Albares se trae a Madrid al 'dos' del consulado en Argel investigado por la Audiencia Nacional

El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, ha recolocado en sus servicios centrales de Madrid al número dos del consulado español en Argel, Vicente Moreno. Moreno fue detenido a finales de abril por orden de la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, María Tardón, por estar al frente presuntamente de «una estructura criminal» que actuaba en la citada legación facilitando visados a cambio de una compensación económica, blanqueando parte de sus ganancias en España a través de una operativa de compra de vehículos.

Moreno fue arrestado junto a una persona de su máxima confianza de nacionalidad argelina que trabajaba con él en el consulado. Además, hubo una tercera persona que quedó en situación de investigada por este caso, pero sin ser detenida. Fuentes diplomáticas indicaron a THE OBJECTIVE en aquel momento que el trabajador local detenido en España junto al canciller era Mohamed Boutouchent y que la imputada en la causa es la mujer de Moreno, también de nacionalidad argelina.

La operación policial ordenada por la Audiencia Nacional, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, se denominó Jazira-Cova y se produjo en plena regularización masiva de inmigrantes. En ella participaron efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Policía Nacional. A los detenidos se les acusa de cinco delitos: organización criminal, blanqueo, falsificación de documento oficial, cohecho y fraude en la expedición de visados.

Tardón impuso a Moreno varias cautelares tras su arresto. En concreto, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en dependencias policiales. Los agentes de la UDEF realizaron dos entradas y registros en Sagunto (Valencia) y Torrevieja (Alicante) aprovechando que Moreno, Boutouchent y la mujer del primero se encontraban en España en ese momento. A los detenidos se les intervino un total de 10.890 euros en efectivo, cuatro móviles, dos portátiles y 17 pendrives. También se solicitó desde la Audiencia Nacional el bloqueo de un inmueble en Madrid y varios productos financieros, así como la conservación de los expedientes administrativos y los correos corporativos de Exteriores relacionados con la concesión de esos visados «fraudulentos».

Ante esa situación, el canciller investigado por la Audiencia Nacional pidió el reingreso en los servicios centrales de Exteriores, que ha decidido ubicarle en la subdirección general de Asuntos Patrimoniales, la unidad responsable del patrimonio inmobiliario del ministerio y una de las áreas menos atractivas para los funcionarios que trabajan en el departamento de Albares. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) subrayó en mayo en su último informe sobre financiación de la red consular que, debido a «las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios» en Asuntos Patrimoniales, apenas tenía 19 puestos cubiertos de un total de 47 plazas en 2023. Esta subdirección general gestiona más de 500 edificios oficiales repartidos por todo el mundo con 13,5 millones de euros anuales, ya que la partida está congelada desde hace tres años debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Las citadas fuentes admiten que Exteriores tenía poco margen de maniobra con el canciller investigado, ya que quedó en libertad y la causa sigue aún bajo secreto de sumario. El Gobierno no puede actuar contra un funcionario sin que un juez le envíe a prisión o haya una sentencia que le inhabilite. Ahora bien, varios diplomáticos consultados por este periódico consideran que se le podía haber dejado en un puesto sin atribuciones y únicamente con un sueldo base sin complementos específicos. Es decir, con un castigo mayor que asignarle a la mencionada subdirección de Patrimoniales.

THE OBJECTIVE preguntó este lunes a la Oficina de Información Diplomática (OID) si podía confirmar la asignación de dicho puesto, qué labores tiene encomendadas Moreno a partir de ahora y si no se le podía suspender de empleo y sueldo ante la gravedad de los delitos que le atribuye la Audiencia Nacional. La respuesta fue la siguiente: «Desde el Ministerio de Exteriores no nos pronunciamos sobre temas sub iudice o relacionados con asuntos sub iudice, ni sobre situaciones administrativas individuales. Exteriores cumple con todas las resoluciones judiciales y las medidas en ellas contenidas. Las adscripciones de personal se llevan a cabo conforme a la normativa vigente y a las necesidades del servicio». En abril, a raíz de los arrestos, el equipo de prensa de Albares indicó que este asunto estaba «también sujeto a una inspección interna».

El consulado general de España en Argel lleva casi un año en el punto de mira del Ministerio de Asuntos Exteriores por presuntas firmas irregulares. Este diario tuvo acceso en marzo a varios correos electrónicos internos en los que el canciller de la legación legitimó con su firma un documento oficial del cónsul a mediados de 2022 y luego denegó ese mismo trámite a otros funcionarios.

