Llamémosle plan de vivienda

Son ya motivo de chanza las manifestaciones y promesas de uno o de otro tipo que el gobierno Frankenstein viene haciendo desde hace ocho años sobre la vivienda. Moverían sin duda a la mofa, si no incidiesen sobre un tema tan serio. Múltiples promesas de miles y miles de casas que se iban a construir y que no han pasado nunca de la condición de entes de razón. Leyes, decretos y decretos leyes, que no solo no han contribuido a solucionar el problema, sino que lo han agravado. Y algún que otro festival, como la Operación Campamento, montado con la presencia del presidente del Gobierno, con no se sabe cuántos ministros y máquinas que se retiraban terminada la representación al mismo tiempo que los periodistas.  

En esta ocasión, se nos presenta un plan a cinco años vista y por importe de 7.000 millones de euros, que según parece tiene que repartirse a un 60 / 40% entre el Estado y las autonomías. Lo primero que extraña es que se pueda hablar de disponer de un montante tan importante de recursos públicos cuando no se tiene presupuesto ni se piensa presentar en los próximos ejercicios. Es más, como parece cada vez más evidente, el Gobierno ha perdido hace tiempo el apoyo parlamentario, con lo que no solo es que no vaya a poder aprobar presupuestos, sino muy posiblemente ni créditos extraordinarios.

Tampoco parece muy lógico que, cuando el plan pretende comprometer financieramente a todas las comunidades, se haya elaborado y aprobado al margen de los gobiernos autonómicos, tanto más cuando la mayoría son de distinto signo político. Del mismo modo, resulta utópico y un brindis al sol que un gobierno que se encuentra en situación crítica y de salida planifique a cinco años vista, sin contar con la oposición, que tiene muchas probabilidades de sustituirles en el poder. Todo indica que el plan va a carecer de repercusiones prácticas y que una vez más todo va a quedar en el relato, en el anuncio, en la propaganda, sin importar lo más mínimo los resultados. Quizás eso explique su carácter bastante caótico, descoordinado y sin una estrategia clara, medidas sueltas, ocurrencias, que en muchos casos pueden ser contradictorias.

En primer lugar, carece de las disposiciones necesarias para solucionar parcialmente el problema a corto plazo, aquellas que hiciesen retroceder en el camino emprendido. Cualquier plan que pretenda ser efectivo en estos momentos, lo primero que tiene que hacer es restablecer la seguridad jurídica, totalmente dañada por la política implantada por este Gobierno. El problema de la vivienda se ha generado en gran medida por las actuaciones de este Ejecutivo Frankenstein. Es a partir de 2018 cuando el precio de la vivienda se dispara (un 53%). La demagogia de unos, la incompetencia de otros y la inacción del resto han generado el escenario en que nos encontramos. No obstante, tal como hicieron el Primero de Mayo, los ministros siempre pueden manifestarse junto a los sindicatos exigiendo que se solucione el problema de la vivienda.

La cuestión fundamental es que los políticos que nos gobiernan desde 2018 se han olvidado de que nos movemos en una economía de mercado y de que el Estado puede y debe intervenir para perfeccionar sus leyes, pero no prescindir de ellas o intentar destruirlas, porque entonces el efecto es contraproducente. La política de la vivienda es un caso típico. En lugar de incrementar la oferta, la han reducido sustancialmente al haber convertido el alquiler en una inversión de alto riesgo. Muchos, cada vez más, de los pequeños propietarios son reacios a alquilar su piso ante el riesgo muy probable de que les dejen de pagar el alquiler y el desahucio no sea posible, porque el inquilino sea declarado vulnerable, cosa que parece conseguirse fácilmente.

«Las viviendas, tanto públicas como privadas, las construyen las empresas, y estas no se decidirán a edificar si no hay seguridad jurídica»

En las inversiones, la rentabilidad está relacionada con el riesgo. Lógicamente, los que se decidan a alquilar exigirán una rentabilidad mayor, ya que el riesgo es alto y, por lo tanto, eso subirá el precio. Habrá un efecto aún peor: que los arrendadores adopten medidas muy selectivas a la hora de alquilar. Se expulsará así del mercado a los más vulnerables (emigrantes, parados y precarios con riesgo de desempleo, familias con hijos pequeños o con ancianos, etc.), precisamente a los que se dice querer proteger, porque no habrá nadie que esté dispuesto a alquilarles un piso.

El riesgo se incrementa exponencialmente cuando el contrato entre arrendador y arrendatario se convierte en papel mojado, al estar al albur de que el Gobierno decida cambiar las condiciones pactadas, tal como ocurre con la ley de la vivienda, o con el decreto ley que hace poco más de un mes el Gobierno aprobó en contra del Parlamento y que este ha tumbado la semana pasada.

Se produce un cierto espejismo al considerar únicamente los intereses a corto plazo de los que ya poseen en la actualidad un contrato de alquiler, y no tener en cuenta los de todos aquellos que de ahora en adelante necesitarán arrendar un piso, entre los que también habrá que incluir a los actuales inquilinos que, antes o después, tendrán que renovar el contrato o firmar uno nuevo. Las viviendas, tanto públicas como privadas, las construyen las empresas, y estas no se decidirán a edificar si no hay seguridad jurídica, y si el gobierno cambia las reglas del juego cada poco.

