Los técnicos de la SEPI se negaron a avalar más rescates tras los de Plus Ultra y Duro Felguera

Los rescates de Plus Ultra y de Duro Felguera encontraron desde el principio la oposición de los técnicos de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y, aun así, fueron aprobados a toda prisa por el Consejo de Ministros. Esto provocó una parálisis absoluta de estos profesionales, que se negaron a avalar con firma nuevas operaciones por temor a acabar en los tribunales en una causa similar a la que ha abierto el juez Calama con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Y posteriormente, la situación les obligó a dar opiniones sin firmar y a pervertir el procedimiento habitual de la SEPI.

Esta situación se agravó con la apertura de la investigación del rescate de Plus Ultra por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que desató el pánico entre la plantilla del holding industrial del Estado. Y provocó un enfrentamiento entre los empleados y la recién nombrada presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en sustitución del presidente en la sombra, Vicente Fernández Guerrero, ahora también imputado por el llamado caso SEPI.

«Gualda se negó a aprobar los informes de los técnicos porque quería que pusieran lo que ella dijera; les dijo que ella los dicta, pero los firmaban los de abajo y ella se limitaba a visarlos. Y los funcionarios contestaron que si ellos tenían que firmar los informes, pondrían lo que ellos considerasen y no lo que les dijera la presidenta, que no iban a admitir que ella les dictase el contenido», explican fuentes de la SEPI.

Es decir, nadie quería hacerse responsable de los informes que justificarían nuevos rescates por si terminaban sentados en el banquillo. En ese momento, la jueza Esperanza Collazos había imputado a los altos cargos gubernamentales consejeros de la SEPI, y existía un temor generalizado a que las imputaciones siguieran hacia abajo.

Paralización de los rescates

La guerra entre la plantilla y Gualda provocó una parálisis de la concesión de ayudas en medio de la desesperación de muchas empresas que estaban con el agua al cuello por la situación derivada de la pandemia del covid. Así, el siguiente rescate aprobado tras los dos citados (que se concedieron el 9 de marzo de 2021) y el de Ávoris (también propiedad en parte de la familia Hidalgo, como Air Europa, rescatada en 2020) tuvo que esperar a julio: el también polémico de Tubos Reunidos. Y el fondo de rescate (Fasee) no empezó a coger velocidad hasta el tercer trimestre de ese año, cuando el Gobierno concedió ayudas a Rugui Steel, Hotusa, Reinosa, Serhs, Airtificial y Losán.

Esta oposición de los funcionarios obedecía a que el real decreto ley que creó el Fasee había establecido dos condiciones para acceder a las ayudas: que la empresa fuera estratégica y que sus problemas se derivaran exclusivamente del parón de la actividad provocado por la covid. Ninguna de estas condiciones se cumplía en el caso de Plus Ultra, que solo tenía un avión y ya había sido salvada de la quiebra con dinero venezolano, ni en el caso de Duro Felguera.

Pero como había que rescatarlas sí o sí por imposición gubernamental, ese rechazo interno se silenció y, posteriormente, directamente se dejaron de hacer informes internos, como reconoció en el Senado el entonces director de participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo. Algunos directivos de la SEPI sí se vieron obligados a dar una opinión favorable para avalar los informes de los asesores externos ante el Gobierno, pero la emitieron en correos sin firmar, probablemente instruidos por los abogados del Estado, según las fuentes citadas. De esta forma, les dijeron, no asumían responsabilidad ninguna para tranquilizarlos ante un posible horizonte penal.

Ahora este rechazo de los técnicos cobra plena actualidad porque tanto la presidencia de la SEPI -dependiente del ministerio de Hacienda, entonces en manos de María Jesús Montero– como el Consejo de Ministros lo ignoraron por completo y concedieron los rescates sin opiniones internas que los avalaran. Algo que ahora se explica por el supuesto pago de comisiones a la trama de Zapatero desvelado por el auto del juez José Luis Calama.