La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez al no ver indicios de delito

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que proponía juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. El Ministerio Público ha vuelto a solicitar que se archive la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra los otros dos investigados en la causa, al «no ser los hechos constitutivos de infracción penal».

Según informa en un comunicado, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Fiscalía ha interpuesto este recurso en el que solicita el sobreseimiento de las actuaciones, al no apreciar delito, para Begoña Gómez, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, como ha venido defendiendo a lo largo de todo el proceso.

El Ministerio Público ha solicitado al tribunal superior que estime su recurso de apelación, «dictando resolución por la que se acuerde, respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal», explica. Subsidiariamente —como segunda opción— solicita el sobreseimiento provisional «al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa».

Y en otro escrito, dirigido al juez Peinado, la Fiscalía ha vuelto a pedir al magistrado que archive el caso y, según adelanta en la nota, reclamará la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.

Frente a esta posición, la acusación popular —encabezada por Hazte Oír— solicitó este pasado lunes la apertura de juicio y una condena de 24 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno, además de medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias periódicas ante el juzgado por un «evidente riesgo de fuga». También reclamó que se citara como testigo a Pedro Sánchez, al considerar relevante su relación con la investigada y el uso de La Moncloa como «ámbito relacional del proyecto».

También reclamó 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa y seis años de cárcel para el empresario Barrabés, además de la imposición de fianzas para asegurar eventuales responsabilidades económicas. La iniciativa se articuló en nombre de varias acusaciones populares personadas en la causa, entre ellas Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España, en un procedimiento que entra ahora en una fase decisiva marcada por la confrontación entre las partes.