Plus Ultra, Duro Felguera, Tubos Reunidos… los apuros de las rescatadas desnudan a Montero

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, alternó este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre las irregularidades en la SEPI la victimización en lo que describió como un intento «partidista» del PP de dañar sus perspectivas electorales en Andalucía con la defensa de la «legalidad» de los rescates a empresas asistidas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas tras la pandemia de coronavirus. Su argumento se basó en buena medida en que esta liquidez se asignó de forma limpia y que se está recuperando. «No son ayudas a fondo perdido», sino que «son préstamos que se están devolviendo en su totalidad». «De todas las empresas tributarias de estos préstamos, ya diez han cancelado anticipadamente la devolución, entre ellas, Air Europa», subrayó.

Aunque es cierto que algunas compañías, como la propia Air Europa o también Hotusa, han cancelado esta deuda antes de lo que les correspondía, su justificación pasó por alto las serias dudas que plantea la recuperación de buena parte de estos fondos por la delicada situación financiera de algunas de las firmas rescatadas, como Plus Ultra, Duro Felguera o Tubos Reunidos. En el caso de Duro Felguera, que debe 120 millones de euros de dinero público, la empresa industrial tiene un patrimonio contable neto negativo y ha evitado la disolución gracias a las medidas sociales aprobadas por el Gobierno el mes pasado, que impedían que las pérdidas incurridas durante la pandemia pusieran en juego la continuidad de una sociedad. Algo que permitiría alargar la supervivencia aun si el plan de reestructuración financiera, pendiente del visto bueno del juez, no recibe luz verde.

Por su parte, Tubos Reunidos está ahogada por su elevada deuda y está tratando de reestructurar el préstamo de la SEPI, su principal acreedor, para asegurar su viabilidad mientras impulsa un ERE que ha desatado un intenso conflicto laboral. Hasta el momento, la sociedad pública ha mostrado su negativa a convertir el crédito de 119,8 millones en acciones o a flexibilizar las condiciones financieras, pero tanto la compañía como su plantilla, ahora enfrentados, coinciden en apuntar que este es el principal escollo para la continuidad del negocio.

En cuanto a Plus Ultra, que recibió un préstamo de 53 millones de euros, anunció recientemente que había hecho ya tres pagos por un importe de unos cinco millones de euros. Sin embargo, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, precisó en su última comparecencia en el Senado que el desembolso asciende a 12 millones de euros y que corresponde a «intereses», de modo que todavía está por abonar el capital prestado. Este año vence un préstamo ordinario de 19 millones de euros. Esta línea de ayudas ha generado polémica, tanto por verse envuelta en la trama SEPI, donde la UCO investiga una supuesta red con tratos de favor, como por la situación económicamente delicada de estas compañías, ya que el objeto de estos fondos era salvar a empresas solventes pero golpeadas temporalmente por la covid.

En su comparecencia, la exvicepresidenta Montero insistió en defender la «legalidad» de los préstamos y destacó que «no ha habido irregularidades en la concesión de ayudas» y que ningún juez ha hallado evidencias de ello. «Pareciera que disponen ustedes de más información de la que disponen los tribunales de justicia», dijo refiriéndose a los senadores de PP, Vox y UPN que fiscalizaron su gestión en Hacienda, ministerio del que depende la SEPI. Montero defendió desde la Cámara Alta la pulcritud de las ayudas a Air Europa y Plus Ultra Líneas Aéreas, ya que ambos procedimientos fueron «avalados por instancias nacionales y europeas», y además se tramitaron conforme a un procedimiento «perfectamente establecido» y autorizado por la Comisión Europea.

«No es un rescate, es un préstamo el que se le da a estas compañías», explicó la extitular de Hacienda del Gobierno, que añadió que estos procesos han sido respaldados también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado (IGAE) y, en algunos expedientes, también por los tribunales de primera instancia. Asimismo, indicó que el préstamo a Air Europa fue «avalado» por la justicia europea tras la reclamación presentada por otra aerolínea, mientras que en el caso de Plus Ultra los tribunales analizaron durante dos años la operación y concluyeron que se actuó «conforme a legalidad».

La exministra señaló que, en el caso de Air Europa, «el rescate se devolvió» y negó cualquier intervención del Gobierno en su autorización, atribuyendo las decisiones a técnicos y asesores que presentaron «informes favorables», los detalles de los cuales se desconocían, según aseguró, en el Consejo de Ministros. Además, negó conocer a Leire Díez y Antxon Alonso, investigados por la trama SEPI, una presunta red de trato de favor en varias empresas beneficiarias de liquidez pública. En todo momento la exvicepresidenta manifestó no tener conocimiento de la existencia de tal trama más allá de las noticias de prensa, argumentando que muchas de ellas se basan en declaraciones en sede judicial de personas que responden en función de su «interés» en defenderse. Asimismo, reiteró su confianza en su antiguo jefe de Gabinete, Carlos Moreno, aunque dijo no conocer sus reuniones con Koldo García.