El 47% de los ceros en euskera de la selectividad los impuso un único profesor

Un total de 79 de los 168 ceros registrados en el examen de Lengua Vasca y Literatura de la última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), es decir casi un 47% del total, corresponden a exámenes corregidos por un único evaluador, según ha informado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que ha reclamado al Rectorado de la EHU «una explicación transparente» sobre esta circunstancia.

Pedrosa, en una comparecencia ante la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Parlamento Vasco, ha analizado la situación generada en torno a estos polémicos resultados.

En su intervención, la consejera ha afirmado que la preocupación de los alumnos afectados por este problema y de sus familiares «no era infundada», ya que se trata de unos resultados «que contenían elementos objetivos que justificaban pedir explicaciones». «No hablamos de una variabilidad ordinaria, sino de una distribución de resultados que se aparta de lo estadísticamente esperable y que exigía un análisis y una respuesta inmediata, prudente y fundamentada», ha añadido.

La consejera ha indicado que según los datos aportados por la EHU, 108 de las 168 calificaciones de cero corresponden a exámenes corregidos por los tribunales 11 y 12, lo que representa un 64,3% del total. En el caso del tribunal 11, la situación es especialmente llamativa, dado que concentra 80 de las calificaciones de cero; un 47,6% del total.

Pedrosa ha añadido que a estos datos se les añade otra circunstancia destacable, puesto que en el tribunal 11, todos los ejercicios calificados con cero salvo uno «fueron evaluados por una única persona evaluadora asignada a un tramo alfabético concreto».

La consejera ha manifestado que aunque este hecho «no permite anticipar conclusiones definitivas, sí exige una explicación transparente». Por ese motivo, ha solicitado que se analicen «con absoluto rigor» las razones de una concentración de resultados «tan atípica, alejada de la distribución observada en el resto de tribunales».

«También tenemos que tener presente la magnitud de la inquietud generada que se deja en las 1.778 estudiantes, aproximadamente uno de cada siete presentados a esta materia que han solicitado la revisión de su examen», ha añadido.

Pedrosa ha subrayado que esta cifra «expresa con claridad la preocupación existente en la comunidad educativa y exige que el proceso se aborde con rigor, con transparencia y con absoluto respeto a los procedimientos». En este sentido, ha afirmado que queda «a la espera» de las explicaciones que pueda dar el rector ante la Comisión de Ciencia y Universidades» del Parlamento.

La consejera también se ha referido a la polémica generada en torno a las responsabilidades que, al margen de las que correspondan a la propia EHU, pueda tener el Departamento de Educación en todo este asunto.

Pedrosa ha señalado que la normativa actual establece que el Departamento de Educación «tiene una función de seguimiento institucional, colaboración y exigencia de garantías», por lo que «no corrige exámenes, no asigna calificaciones y no sustituye decisiones técnicas que corresponden a los órganos responsables de la prueba». «La gestión operativa de la PAU corresponde a la Euskal Herriko Unibertsitatea», ha añadido.

En la misma línea, ha explicado que en la EHU hay un cargo y una dirección definida para la gestión integral de la PAU. «Es la dirección de acceso a la universidad, y entre sus funciones tiene la de coordinar las pruebas de acceso y coordinar al profesorado asesor de universidad y de enseñanzas medias de las diferentes materias motivo de examen en las pruebas de acceso, así como coordinar la elaboración de los modelos de examen de las diferentes asignaturas, entre otras funciones, y presidir por delegación del rector o rectora la comisión organizadora de las pruebas», ha detallado.

Por todo ello, ha querido dejar claro que «el Gobierno Vasco no corrige exámenes, pero sí exige garantías». Pedrosa ha destacado que desde el momento en el que su departamento tuvo conocimiento de la existencia de «una posible incidencia», actuó de oficio para recabar información y exigir explicaciones.

Información «muy limitada»

Pedrosa ha indicado que aunque la disposición interinstitucional del Gobierno Vasco y el Rectorado de la EHU para aclarar lo ocurrido «es máxima», ha lamentado que «no existió una comunicación formal previa por parte de la Presidencia de la comisión organizadora» de la PAU sobre la incidencia detectada. Asimismo, ha criticado que la información trasladada por cauces formales «ha sido muy limitada en contenido y plazo».

La consejera ha puesto de manifiesto que aunque su departamento no pretende «prejuzgar ni interferir técnicamente» en este asunto, tampoco puede «mirar hacia otro lado» cuando existen datos «que pueden afectar a la confianza del alumnado y de las familias en el sistema».

«La prioridad ha sido proteger los derechos del alumnado, preservar la seguridad jurídica del proceso y asegurar que cualquier posible error o desviación en la aplicación de los criterios pueda ser revisado mediante los cauces establecidos», ha añadido.

La consejera ha afirmado que dado que lo que está en juego es el futuro académico de miles de jóvenes, «no basta con revisar las notas». «Pedimos se explique lo sucedido; y más allá de la resolución concreta de esta incidencia, tenemos la obligación de extraer aprendizajes y buscar soluciones», ha explicado.

Pedrosa ha manifestado que «la confianza en la PAU no se sostiene sólo sobre la legalidad formal, sino también sobre la percepción de transparencia, de justicia y de homogeneidad». Por ese motivo, ha planteado la necesidad de «avanzar en varias líneas de mejora».

La responsable de Educación del Gobierno Vasco ha exigido «mejorar los protocolos de comunicación interinstitucional», dado que una incidencia de estas características debe ser comunicada con rapidez, formalidad y precisión a todas las instituciones implicadas». «No podemos depender de canales informales cuando está en juego la confianza pública en una prueba de esta relevancia», ha advertido.

Por otra parte, ha reclamado que se publique la composición de los tribunales, «de la misma manera que se hace en otros procesos con exámenes, como las ofertas de empleo público». A su vez, ha pedido que se estudien fórmulas de distribución «más equilibrada» del alumnado entre tribunales y evaluadores, «de manera que se reduzca cualquier riesgo de concentración que pueda generar efectos no deseados o percepciones de desigualdad».

También ha propuesto «avanzar hacia un reglamento interno mucho más preciso y claro de la Comisión Organizadora, que defina responsabilidades, plazos, mecanismos de alerta y protocolos de actuación ante incidencias».

Pedrosa ha subrayado la importancia de evitar que lo sucedido se utilice «para poner en cuestión el valor de la euskera en nuestro sistema educativo y en general en nuestra sociedad». «El euskera es una lengua propia, una riqueza colectiva para todos y todas», ha recordado.

La consejera ha indicado que se están dando «grandes pasos en la vía de la revitalización del euskera». De esa forma, ha subrayado que «aquí lo que estamos analizando no es qué valor tiene la asignatura ni si es importante o no aprender euskera», sino cuáles son «las garantías técnicas y jurídicas de una prueba en concreto».

«Defender el euskera quiere decir también que la evaluación del ámbito de la euskera sea rigurosa, transparente y homologable; quiere decir proteger al alumnado, y asegurar que cualquier decisión que puede condicionar el futuro de un joven se toma con todas las garantías», ha indicado.