Robles ofrece a los militares pisos compartidos en Madrid a 415 euros entre críticas a Ayuso
Defensa ofertará entre 350 y 400 plazas en un proyecto piloto en la capital por su «elevada presión residencial»
La ministra de Defensa, Margarita Robles (i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. | EP
El Ministerio de Defensa publicó este miércoles la orden que pone en marcha el primer proyecto piloto para que los militares compartan pisos en Madrid, ciudad donde se concentra una parte significativa de la demanda habitacional en España. En la práctica, supone implantar el llamado coliving que se está extendiendo entre los jóvenes ante la escasa oferta y los precios tan altos en algunos lugares.
«La creciente dificultad de acceso a la vivienda en determinadas áreas del territorio nacional, y en particular en la Comunidad de Madrid, está generando un impacto negativo en la movilidad geográfica del personal militar, dificultando la incorporación efectiva a los destinos asignados, así como la atracción y retención del talento», indica el departamento de Margarita Robles —en una velada crítica al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso— para justificar dicha medida, que tendrá una duración inicial de 24 meses.
La agencia EFE publicó a mediados de abril el borrador de la orden ministerial y anticipó que el objetivo es ofertar entre 350 y 400 plazas a partir del 1 de julio. Sin embargo, faltaban los precios que se van a ofertar a los militares a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied). En el texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, las cifras son llamativas: 415 euros al mes por una habitación individual y 345 euros si se trata de una habitación doble compartida. En dicho caso, cada uno de los inquilinos tendrá que abonar la citada cuantía. Los beneficiarios contarán con la posibilidad de una prórroga de este peculiar alquiler «hasta un máximo de 4 años».
Además, existen descuentos. Los generales y oficiales no tendrán reducción alguna, pero sí los suboficiales (10%) y los miembros de tropa y marinería (15%) que se apunten al coliving. En el caso de que un militar perciba la compensación económica por cambio de destino que implique cambio de residencia, la cuantía de la ayuda se incrementará en un 50%.
También habrá precios populares para alojamientos inferiores a un mes: aquellos que tengan una comisión de servicio indemnizable solo tendrán que pagar 40 euros al día (tropa y marinería) y 55 euros para los escalafones de generales, oficiales y suboficiales. Si la comisión de servicio no es indemnizable, entonces los primeros abonarán únicamente 15 euros al día, mientras que los segundos deberán pagar 30 euros por cada jornada de estancia.
Defensa aprobó un plan director para el año 2026 sobre movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, en el que se «recoge la necesidad de explorar modelos alternativos que permitan satisfacer las necesidades derivadas de dicha movilidad». En el caso concreto de Madrid, el departamento de Robles considera que la situación de la vivienda en la capital «exige la adopción de medidas que faciliten dicha movilidad y la adecuada incorporación a los destinos, especialmente en zonas con elevada presión residencial».
Este proyecto piloto, «orientado al desarrollo de modelos habitacionales de tipo coliving», combinará por tanto «el uso privativo de espacios individuales», como es una habitación, «con la utilización de zonas comunes» bajo un sistema «de gestión unitaria que integra servicios accesorios necesarios para el adecuado funcionamiento del inmueble». Esas zonas comunes serán, básicamente, las «cocinas, lavanderías o zonas deportivas», sin que ello implique «la prestación de servicios de naturaleza hotelera» ni una gestión «integral» de los usuarios. Solo habrá «servicios básicos necesarios» que garanticen «la habitabilidad, el mantenimiento y el uso adecuado de las instalaciones». Y todo ello, sin olvidar la máxima de «un uso eficiente de los recursos públicos y la convivencia en un entorno compartido».
«Las estancias en estas soluciones habitacionales combinan el uso privativo de habitaciones o espacios individuales con el uso compartido de zonas comunes y servicios accesorios necesarios para garantizar la habitabilidad y la correcta conservación de las instalaciones. Asimismo, incluye servicios tales como suministros, limpieza de zonas comunes, conectividad digital y mantenimiento, así como el acceso y uso compartido de espacios como cocinas, lavanderías o zonas deportivas», se señala en la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial de Defensa (BOD).
¿Quién podrá optar a este coliving? Los militares en activo o en la reserva destinados a la capital, así como aquellos en comisión de servicio, inclusive por la realización de cursos. Este alquiler tendrá «carácter administrativo, personal e intransferible», y no genera «en ningún caso derechos de naturaleza arrendaticia ni otorga expectativa alguna de permanencia más allá de los supuestos y plazos expresamente previstos en esta norma», avisa Defensa.
Prohibido subarrendar el piso compartido
Además, el citado Invied podrá dar por finalizada la presencia de un beneficiario con un preaviso de 30 días «por razones debidamente motivadas de interés público o necesidad operativa». La asignación de un piso compartido será incompatible con ser usuario de una vivienda militar del Invied, tener un pabellón de cargo a su disposición o ser propietario de una vivienda «en el ámbito territorial correspondiente». En este caso, la ciudad de Madrid.
El departamento de Robles también impone unos derechos y deberes para los militares que se beneficien de esta oferta de coliving. Entre los primeros está «el uso privativo del espacio asignado» —la habitación—, «el uso compartido de zonas comunes» —la cocina— y «acceso a servicios incluidos en la prestación». En cuanto a las obligaciones, los beneficiarios deberán observar «una adecuada conservación del inmueble» y queda prohibido «subarrendar», destinar el alojamiento o cederlo a terceros para «actividades económicas», así como «alterar su destino residencial» tras tomar posesión del mismo.
«Las personas titulares del derecho de uso estarán obligadas a respetar en todo momento las normas de convivencia que se establezcan, manteniendo una conducta adecuada y evitando cualquier actuación que pueda perturbar la tranquilidad, seguridad o bienestar del resto de residentes», concluye el ministerio.