La trama de Leire insistió en atacar a la UCO pese a que Ábalos la eximió de las filtraciones

La trama Leire inició una cruzada contra la Unidad Central Operativa (UCO), a la que acusaba de filtraciones a la prensa. En su intento por evitarlas, Leire Díez presionó con tomar medidas a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con la que se vio al menos en tres ocasiones. Las conversaciones se tradujeron en la apertura de tres informaciones reservadas contra los investigadores. Las supuestas filtraciones afectaban a casos de corrupción que cercan al entorno de Pedro Sánchez y ponen en jaque al Gobierno, como el caso mascarillas. Dos de los acusados, José Luis Ábalos y Koldo García, emprendieron una campaña para criticar las acciones de la UCO. El exministro llegó a reconocer que esta no se encontraba tras la filtración de una noticia, pero la fontanera del PSOE persistió en atribuirle la responsabilidad para mantener su estrategia de entorpecer las labores judiciales y policiales.

La UCO sitúa al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en «un nivel superior» de una organización que tenía «el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial». Los investigadores señalan que el dirigente navarro puso la estructura del partido a disposición de la trama y facilitó el cobro de 188.000 euros. En un segundo escalafón «ejecutivo» se encontraba Leire Díez, que se encargó de sumar a otras personas a la operativa, como el empresario Javier Pérez Dolset. El objetivo era «proteger» a la formación y a Sánchez.

Los mensajes de Leire Díez evidencian que, desde abril del año pasado, preparó el terreno para acabar con las supuestas filtraciones de la UCO a través de la directora de la Guardia Civil. Llegó a anotar en su agenda: «Investigación interna G. C. para filtraciones». La fontanera del PSOE se vio al menos en tres ocasiones con González: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril del año pasado. Los informes a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE afirman que a principios de mayo del año pasado la máxima responsable del Cuerpo tuvo conocimiento de que se estaba desarrollando una campaña de desprestigio con la unidad de élite.

Leire y la abogada de Koldo

Los medios de comunicación publicaron a principios de ese mes dos noticias que soliviantaron a la trama. El viernes 9 de mayo apareció una información con el siguiente titular: Un juez abre diligencias contra Koldo por vejaciones a su mujer tras analizar la denuncia de la UCO. La abogada del asesor ministerial de Ábalos, Leticia de la Hoz, remitió ese mismo día el enlace a Leire Díez, añadiendo que «lo fuerte» es que fuese la unidad de élite de la Guardia Civil quien denunciara, filtrara y «[fuera] juez y parte… todo a la vez… y las partes no importan. Ya investigan, filtran, juzgan y condenan ellos solos».

Un mes antes de esa publicación, Ismael Oliver, el abogado imputado que llegó a percibir 27.225 euros de la trama, registró una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que días más tarde trasladó a Leire Díez. La queja se centraba en las supuestas filtraciones de la UCO a la prensa de los presuntos hechos de violencia de género protagonizados por Koldo García. Tras la publicación del artículo del 9 de mayo, De la Hoz pidió a la fontanera del PSOE «[que se lo pasara] a Mercedes a ver qué [opinaba]». Esta última le respondió que lo acababa de hacer y añadió: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO».

Un día más tarde, el 10 de mayo a las 23.58, se publicó una columna de opinión titulada Mi amigo Ábalos, en la que aparecen transcritos una serie de mensajes que, supuestamente, había intercambiado con Sánchez. La mañana siguiente, Leire Díez volvió a comunicarse con De la Hoz, que le confirmó que había leído la noticia: «Parece una filtración de Ábalos, no creo que Koldo tenga nada que ver, no va con el asunto». Unas horas más tarde, el entonces abogado del exministro, José Aníbal Álvarez, escribió a la fontanera del PSOE para decirle: «Acabo de hablar con el cliente y me dice que no ha sido la UCO».

La información en prensa destacaba que Ábalos podía hacer caer el Gobierno y que el exministro estaba presionando a Sánchez con sus WhatsApp para que le protegiera de la UCO y de la Fiscalía. A pesar de que Leire Díez sabía que la filtración no provenía de la unidad de élite de la Guardia Civil, continuó transmitiendo lo contrario a terceros. «Dile a tu amiga que te debe más que una comida la comida de todo un año», insistió De la Hoz a la fontanera del PSOE sobre su apuesta con la directora del Instituto Armado. La exmilitante socialista respondió: «Pues eso».

Apuesta con la directora de la Guardia Civil

El 13 de mayo, con ocasión de una nueva noticia, la abogada de Koldo García remitió la publicación a Leire Díez afirmando que «parece que ya todo el mundo da por hecho que [había] sido la UCO». Su interlocutora le respondió que «[no había] dudas». Los investigadores destacan que, a pesar de que la fontanera del PSOE conocía que las filtraciones no partían de la unidad de élite de la Guardia Civil, persistió en atribuirle esa responsabilidad. En ese sentido se expresó solo un día más tarde, ante una noticia en la que el propio Ábalos admitía que los mensajes con Sánchez se habían publicado con su consentimiento.

«No le preocupes. Lo ha reconocido en La Sexta. Vaya elemento», escribió Cerdán a Leire Díez después de que esta le anunciara que había preguntado al exministro por su explicación en un programa de televisión de que había sido el responsable de la filtración de los mensajes con el presidente del Gobierno. El exdirigente socialista, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, afirmó que consintió que salieran a la luz comunicaciones de 2023 con Sánchez, pero que no habían partido de él, sino de una persona de su confianza a la que entregó una copia de los textos. No obstante, precisó que no se trataba ni de Koldo García ni de su abogado.

Durante la instrucción del caso mascarillas, Ábalos mantuvo una auténtica guerra contra la UCO por supuestas filtraciones. El último episodio, en pleno juicio, cuando el exministro usó una información de este diario para tratar de anular la causa. Su abogado, Marino Muriel, acusó en un escrito a los agentes de facilitar a THE OBJECTIVE el pendrive del cónclave que defenestró a Sánchez como secretario general del PSOE en octubre de 2016. La defensa alegó que solo su cliente y el presidente del Gobierno disponían del contenido íntegro de esa reunión en soporte digital.

El Tribunal Supremo ya había tumbado varios recursos de Ábalos para apartar a la UCO de la investigación por las presuntas filtraciones. El exministro comenzó su cruzada particular contra los agentes en julio de 2024, cuando solicitó a la Fiscalía que investigara a los responsables de una supuesta revelación de secretos sobre él y personas de su entorno, entre ellas su antigua pareja sentimental Jésica Rodríguez. Meses más tarde, les acusó de «interceptar correspondencia privada» y vulnerar sus derechos al escuchar una llamada telefónica con su antiguo asesor sin que estuviese investigado, ya que entonces era diputado y se necesitaba el suplicatorio del Congreso.

Ábalos recrudeció su guerra con la UCO tras el informe patrimonial que desveló una propiedad en Colombia cifrada en 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros). Un día después, los agentes matizaron que, en realidad, se trataba de 2,5 millones de pesos colombianos, unos 751 euros. El exministro descartó que se tratara de «un mero error» e insinuó ser víctima de una persecución. En realidad, se trataba de un terreno rústico en la montaña que adquirió en 2003 y vendió sin construir una década más tarde.