Espectros electorales ultramarinos
«Sembrar la sospecha de que el censo se amaña y erosionar la confianza sólo es rentable para quienes prosperan impugnando los cimientos de la democracia»
Ilustración creada con IA.
Toda democracia madura termina por fabricarse un fantasma electoral a la medida de sus miedos. Los Estados Unidos tuvieron durante un siglo a los muertos que votaban en Chicago; la Italia de posguerra, las urnas sicilianas custodiadas por escopetas de la Cosa Nostra; la Inglaterra georgiana, esos burgos podridos que elegían diputado sin apenas electores. España, que llegaba tarde a casi todo, acaba de estrenar el suyo: el nieto con derecho a voto, el espectro ultramarino que vendrá a robarnos una legislatura desde el otro lado del océano.
El mecanismo es viejo y bien conocido: el rumor corroe con más eficacia que el hecho, porque el hecho se verifica y el rumor solo se propaga. La acusación de «ingeniería electoral» pertenece a esa familia de afirmaciones que se sostienen sobre una intuición plausible y se desmoronan ante una simple tabla de Excel.
Basta con mirar la serie histórica. El voto exterior solo ha desplazado cuatro escaños en toda su andadura, y el último, en Madrid, le restó un diputado al PSOE en favor del PP. Cuatro escaños en 48 años de democracia, cuatro escaños en 15 elecciones generales, cuatro escaños entre los más de 5.000 que se han elegido. Terrorífico.
El censo de residentes ausentes ronda hoy los 2,7 millones, cierto, y va a aumentar, correcto, pero una cosa es el volumen del padrón y otra bien distinta la propensión a sufragar a miles de kilómetros de la urna, que reduce ese caudal a un goteo residual. Y opera un factor que los propagadores de bulos prefieren ignorar: la limpieza del sufragio exterior la determina la arquitectura legal que lo regula, mucho más que el tamaño de la lista. Antes de las reformas de transparencia de 2008 llegaban «sacas enteras de votos» con escaso control, en beneficio del PSOE en elecciones generales y del Partido Popular de Manuel Fraga en las autonómicas gallegas; desde que el procedimiento se blindó, la participación foránea se desplomó.
Añádase la geografía, que es implacable. Ese voto se reparte por 52 circunscripciones y se diluye en la ley d’Hondt, que castiga sin piedad lo que no se concentra. Hagamos la cuenta sin trampa: si los 600.000 nuevos inscritos previstos para 2027 acudieran en la proporción de siempre, en torno al 10%, hablaríamos de 60.000 papeletas esparcidas por toda España. Un aluvión que se evapora antes de tocar la urna, un río caudaloso en el mapa y un hilillo en el escrutinio. Esos 60.000 sufragios dispersos jamás decantarían una mayoría: haría falta su concentración milimétrica en el último escaño de tres o cuatro provincias a cuchillo, imposible de orquestar desde un consulado.
«El espantajo del votante importado moviliza, antes que a nadie, a quien lo agita»
Y aquí asoma la paradoja política que las últimas autonómicas dejaron al descubierto: el anuncio de regularizaciones masivas insufló oxígeno a Vox, y solo a Vox. El espantajo del votante importado moviliza, antes que a nadie, a quien lo agita. La PP cree denunciar un pucherazo mientras hace campaña gratis a su adversario interior, que convierte la alarma de votantes contantes y sonantes. De este bulo hay un único beneficiario con nombre y siglas: el fantasma solo engorda la hucha del miedo de Vox.
Conviene además reparar en el fondo, más grave que la anécdota aritmética. Sembrar la sospecha de que el censo se amaña, de que las urnas mienten, de que la nacionalidad se reparte como munición, es el único producto rentable de esta alarma. Y el rédito de erosionar la confianza siempre cae del mismo lado: el de quienes prosperan impugnando los cimientos de la democracia liberal. Al nacionalpopulismo no le hace falta ganar el debate; le basta con que exista, porque cada acusación de fraude, probada o no, rebaja la legitimidad de las instituciones que aspira a heredar.
Lamentablemente, la única prueba irrefutable de que el aluvión no moja la urna llegará cuando las urnas ya estén contadas, de modo que habrá que esperar a las próximas generales para certificar la escasa corporeidad de este nuevo bulo. Y, hasta entonces, los conspiranoicos del censo tienen por delante unos meses largos para hacer su agosto.