en Extremadura, Castilla y León y Aragón, donde el PSOE no hace más que caer en picado. Es el intentar provocar la polarización de la sociedad y estamos viendo cosas verdaderamente sorprendentes, que Pedro Sánchez últimamente sea el más católico de todos, cuando ha sido uno de los mayores críticos con la Iglesia española, de la que ha dicho auténticas barbaridades, que en cualquier Estado democrático razonable serían motivo de vergüenza para un Gobierno. 

P.- ¿Teme el PP perder voto católico por rechazar la regularización de inmigrantes?

R.- El Partido Popular no debe temer nada, si todo se explica. La pregunta verdadera es cuál es la alternativa que tiene la Iglesia católica a esta regularización; en este momento, no hay ninguna. Es normal que la Iglesia católica esté preocupada por los derechos y por la dignidad de personas que se encuentran en una situación difícil en nuestro país y que la apoye. A mí lo que me gustaría es poder darles una alternativa, una alternativa desde un Gobierno del Partido Popular, en el que seamos capaces de satisfacer su preocupación con instrumentos legales serios que no cronifican el problema. 

P.- ¿Sánchez quiere enfrentar al Partido Popular con la Iglesia católica con este decreto de inmigración?

R.- Ha enfrentado a los jóvenes con los mayores, al campo con la ciudad, a las mujeres con los hombres, a los ricos con los pobres, a los trabajadores con los empresarios. Y ahora, también pretende hacerlo con la Iglesia católica, pero no lo va a conseguir. 

P.- Esta regularización no va a tener efecto en las próximas elecciones generales, ¿pero no cree que genera unas expectativas que le pueden venir bien electoralmente?

R.- El buenismo de pancarta tiene que tener una finalidad clara y, como a Pedro Sánchez solo le preocupa el poder, pues probablemente tenga una finalidad electoral. Lo que no sé es cómo será capaz de engañar a todo el mundo. 

P.- ¿Piensa que el viaje de Sánchez con su mujer Begoña Gómez a China, cuando se ha conocido que se sentará en el banquillo, es un desafío a la Justicia?

R.- Es tan grande la sombra de corrupción que el presidente tiene sobre sí, sobre su entorno, su familia, su Gobierno y su partido, que si tuviera que quedarse en España por si hay una citación judicial o una novedad judicial, tendríamos un presidente secuestrado en la Moncloa. Esto es increíble y plantea el tono moral y límites que son capaces de alcanzar los miembros de este Gobierno para mantenerse en el poder. 

P.- ¿Cómo valora el ataque a la Justicia que han lanzado miembros del Gobierno, sobre todo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuando se ha conocido que Begoña Gómez se sentará en el banquillo por cuatro delitos?

R.- Personalmente, con pena; políticamente, una temeridad. Creo que el Gobierno, en concreto el señor Bolaños, lo único que está haciendo es atender las demandas de su jefe. A los antecedentes hay que remitirse para darse cuenta de que esto ocurrió con el Fiscal General del Estado y ahora ocurre con el Notario Mayor del Reino, el ministro de Justicia, que ha equivocado el Ministerio de Justicia con el Departamento de Comunicación de Ferraz. Estoy completamente segura de que si este auto de procesamiento hubiera sido de cualquier otro ciudadano que no fuera la mujer de Pedro Sánchez, el ministro de Justicia no hubiera dicho nada.