The Objective
César Calderón

Laudatio del Estado de derecho

«El sistema judicial ha llegado hasta el 'número dos' de un Gobierno sin que ese Gobierno pudiera frenarlo. Eso es lo que separa a una democracia de una autocracia»

Opinión
Laudatio del Estado de derecho

Ilustración generada mediante IA.

Veinticuatro años y tres meses de cárcel para José Luis Ábalos. Diecinueve años y ocho meses para Koldo García. Cuatro años y medio, sin ingreso en prisión por su colaboración con la justicia, para el comisionista Víctor de Aldama. Son cifras que conviene leer junto a otras que España ya conocía, pero que conviene recordar: 30 años para Luis Bárcenas, 51 para Francisco Correa, 31 para el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, 36 para el alcalde de Boadilla del Monte, el famoso Albondiguilla.

La dureza es idéntica, los tribunales son los mismos y el mensaje que envían es exactamente el mismo cuando el corrupto se llama Bárcenas y cuando se llama Ábalos: la justicia española no mide con vara distinta según el carné de quien se sienta en el banquillo. Organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias: el catálogo completo de la depredación del erario por parte de quien fue secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez en los años decisivos de su ascenso. Diez mil euros mensuales pagados por un comisionista a un ministro en activo. Una vivienda alquilada a su pareja con dinero ajeno. Mujeres colocadas en empresas públicas para cobrar sin trabajar, en plena pandemia, mientras España compraba mascarillas a precio de saldo a quienes sabían a quién untar.

Esto no es un desliz administrativo. Es la prueba de que en el corazón del aparato que gobernó la crisis sanitaria más grave de la historia reciente hubo una red organizada para enriquecerse con el dolor ajeno, y eso tiene un precio que ningún comunicado de partido puede maquillar. 

Quien llegó al poder invocando la ética frente a la corrupción del PP, quien hizo de la decencia institucional su bandera frente a Rajoy y la Gürtel, ha demostrado tener en su núcleo más íntimo la misma codicia que decía combatir. Eso no se cura con un cambio de portavoz. Eso se paga con la credibilidad de un proyecto entero, y con munición regalada a quienes llevan una década señalando a la democracia liberal como un sistema podrido, capturado por élites que predican la virtud mientras reparten el botín. La ultraderecha no necesita inventar ese relato cuando la propia justicia se lo entrega documentado, con sentencia firme y por unanimidad: cada condena de este calibre alimenta la idea de que toda la clase política es lo mismo y de que solo un hombre fuerte ajeno al sistema puede limpiarlo. Es un discurso mentiroso, falso, trucado y bastardo, pero tanto la derecha democrática como la izquierda llevan años sirviéndoselo en bandeja con su propia conducta, y no hay autocrítica posible que no empiece por admitirlo sin matices.

«Hay que cerrar cualquier intento de la derecha de capitalizar esta sentencia como si fuera ajena a su propio pasado»

Dicho esto, con la misma dureza, hay que cerrar cualquier intento de la derecha de capitalizar esta sentencia como si fuera ajena a su propio pasado. Quien convierta hoy la condena a Ábalos en argumento de superioridad moral mientras pasa de puntillas sobre Bárcenas, Correa o el alcalde de Boadilla, no defiende ningún principio: practica la misma instrumentalización que denuncia en el adversario. La corrupción no tiene ideología, y la indignación que no se aplica por igual a ambos lados deja de ser indignación para convertirse en cálculo electoral.

Lo único que de verdad importa, por encima del reparto de culpas entre partidos, es que el sistema judicial ha llegado hasta el número dos de un Gobierno (y de un partido) sin que ese Gobierno (o ese partido) pudiera frenarlo. Eso es lo que separa a una democracia de una autocracia: la primera tropieza y se mancha, pero conserva mecanismos para exigir cuentas a sus propios gobernantes; la segunda blinda a los suyos hasta que el sistema entero colapsa. España sigue perteneciendo a la primera categoría, y esa es la única certeza que esta sentencia permite sostener sin reservas. 

Todo lo demás, el reparto de responsabilidades entre el PSOE que la engendró y la oposición que la jalea sin mirarse al espejo, sigue pendiente, y de esa cuenta no se libra nadie con un solo titular.

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