Los Veintisiete apoyan el nuevo marco para impulsar planes de pensiones privados en la UE

Los países de la Unión Europea alcanzaron este viernes un acuerdo para actualizar la normativa sobre los fondos de pensiones de empleo, con la que el bloque pretende impulsar los planes privados que las empresas ofrecen a sus trabajadores para complementar su jubilación.

Los embajadores de los Veintisiete ante la UE han pactado su posición negociadora para revisar la dicha directiva y el texto final debe ser ahora acordado con el Parlamento Europeo una vez los eurodiputados fijen sus líneas rojas y estén listos para empezar las conversaciones.

La Comisión Europea planteó en noviembre del pasado año una modificación sobre el marco de fondos de pensiones de empleo, conocida como IORP II, que establece normas comunes en el bloque para «garantizar una buena gestión y supervisión» de estas entidades.

Sin embargo, Bruselas promovió los cambios tras comprobar que «muchos regímenes siguen siendo demasiado pequeños para diversificar sus inversiones y ofrecer resultados óptimos a los ahorradores». Con este contexto, el acuerdo logrado por Consejo de la UE —que representa a todos los Estados miembros— mantiene varios de los «elementos principales» de la propuesta legislativa original pensada para «impulsar las actividades transfronterizas y mejorar la colaboración y el intercambio de información» entre las autoridades nacionales competentes.

«Aumentar la participación privada en nuestros mercados de capitales es clave para impulsar la competitividad general de la UE», destacó en un comunicado el ministro de Finanzas de Chipre, Makis Keravnos, cuyo país ostenta hasta el 30 de junio la presidencia rotatoria de la UE.

En virtud de su acuerdo, los socios del bloque elevan al 100% de su cartera el umbral para que estos fondos inviertan en acciones y bonos corporativos en mercados regulados, frente al 70% que planteaba el Ejecutivo comunitario, con el objetivo de «favorecer la inversión en economía real». Aun así, los Estados miembros tendrán la competencia para aplicar límites «más restrictivos» si lo consideran conveniente.

Con respecto al ámbito de aplicación de las normas, los gobiernos podrán aplicar la directiva directamente a los fondos de pensiones de empleo, a la entidad autorizada que los gestione o a ambas, con la condición de que exista una separación jurídica de los activos. Por otro lado, en aras del objetivo general de «reducción de la carga administrativa», los países han eliminado de la propuesta las disposiciones sobre los sistemas de seguimiento de pensiones, la asignación de tareas a organismos de supervisión de la UE y la introducción de «diálogos de supervisión» entre los fondos de pensiones de empleo y las autoridades.

Además, la posición del Consejo preserva el «principio de prudencia» que garantiza que las inversiones se realicen respetando unos niveles de riesgo adecuados, al igual que mantiene las normas sobre fondos con múltiples promotores, el marco para transferencias colectivas nacionales y transfronterizas y las normas básicas de conducta empresarial que propuso la Comisión Europea.

Esta normativa, junto con la relativa a los planes paneuropeos de pensiones de empleo (PEEP), que los Veintisiete también pactaron recientemente, son los dos pilares legislativos con los que la UE quiere impulsar planes privados que ayuden a los europeos a complementar sus pensiones por jubilación. Asimismo, se trata de dos piezas legislativas dentro de los esfuerzos del bloque por profundizar los mercados de capitales del continente y avanzar en la denominada Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés).