¿Estado plurinacional o cantonalismo?

Dicen que Ortega y Gasset fue el autor intelectual de la estructura territorial dibujada en la Constitución del 78. Efectivamente, el filósofo madrileño defendió en su tiempo organizar el Estado español en una serie de regiones autónomas, más o menos semejantes a las actuales. Quizás imbuido por el pensamiento identitario alemán, pensaba que la única forma de mantener un Estado fuerte y centralizado era concediendo autonomía a sus territorios, de manera que tuviesen su propio gobierno y su asamblea legislativa. No obstante, Ortega se negó siempre a dar un paso más, caminar hacia un Estado federal. En su diseño no se pretendía unir unas entidades previamente existentes e independientes para crear una unidad nueva llamada España, sino todo lo contrario, conceder autonomía a las partes para fortalecer el todo.

La soberanía era solo una y pertenecía a España como nación. Por eso, en las discusiones del Estatuto catalán en las Cortes españolas de la Segunda República, Ortega se pronunció en el sentido de que quedase deslindado del proyecto todo cuanto significase, o pudiese parecer, amenaza a la soberanía unida, o que dejara infectada su raíz. Por este camino —decía— iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional.

Se dirigía a los nacionalistas con estas palabras: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía. Y conste que autonomía significa, en la terminología jurídico-política, la cesión de poderes; en principio, no importa cuáles ni cuántos, con tal de que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien».

Por el mismo motivo, arremetía por su carácter ambiguo contra el término «ciudadanía catalana», ya que, en sentido estricto, ciudadanía es el concepto jurídico que liga al individuo con el Estado. Del mismo modo, defendió que en el Estatuto debía quedar meridianamente claro que lo que el Estado otorgaba por la autonomía podía volver a sus manos más tarde y no solo por la voluntad de los catalanes, sino también por la del propio Estado.

Ortega pensaba que la mejor forma de vertebrar el Estado y de neutralizar toda tendencia secesionista era organizarlo dividiéndolo en grandes regiones autónomas. Solo habrá —llegó a afirmar— verdadero y saludable centralismo, es decir, Estado, cuando haya vigoroso autonomismo, y viceversa. Y eso mismo debían de pensar los diputados del 78 cuando consagraron en la Constitución el Estado de las Autonomías.

«Nada más ilusorio que creer que las repetidas concesiones apaciguan al nacionalismo»

A estas alturas de la película es fácil llegar a la conclusión de que Ortega se equivocó y los que aprobaron la Constitución del 78 cometieron el mismo error: pensar que las autonomías servían para aplacar las ansias de los soberanistas. Nada más ilusorio que creer que las repetidas concesiones apaciguan al nacionalismo. Hoy, después de casi 50, el problema territorial está infinitamente peor y más infectado que durante la Transición.

Pero lo cierto es que quizás ni uno ni los otros tendrían que haberse equivocado si hubiesen reparado en la Historia. El regionalismo terminó con la Primera República española, precipitándola al caos. La pretensión de conseguir una república federalista condujo al cantonalismo y a la anarquía. Hasta el propio Pi i Margall se vio sobrepasado e impotente para controlar los distintos focos de independencia. Cuando un Estado federal se forma por la suma de entidades políticas independientes, puede llegar sin duda a una situación de cierto equilibrio; pero si, por el contrario, se pretende formar una federación por la separación de partes de un Estado ya constituido, la situación será de inestabilidad porque significará adentrarse en un proceso que nunca se dará por terminado. Cada grado de autonomía servirá para reclamar más y más sin saciarse nunca, hasta llegar a la independencia.

Con el Estado de las Autonomías se puso en marcha una fuerza centrífuga que parece no tener fin y que conduce al cantonalismo, cuando no a la secesión. Esta fuerza ha ido adquiriendo mayor o menor intensidad dependiendo de las circunstancias y de otras variables. El primer factor que ha colaborado a incrementar esa tendencia ha sido la propia Constitución que, a diferencia de la alemana, a la que siguió en otros muchos aspectos, se definió como no militante y consiente la existencia de partidos políticos que defienden abiertamente la ruptura de España. Así mismo, permite que determinadas comunidades gocen de ciertos privilegios (a los que llaman fueros) en materia presupuestaria y fiscal, propios de la Edad Media.

A ello hay que añadir la propia ley electoral, que otorga una representación mayor de la que corresponde a los partidos nacionalistas y no impuso su presencia en un número mínimo de provincias para poder tener diputados en el Parlamento español, medida que hubiese sido necesaria para que los intereses de todos los parlamentarios coincidan con el interés general de la nación y evitar así que el Congreso se convierta en una subasta en la que se puja por votos a cambio de privilegios provincianos.

