Zapatero salva a su 'testaferro' para impedir que pacte con la justicia

José Luis Rodríguez Zapatero niega haber influido en el rescate de Plus Ultra. Durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama también se desmarcó de las operaciones de Julio Martínez Martínez, que «solo» le hacía «encargos profesionales». Su consultora, Análisis Relevante, que tenía como único cliente a Plus Ultra, abonó al expresidente del Gobierno casi medio millón de euros por «informes orales y escritos». La cautela del exdirigente socialista busca impedir que su amigo abra fuego contra él tras un presumible pacto con la Fiscalía. Tras el interrogatorio de este miércoles, el magistrado negó adoptar medidas cautelares pese a la petición de la Fiscalía.

Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que el empresario alicantino podría seguir la misma estrategia que Víctor de Aldama: colaborar con la justicia a cambio de rebajar una hipotética condena. Julio Martínez Martínez rompió a finales de mayo con Bernardo del Rosal, su abogado desde que fue imputado el pasado diciembre. En su lugar, fichó a la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, experta en pactos. Forjada en la guerra sucia de los GAL, ha ejercido de letrada de Luis Bárcenas y de su esposa en el caso Gürtel.

El cambio se produjo por «diferencias irreconciliables en la estrategia de defensa», según la renuncia de Del Rosal. El entorno de Julio Martínez Martínez, al que los investigadores señalan como el presunto testaferro de Zapatero, va más allá. Explica que se trata de un giro en la estrategia decidida tras la imputación del expresidente del Gobierno el pasado 19 de mayo. Ese nuevo escenario dejó noqueado al dueño de la consultora Análisis Relevante, que tras su detención ya había decidido tener contacto cero con su amigo para evitar cualquier exposición pública.

La declaración de Zapatero

Como avanzó este diario, el cerco a Zapatero agrietó los lazos de estricta confidencialidad que unían a Julio Martínez Martínez y al expresidente del Gobierno, que temió haber perdido el control sobre su hombre de confianza. Fuentes cercanas señalan que incluso comenzó a albergar serias sospechas de que el empresario alicantino estuviera intentando sellar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para eludir un horizonte penal que se antoja extremadamente adverso.

Zapatero, conocedor de la situación, se ha desmarcado de cualquier operación de Julio Martínez Martínez en su declaración de este miércoles ante Calama durante más de tres horas. En su interrogatorio, en el que solo contestó a las preguntas del juez y de su abogado, el expresidente del Gobierno se presentó como consultor internacional, negando así cualquier influencia en el rescate de Plus Ultra, a pesar de los mensajes de terceros haciendo alusión a su mediación que obran en poder de los investigadores.

En ellos se observa cómo uno de los accionistas de la aerolínea, Rodolfo Reyes, afirma a sus interlocutores: «Nuestro pana Zapatero detrás». En las conversaciones intervenidas por las autoridades de Estados Unidos también aparece el nombre del dueño de Análisis Relevante, al que Reyes escribió el 12 de marzo de 2021, tras la concesión del rescate: «Gracias Don Julio. Done!!! Firmado [sic]». Habían pasado apenas nueve días desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara la ayuda pública por 53 millones de euros.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional incluso detectó cuatro viajes a Caracas del presidente de la aerolínea y Julio Martínez Martínez juntos. Tres meses después, el empresario alicantino se vio con Reyes en Venezuela. «Saludos hermano chavista. Organiza algo para mi próxima visita», le anunció el 29 de mayo de 2021. «Vuelo PU [Plus Ultra]», le escribió. «Excelente la mejor aerolínea», contestó el accionista de la aerolínea.

Pagos de Análisis Relevante

Zapatero también se ha desmarcado del documento que firmó Julio Martínez Martínez con Plus Ultra para obtener parte del pastel. El empresario alicantino rubricó un contrato para cobrar una comisión del 1% del rescate, pero el expresidente del Gobierno insistió en que desconocía ese papel. Tras presentarse como consultor internacional, aseguró que simplemente elaboraba informes para Análisis Relevante. El acusado subrayó que desconocía sus negocios y que su amigo solo le hacía «encargos profesionales».

Julio Martínez Martínez pagó 490.780 euros a Zapatero a través de Análisis Relevante, que tenía como único cliente a Plus Ultra. La misma cantidad que la Audiencia Nacional bloqueó de las cuentas del expresidente del Gobierno. El empresario alicantino también remitió a la empresa de sus hijas, Whathefav, otros 239.755 euros. El exdirigente socialista defendió la actividad de la agencia de comunicación porque funcionaba. Durante su paso por la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Zapatero ya avanzó que fue él quien pidió a su amigo que Laura y Alba Rodríguez Espinosa se encargaran de las «tareas de marketing y comunicación».

Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». En un segundo nivel se desempeñarían Manuel Aarón Fajardo, hijo de un senador del PSOE, y Julio Martínez Martínez. Ambos ejercían como intermediarios directos con los clientes. En un tercer eslabón se situarían la secretaria del expresidente del Gobierno, María Gertrudis Alcázar, y Cristóbal Cano.

El juez sostiene que la trama Zapatero utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado». 

Los investigadores cifran entre dos y cuatro millones las comisiones que habría podido obtener la trama. El expresidente del Gobierno ha entregado a Calama «una autorización universal voluntaria» para demostrar que no tiene sociedades, dinero, ni productos financieros u otros activos fuera de España. No obstante, el juez ha señalado en un auto que el acusado «no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad».