Begoña Gómez acusa a Peinado de vulnerar sus derechos y pide que resuelva los recursos

La defensa de Begoña Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de vulnerar sus derechos fundamentales y reclama que se detenga el avance de la causa hasta que se resuelvan los recursos pendientes. En un escrito remitido al juzgado que instruye el procedimiento —al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE—, los abogados denuncian que la decisión de procesarla por cuatro presuntos delitos se ha producido en un contexto de «tramitación anormalmente acelerada» y sin respetar, a su juicio, las garantías básicas del proceso.

El documento, firmado por la procuradora Felisa González Ruiz y el letrado Antonio Camacho Vizcaíno, solicita expresamente que el instructor resuelva el recurso presentado contra el auto que daba inicio al procedimiento del Tribunal del Jurado antes de seguir avanzando. «Atenta al derecho de defensa la falta de resolución», advierte la defensa, que subraya que no basta con interponer un recurso, sino que es imprescindible una «respuesta expresa, motivada y en un plazo razonable».

El origen del conflicto se sitúa en la secuencia de decisiones adoptadas en las últimas semanas. El 20 de marzo se notificó el auto de incoación del procedimiento; cinco días después, la defensa lo recurrió. Sin embargo, el 13 de abril el juez dictó una nueva resolución proponiendo llevar a juicio a la mujer del presidente del Gobierno sin haber contestado previamente a ese recurso. Para sus abogados, este encadenamiento de decisiones evidencia que «se avanza en el procedimiento de forma anormalmente acelerada» y que se han obviado «trámites previstos en la Ley del Jurado».

El letrado reconoce que el recurso de reforma «no tiene efectos suspensivos», pero insiste en que la ausencia de respuesta judicial «genera una situación de incertidumbre procesal» y priva a la defensa de conocer «los fundamentos por los que se aceptan o rechazan sus pretensiones». En esa línea, advierte de que continuar el procedimiento en estas condiciones «no constituye una mera irregularidad», sino «una vulneración sustantiva del derecho de defensa».

En su último auto, Juan Carlos Peinado planteó sentar en el banquillo a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida —dejando fuera el de intrusismo profesional— y concedió a las partes un plazo de cinco días para posicionarse sobre la apertura de juicio oral. Ahora, la defensa intenta frenar ese calendario procesal al considerar que se ha vulnerado una «garantía esencial del proceso penal».

(Noticia en ampliación).