El plan no es un auténtico plan, sino un conjunto de medidas, sin coordinación y sin una estrategia común, es un simulacro de plan. Falta precisamente la planificación. Todo el mundo habla del problema de la vivienda y los distintos centros de estudios pretenden estimar el déficit existente y en consecuencia el número de las que hay que construir, pero no todas son iguales y el concepto de vivienda asequible es relativo. Hay una variable que parece no tenerse en cuenta, son los sueldos, y más concretamente los sueldos de aquellos colectivos en los que se va a concentrar el grueso de la demanda de nuevas viviendas.

«La capacidad adquisitiva de los nuevos demandantes estará entre las más bajas de la población»

En primer lugar, hay que preguntarse qué factores influyen en la necesidad de nuevas viviendas. En una primera ojeada diríamos que el incremento de población, que lógicamente, está ligado principalmente al fenómeno de la inmigración, pero existen otros factores, por ejemplo, la dimensión de los hogares, multiplicándose el número de los unipersonales. También influye el incremento de la esperanza de vida, que hace que las herencias se retrasen, y que muchas personas, aunque en el futuro vayan a recibir una vivienda en propiedad, necesiten temporalmente otra.

Todo lo anterior nos lleva a varias conclusiones. La capacidad adquisitiva de los nuevos demandantes estará entre las más bajas de la población. La casi la totalidad de ellos, los emigrantes, van a ocupar los puestos de trabajo de peor calidad y, por lo tanto, de retribuciones más reducidas, sobre todo cuando el crecimiento económico está basado en empleo y sueldos precarios. En cuanto a la situación económica de las familias monoparentales se situará también en los tramos inferiores al contar presumiblemente con una sola fuente de ingresos. Lo mismo ocurre con los jóvenes que quieren abandonar la casa familiar, estarán seguramente en el inicio de su vida profesional y sus sueldos serán modestos.

Se habla de vivienda asequible, pero asequible para quién y sobre todo qué viviendas. Desde luego, a la mayoría, dado el nivel de ingresos, les estará vetada la compra, solo tendrán acceso al alquiler y es en el alquiler donde se deben centrar todas las ayudas públicas, puesto que es una ingenuidad pensar que los recursos del Estado son ilimitados. Se precisa la elección. Orientando las ayudas al alquiler, se podrá llegar a muchas más personas y, sobre todo, a las más necesitadas. Por otra parte, algunas de estas ayudas serán temporales porque es muy posible que el beneficiario cambie de situación económica. Además, en los momentos actuales, la movilidad laboral empuja a menudo al cambio de domicilio.

La limitación de recursos públicos y la enorme extensión de las necesidades hacen que la elección no solo haya que realizarla entre alquiler y compra, sino también entre los distintos tipos de vivienda a financiar o subvencionar. A ello colabora también que el tamaño de las familias se haya hecho mucho más plural, aumentando considerablemente las de número reducido de personas, incluso las de un solo individuo. Parece lógico que las autoridades, a la hora de intentar solucionar el problema de la vivienda, tengan en cuenta múltiples opciones de acuerdo con las características familiares de los demandantes y sus capacidades económicas. Es posible que se necesite adecuar la legislación a la nueva situación, permitiendo, incluso promocionando o ayudando proyectos que hasta ahora hayan estado prohibidos: obtención de permiso de habitabilidad, posibilidad de división, construcción en vuelo, adaptación de locales, legislación de alquiler de habitaciones, etc.

«Algunas de las medidas son contradictorias, como la de establecer ayudas a la compra y al tiempo querer blindar la vivienda pública»

Beatriz Corredor, siendo ministra de Vivienda, propuso los minipisos. Se la ridiculizó mucho. Sin embargo, no era una idea disparatada. En estos momentos, ¿cuántas personas, emigrantes, jóvenes, separados… desearían contar, al menos durante una etapa de la vida, con un minipiso en alquiler de los que proponía Corredor? Una masa enorme de los necesitados de vivienda cuenta con sueldos bajos y situaciones muy precarias. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Hay que volver a las soluciones habitacionales y los políticos deben tener la suficiente imaginación para contemplar todas las posibilidades.

El plan que se acaba de aprobar es todo menos imaginativo. La mayoría de las medidas son ocurrencias, y algunas contradictorias, como la de establecer ayudas a la compra y al mismo tiempo querer blindar para siempre la vivienda pública. Esto último tiene toda su lógica cuando se trata del alquiler, pero resulta incoherente cuando se transmite la propiedad.

Muchas de las medidas se han incorporado al plan sin tener en cuenta la forma de gestionarlas y controlarlas. Es ya una característica de este Gobierno. En la mayoría de las subvenciones de todo tipo que aprueba, se desconoce al final han cumplido su objetivo, y si los beneficiados de ellas han sido aquellos para los que iban dirigidos o si, por el contrario, se han quedado en los más listillos y avispados que han sabido hacer trampa. Claro que esto importa poco en el sanchismo. Ante todo, se busca la representación y el relato y no los resultados. En fin, siempre queda la solución de que, tal como hicieron el Primero de Mayo, los ministros se manifiesten junto a los sindicatos exigiendo que se solucione el problema de la vivienda.