«Los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, mediante la cesión de sus votos en las Cortes, obtuvieron pingües privilegios»

Durante los muchos años que el sistema ha girado alrededor del bipartidismo, los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, mediante la cesión de sus votos en las Cortes Generales, obtuvieron pingües privilegios y consolidaron sus posiciones en las respectivas comunidades autónomas. Tanto el PSOE como el PP, cuando estaban en el gobierno, les dejaron actuar libremente en sus territorios a cambio de contar con su apoyo en el Parlamento nacional. Poco a poco, en parte mediante un fuerte adoctrinamiento, en parte mediante un continuo trasvase de competencias y en parte debido a la pasividad de los gobiernos centrales, Cataluña y el País Vasco han ido conformándose como Estados independientes, si no de iure, sí de facto, de tal modo que al final los separatistas terminan creyendo que también lo son de pleno derecho.

Al mismo tiempo, en todas las otras regiones se fue formando una clase política cuyos intereses están ligados en buena medida al proceso autonómico y, por lo tanto, apuestan más y más por la autonomía. Igualmente, no es extraño que vean con cierta envidia al País Vasco y a Cataluña y pretendan imitarles bajo la premisa de que ellos no son menos.

Tres factores vienen a influir de forma definitiva en las fuerzas disgregadoras en los últimos años. En primer lugar, la crisis de 2008 y el surgimiento del 15-M. En segundo lugar, el proceso de fagocitación del PSOE por parte del sanchismo y, en tercer lugar, el surgimiento de Podemos. La crisis de 2008 y las manifestaciones del 15-M en Barcelona en contra de la política de la Generalitat llevaron a Artur Mas y al Govern a desviar los cañones hacia otro lado, hacia Madrid, y dar el paso que hasta ese momento no se habían atrevido a dar: independencia sí o sí.

La dominación del sanchismo sobre el PSOE constituye un hito decisivo. Pedro Sánchez consiguió los peores resultados obtenidos nunca por su partido, pero no se resignó a ser perdedor. En contra de la sensatez y de lo que sería lógico, con el fin de llegar al gobierno y mantenerse en él, ha estado dispuesto a pactar con toda clase de formaciones de lo más heterogéneo: regionalistas, independentistas, que ya eran golpistas e incluso con los herederos de los terroristas vascos. El Gobierno Sánchez no solo ha blanqueado todas estas formaciones políticas cuya finalidad es quebrar el Estado, sino que en buena medida las ha hecho partícipes en la gobernación de ese Estado que quieren fragmentar. No solo ha permitido que se intensificaran las tensiones secesionistas en el País Vasco y Cataluña, también ha propiciado que otras autonomías como Baleares, Navarra o Valencia comenzasen a andar por el mismo camino.

«El Parlamento se ha fraccionado y se han multiplicado las siglas, en algunos casos de forma ridícula»

En otros territorios, aunque con menos pulsiones separatistas, se ha tomado muy buena nota de las ventajas que obtienen los partidos nacionalistas, así que las formaciones políticas regionalistas o incluso provincianas han comenzado a proliferar como las setas. Últimamente, el Parlamento se ha fraccionado y se han multiplicado las siglas, en algunos casos de forma ridícula; pero es de todos esos partidos de los que se vale Sánchez para seguir manteniéndose en el Gobierno.

El tercer factor es el surgimiento de Podemos como partido político y la extraña postura adoptada por dicha formación frente a los regionalismos y los nacionalismos, que solo se explica por su afán por llegar al poder lo antes posible, sacrificando incluso la coherencia en el discurso. La finalidad de obtener en cada sitio los mejores resultados motivó la heterogeneidad, que en cada comunidad y ayuntamiento se plasmó en distintas alianzas, y también en la pluralidad de discursos, en la defensa del derecho de autodeterminación y en el coqueteo con los nacionalistas y regionalistas. Las prisas por llegar al gobierno se han evidenciado también en la búsqueda constante del pacto con el PSOE, a pesar de que el 15-M surgió cuando gobernaba Rodríguez Zapatero y no Rajoy.

El transformismo, e incluso traición de Sumar, no ha representado ningún cambio. Todo lo contrario, ha ahondado en el mismo patrón de comportamiento. Este planteamiento a medio y a largo plazo ha sido tremendamente negativo para estas propias formaciones. En muchas comunidades, precisamente las más pobres y peor dotadas, no se ve con buenos ojos que un partido teóricamente de izquierdas se coloque a favor de las sociedades ricas que quieren romper la unidad solidaria del Estado. En las otras, con presencia de nacionalistas y regionalistas, no era fácil que se hiciese un hueco con un discurso ambiguo. Los electores prefieren siempre las primeras marcas. La defensa de la disgregación a nivel territorial ha sido un bumerán que ha terminado descomponiendo este espacio político.