El Supremo condena a Aldama, pero premia su colaboración con la justicia y evitará la cárcel
Los magistrados imponen al comisionista cuatro años y medio de prisión, pero suspenden la ejecución de la pena
Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de prisión. | Ilustración de Alejandra Svriz
Jornada agridulce para Víctor de Aldama. El Tribunal Supremo le ha condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso mascarillas, pero el empresario evitará la cárcel. Los magistrados han decidido suspender la ejecución de la pena del comisionista por su aportación al descubrimiento de los delitos. Peor suerte han corrido el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, a los que se ha impuesto una pena de 24 y 19 años de cárcel respectivamente. Ambos se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, cuando el juez Leopoldo Puente advirtió riesgo de fuga.
Los magistrados han hecho público este lunes la primera sentencia por corrupción al sanchismo. La resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ha sido adoptada por unanimidad y concluye que Ábalos, Koldo García y Aldama formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. Estaban acusados de cobrar comisiones ilegales con la adjudicación de mascarillas al inicio de la pandemia.
La Sala de lo Penal del Supremo condena a 24 años y tres mese de prisión a Ábalos y a 19 años y ocho meses a Koldo García por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. También les impone una multa de 3,7 millones de euros por el uso de información privilegiada. Las penas coinciden con la petición de la Fiscalía: 24 años para el exministro y 19 años y medio para su hombre fuerte en Transportes. Las acusaciones populares elevaban la cifra a 30 años.
Atenuante para Aldama
El Supremo también condena con cuatro años y medio de prisión a Aldama, pero suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos a condición de que no vuelva no delinquir, presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Fiscalía y acusaciones populares pedían siete años de cárcel para el comisionista, aunque estas últimas rebajó la petición en dos grados en la última jornada del juicio.
En cuanto al cumplimiento efectivo de las condenas de cárcel, los magistrados fijan la de Ábalos en 16 años y en 15 la Koldo García. El que no tendrá que ingresar en ella es Aldama, al que le aplican la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspende la ejecución de su pena por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos». El comisionista ha sido condenado por un delito de organización criminal a un año de prisión; por cohecho continuado a un año y seis meses; por cohecho a un año y seis meses, y por otros dos delitos de cohecho a otras dos penas de tres meses de prisión.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, también tenía la intención de pedir una rebaja de pena para Aldama, escenario que frenó su superior, Teresa Peramato. La fiscal general no compartía ese criterio, que podía irritar al Gobierno. El representante del Ministerio Público en el juicio, que se alargó durante cinco semanas, valoró el papel del comisionista para desentrañar los hechos alabando el valor de los arrepentidos para combatir la corrupción.
«Si de verdad queremos combatir a las organizaciones criminales y la corrupción, debemos compensar a quienes salen de ellas y denuncian, si no, la ley de silencio se impondrá en cualquier investigación», destacó Luzón. En su escrito de conclusiones, el fiscal jefe de Anticorrupción subrayó que la colaboración de Aldama, cuya confesión ha permitido aflorar nuevas ramificaciones de presunta corrupción en el entorno del Gobierno, como los amaños de adjudicaciones de obra pública por la que también se investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o las pesquisas sobre la financiación del partido, ambas en la Audiencia Nacional.
Condena de Ábalos y Koldo
Durante su declaración, el comisionista llegó a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «el número 1» de la trama, algo que el fiscal jefe de Anticorrupción atribuyó a «un desahogo». Aldama también afirmó que el PSOE se había financiado ilegalmente con comisiones de constructoras y con cupos de petróleo en Venezuela. Incluso apuntó a Begoña Gómez sugiriendo que había intervenido a favor del Instituto de Empresa (IE) en la compra de unos terrenos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Los magistrados consideran probados los delitos en la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para gastos fijos de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre el comisionista y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de las viviendas de Marbella y La Alcaidesa por sus gestiones a favor de la publicación de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
La empresa beneficiada por la adjudicación de las mascarillas, Soluciones de Gestión, registró una facturación récord de 53,1 millones de euros en 2020 tras haber permanecido prácticamente inactiva y sin ingresos los dos años anteriores. Un pelotazo que logró gracias a los contratos de dos entes vinculados a Transportes, el Ministerio del Interior y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, todos controlados por el PSOE.