Bruselas endurecerá el control de los fondos UE tras el informe del Tribunal de Cuentas

La Comisión Europea reforzará las exigencias de transparencia y trazabilidad sobre los fondos europeos después de la polémica abierta en España por el informe del Tribunal de Cuentas sobre las modificaciones presupuestarias vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Además, establecerá nuevas obligaciones para hacer públicos los beneficiarios finales de ayudas y contratos financiados con fondos europeos. Así lo han asegurado fuentes de la Comisión Europea consultadas por THE OBJECTIVE tras las preguntas formuladas en Bruselas por eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) sobre el control de los fondos Next Generation en España.

La respuesta comunitaria llega después del choque interno surgido en el Tribunal de Cuentas durante la fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024. Varios consejeros emitieron un voto particular cuestionando la motivación jurídica de determinadas modificaciones presupuestarias relacionadas con créditos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La controversia se centró especialmente en dos modificaciones presupuestarias por unos 2.389 millones de euros destinadas a financiar las prestaciones de Clases Pasivas y complementos de pensiones mínimas mediante reducciones de créditos vinculados al PRTR y al MRR, una operación que el Tribunal consideró insuficientemente justificada desde el punto de vista presupuestario.

Control de fondos europeos

Ese debate terminó llegando al Parlamento Europeo, donde eurodiputados del PPE pidieron aclaraciones a Bruselas sobre la compatibilidad de esas operaciones con el Reglamento de los fondos Next Generation y sobre los mecanismos de supervisión y trazabilidad aplicados a los fondos europeos en España.

Fuentes comunitarias admiten ahora que la Comisión Europea es consciente de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas español, especialmente en lo relativo a que determinadas transferencias presupuestarias «debieron haberse justificado de forma más exhaustiva». Sin embargo, sostiene que se trata de una cuestión vinculada al derecho presupuestario nacional español y no de un problema de legalidad europea del uso de fondos Next Generation.

La Comisión Europea evita así elevar el conflicto a un escenario de infracción o irregularidad comunitaria y recalca que el sistema del MRR se basa en el cumplimiento de hitos y objetivos previamente pactados con los Estados miembros antes de autorizar desembolsos. Las mismas fuentes comunitarias subrayan además que cada solicitud de pago presentada por España fue evaluada de manera «exhaustiva y transparente» antes de validar las transferencias europeas asociadas al plan de recuperación.

La Comisión Europea toma nota

Sin embargo, el elemento más relevante de la posición trasladada ahora por Bruselas aparece en relación con el futuro control de los fondos europeos. Fuentes de la Comisión reconocen que las instituciones europeas han tomado nota de las preocupaciones surgidas durante la ejecución del programa y aseguran que el próximo Marco Financiero Plurianual incorporará nuevas obligaciones de publicación de información sobre beneficiarios, receptores, contratistas y subcontratistas de fondos europeos.

El objetivo de Bruselas pasa por reforzar la trazabilidad del dinero de la UE y facilitar un acceso más homogéneo y centralizado a la información sobre el destino final de ayudas, subvenciones y contratos financiados con recursos comunitarios. La futura arquitectura de control prevista por la Comisión contempla que los Estados miembros deban recopilar y publicar esos datos a través del portal comunitario Single Gateway, permitiendo así un seguimiento más detallado de los receptores finales de fondos europeos.

Fuentes comunitarias insisten además en que Bruselas «se toma muy en serio la cuestión de la transparencia en el uso de fondos de la Unión» y sostienen que las lecciones extraídas durante la ejecución del NextGenerationEU están empujando a reforzar los mecanismos de control y acceso público a la información sobre receptores finales de ayudas europeas. La Comisión considera especialmente relevante mejorar la trazabilidad de cadenas de contratación y subcontratación vinculadas a proyectos financiados con dinero comunitario.

El informe del Tribunal de Cuentas

La postura de la Comisión Europea supone un reconocimiento implícito de algunas de las carencias señaladas por el propio Tribunal de Cuentas durante la fiscalización de la ejecución del Plan de Recuperación en España. El órgano fiscalizador venía advirtiendo de problemas de trazabilidad y control sobre el destino final de parte de los fondos de la Unión Europea, así como de debilidades en los sistemas de información y seguimiento utilizados para reconstruir el recorrido completo del dinero comunitario.

Las observaciones del Tribunal apuntaban también a dificultades para identificar con precisión a determinados beneficiarios finales, contratistas y subcontratistas vinculados a proyectos financiados con cargo al MRR, especialmente en grandes programas de subvenciones y contratación pública con múltiples niveles de intermediación administrativa y empresarial. Ese escenario alimentó además las críticas sobre posibles zonas de opacidad en la gestión de las ayudas y sobre las limitaciones de los sistemas actuales para reconstruir el recorrido completo del dinero europeo.

La Comisión Europea también introduce una aclaración relevante sobre el debate abierto en España alrededor de las pensiones y los fondos europeos. Fuentes comunitarias recuerdan que el plan español de recuperación no contiene ningún hito u objetivo que permita utilizar fondos europeos para financiar gasto en pensiones y recalcan que este tipo de gasto es considerado inelegible dentro del Reglamento del MRR.

Debilidades de la gestión

Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE reconocen expresamente las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador español y se limitan a señalar que la discusión sobre la adecuación jurídica de determinadas transferencias presupuestarias corresponde al ámbito de responsabilidad nacional española.

La posición adoptada por la Comisión deja así una doble lectura política y una significativa advertencia. Por un lado, Bruselas rechaza convertir el choque presupuestario español en una infracción europea sobre el uso del dinero de los fondos Next Generation. Pero al mismo tiempo admite implícitamente que la polémica ha puesto de relieve debilidades de transparencia, trazabilidad y supervisión que la Unión Europea quiere corregir endureciendo el control sobre los destinatarios finales de fondos comunitarios.