Además, Moreno se vio envuelto en noviembre del año pasado en otra polémica cuando THE OBJECTIVE desveló que el departamento que dirige Albares le investigaba por la posible denegación irregular de visados, tras descubrir que unas semanas antes se habían rechazado solicitudes en nombre de la cónsul Miriam de Andrés cuando ella ya había sido relevada por el nuevo titular, Gauden Villas.

Protestas por «sabotear» las relaciones

Varios empresarios españoles habían enviado cartas de protesta a Madrid en las semanas previas, en las que se acusó a la legación diplomática de «sabotear» las relaciones bilaterales al negarse a expedir visados de trabajo a argelinos de forma sistemática. El consulado español en Orán, más al oeste, tampoco se libró de la polémica después de que Exteriores destituyese a una jefa de visados, tal y como reveló THE OBJECTIVE.

De Andrés fue sustituida en Argel a mediados de septiembre del año pasado por Villas. Exteriores indagó por qué habían aparecido documentos con el sello de la primera como cónsul cuando ya había abandonado el país magrebí. Este diario tuvo acceso a una denegación de visado del día 21 de septiembre de 2025 a nombre de ella (ver abajo), cuando en los días previos ya firmaba su sustituto como máximo responsable de la legación diplomática. Lo más llamativo es que la firma de De Andrés no era la que aparecía en otros documentos del consulado, sino que correspondía al canciller, Vicente Moreno. Es decir, este último suplantó supuestamente la identidad de la cónsul relevada para rechazar la solicitud de viajar a España de un ciudadano argelino.

La firma de Miriam de Andrés era muy diferente a la del canciller y se puede consultar en otros documentos oficiales a los que tuvo acceso este periódico (ver abajo). Por ejemplo, en la resolución de una convocatoria de una plaza temporal en el consulado del pasado 10 de agosto. O en otra denegación de un visado que ella misma firmó de su puño y letra el 24 de agosto.

En cuanto a Villas, la firma del nuevo cónsul aparece en un documento oficial del 18 de septiembre del año pasado, por lo que la denegación de un visado tres días después a nombre de De Andrés es irregular. El día 21, en el que el canciller rechazó una solicitud en nombre de su antecesora, él se encontraba fuera de Argel por un permiso de trabajo. Una situación que se prolongó hasta final de mes, según explicaron fuentes diplomáticas a THE OBJECTIVE, como se pudo comprobar en otros documentos: el 29 de septiembre, por ejemplo, Moreno firmó en nombre de Villas (ver abajo) una relación de admitidos para una plaza que había salido a concurso. En ausencia del cónsul y sin otros diplomáticos acreditados en el consulado, como es el caso de Argel, el canciller era la máxima autoridad en la legación.

El canciller había firmado en los últimos meses a lo largo del pasado año varios documentos en nombre de los cónsules por delegación, pero en la denegación del visado del 21 de septiembre no apareció el acrónimo «P.D.», que él mismo utilizó en escritos oficiales previos (ver abajo).

¿Firmó Moreno más documentos presuntamente fraudulentos en ausencia de Villas? THE OBJECTIVE preguntó entonces en varias ocasiones a la OID cómo justificaba que hubiese resoluciones del consulado firmadas a nombre de Miriam de Andrés cuando su sucesor ya ejercía como cónsul y por qué aparecía la firma del canciller en la denegación de un visado a nombre de la cónsul cuando ella ya estaba cesada, pero nunca obtuvo respuesta.

El hecho de que la Audiencia Nacional haya asumido la causa contra el canciller del consulado en Argel y un trabajador local de nacionalidad argelina generó «preocupación» en Exteriores y dejó «en shock» a un buen número de diplomáticos porque no hay muchos precedentes en las últimas décadas. El caso más mediático en los últimos años ha sido la investigación y posterior juicio del exembajador en Venezuela, Raúl Morodo, y su hijo, quienes terminaron por admitir los hechos de los que les acusaba la Fiscalía Anticorrupción a cambio de ver rebajadas sus respectivas condenas por cobrar mordidas millonarias.

Dicha preocupación se debe, a juicio de una de las fuentes consultadas, a que ha habido varias denuncias internas en los últimos años sobre presuntas irregularidades en la legación diplomática de Argel por parte de Moreno que se han terminado archivando. Ocurrió bajo el breve mandato de Patricia Serrano como cónsul, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, y luego durante la comisión de servicio de seis meses de Miriam de Castro, que terminó en septiembre del año pasado. En ambas ocasiones, «no se movió un pelo» en el consulado. Y ha tenido que ser ahora la Audiencia Nacional la que haya tenido que desarticular a la supuesta «organización criminal».