Pedraz envía a la UCO a Justicia a por el informe de la nacionalidad de un viceministro de Chávez

Santiago Pedraz pasa la pelota al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El juez de la Audiencia Nacional ha librado un mandamiento a la subdirección general de nacionalidad y estado civil, que depende del departamento que lidera Félix Bolaños, para que informe del estado de la solicitud de nacionalidad española de Nervis Villalobos, que fue viceministro de Hugo Chávez. El magistrado envía a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que se haga con el expediente completo e identifique a los funcionarios encargados de su tramitación. El titular del Juzgado de Instrucción Central número 5, que instruye el caso Leire, también ha imputado y citado a declarar a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Pedraz requiere al departamento de Bolaños «toda aquella documentación adicional» del expediente del viceministro de Chávez «que haya sido utilizada durante el proceso de tramitación» y que haya sido recabada de la Guardia Civil, Ministerio del Interior y otros organismos, incluido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El juez también solicita los accesos a través de la plataforma para la consulta y tramitación del expediente de Villalobos, que reside en España desde hace una década.

«A dicha relación deberá aportarse descarga de histórico de registro de huella digital de tales accesos con todos los datos de identificación que permita el sistema de relación con los mismos», insiste el magistrado en su escrito. Como avanzó este diario, la trama Leire trató de acelerar la concesión de la nacionalidad española de Villalobos. A petición del abogado Ismael Oliver, Leire Díez intentó conseguir una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o «alguien de su confianza», para tramitar su solicitud y regularizar cinco cuentas bancarias en España.

Nacionalizado por la Ley de Memoria

El entorno de Villalobos asegura que la trama Leire fracasó en sus propósitos. Explican que le denegaron ambas peticiones y que consiguió la nacionalidad años más tarde gracias a la Ley de Memoria Democrática. El departamento de Bolaños le denegó en octubre del año pasado la nacionalidad por residencia. La consiguió meses más tarde gracias a que sus abuelos eran de origen español y la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, admitía esa posibilidad.

El viceministro de Chávez inició los trámites para nacionalizarse por la Ley de Memoria Democrática a finales de 2022. Lo que no consiguió fue registrar las cuentas: el Banco de España le contestó el pasado agosto que no podía «inmiscuirse» en actuaciones asumidas por otras instancias. El exdirigente chavista fue investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de 3.375 millones de euros de la petrolera estatal PDVSA. El caso fue archivado en marzo porque la justicia venezolana ya había sobreseído el asunto.

Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Chávez entre 2002 y 2007, estaba investigado en otras causas (Duro Felguera y Columbus) en la que actuaba como fiscal José Grinda. «En defensa de sus intereses particulares, intentó condicionar la actuación del fiscal utilizando el testimonio de una mujer que mantenía un pleito vivo contra él» desde que era menor de edad, subraya Pedraz. En el marco de esa colaboración entre Leire Díez, Villalobos y su abogado, se habría propuesto que el representante del Ministerio Público recibiera 300.000 euros por pedir que archivara los procedimientos, un extremo que niega su entorno.

A cambio, a petición de Oliver, Leire Díez habría intentado que Villalobos lograra «una pronta recuperación de expediente de concesión de nacionalidad española y la titularidad de cuentas bancarias en España valiéndose de sus contactos. La fontanera del PSOE incluso informó al abogado de que el 25 de octubre de 2024 se iba a ver en la sede del PSOE con «el número tres del partido», que en ese momento era Cerdán, y con otra persona que les agradeció el trato mostrado con la joven que mantenía un litigio con Grinda.

Reunión con Escrivá

A finales de ese año, Leire Díez intercambió diversos escritos con Oliver relativos a la tramitación de la solicitud de nacionalidad española para Villalobos, según el auto. El abogado planteó la cuestión en varias ocasiones a la exmilitante del PSOE durante el año pasado, incluyendo en una de sus conversaciones la petición de una entrevista con el gobernador del Banco de España «o alguien de su confianza». Escrivá fue ministro de Sánchez entre enero de 2020 y septiembre de 2024, primero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y luego para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Pedraz indica en su escrito que, para ayudar al viceministro de Chávez, Leire Díez habría contactado con «Hana», a la que los investigadores identifican con la socialista madrileña Hanna Jalloul, en ese momento eurodiputada por el PSOE. Así se lo hizo saber a Oliver, uno de los imputados este miércoles por el magistrado de la Audiencia Nacional. También investiga al abogado Jacobo Teijelo; a Cerdán, a quien otorga un «papel superior», al exvicepresidente de Andalucía Gaspar Zarrías; y a la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. El juez sostiene que la trama habría cobrado 188.000 euros a través de facturas falsas.

Leire Díez mantuvo en 2024 una reunión clave con Villalobos con una finalidad muy concreta: atacar al juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez. Fuentes conocedoras del encuentro señalan que la intención es que el viceministro de Chávez accediera a comparecer en la comisión de investigación del Congreso sobre la llamada Operación Cataluña y aprovechara su intervención para denunciar públicamente haber sido víctima de ese magistrado. A cambio, se le prometió un informe que reconocería su supuesta condición de afectado por actuaciones irregulares de las supuestas cloacas del Estado.

La reunión tuvo lugar en la cafetería Starbucks del centro comercial La Moraleja Green de Alcobendas (Madrid). Además de Leire Díez y Villalobos, también participaron el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y Javier Pérez Dolset, conocido por su papel como fundador y máximo accionista de Zed Worldwide. El empresario está imputado en la Audiencia Nacional por fraude de subvenciones, insolvencia punible y por desviar de forma irregular fondos de su empresa. El exdirigente culé conoció al antiguo viceministro de Chávez durante el tiempo que ambos coincidieron en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real. 

Rosell estuvo privado de libertad entre mayo de 2017 y febrero de 2019 por acusaciones graves (como organización criminal y blanqueo de capitales) de las que finalmente fue absuelto por la Audiencia Nacional. Villalobos fue detenido en Madrid en octubre de 2017 tras una orden internacional de arresto emitida por Estados Unidos, que le acusa de participar en una trama de corrupción relacionada con PDVSA. Peinado ordenó entonces su ingreso en prisión provisional, donde permaneció hasta septiembre de 2018.