Mi talismán

En medio de la conmoción general, muchos socialistas andan defendiendo estos días que se debe separar el presunto proceder delictivo de Zapatero, (el  talismán de la anterior ministra de hacienda), de la gestión que llevó a cabo durante las dos legislaturas que estuvo al frente del Ejecutivo. Pero lo cierto es que los gobiernos de ZP dejaron mucho que desear. Fue desastroso en los temas importantes y que integran las columnas vertebrales del Estado. Y estos fracasos no pueden borrarse por ocurrencias más o menos correctas, pero que no constituyen el programa central de un partido socialista. 

Hay un mito que se repite a menudo: que fue Zapatero el que terminó con ETA. Pero, la lucha contra los terroristas vascos fue un camino largo y difícil y que tuvo muchos actores. A la llegada de Zapatero al gobierno, ETA estaba prácticamente vencida y deseosa de dejar las armas; aunque no de cualquier modo, aspiraban a una salida honrosa. Casi se la ofrece Zapatero. Había un consenso en la política española sobre la prohibición no escrita de que el diálogo y la negociación que pudiese hacerse con ETA nunca tratarían de temas políticos. Zapatero no lo cumplió. Extendió la confusión y blanqueo a la rama política de los terroristas. El lavado se trasladó a los gobiernos de Sánchez.  

Lo de ETA no fue un hecho aislado. Desde el primer momento Zapatero se situó al lado de los independentistas y defendió un Estado plurinacional. Se pasó al bando del PSC. Tan es así que su victoria en el XXXV Congreso en el que fue nombrado secretario general frente a Bono, Matilde Fernández y Rosa Diez fue gracias a los votos del PSC. Entre los candidatos, él era casi un desconocido, pero se presentó como representante del ala más conservadora y liberal; lanzó un proyecto al que denominó «nueva vía», copiando la tercera vía de Tony Blair y Schröder.

Pero fue con la constitución del tripartito en Cataluña entre el PSC, Esquerra e IC, cuando la postura de Zapatero se hace más explícita. En la campaña electoral, Pascual Maragall, como candidato a la presidencia de la Generalitat, prometió un nuevo estatuto de Cataluña y fue entonces cuando en el mitin de final, ante 15.000 militantes del PSC, Zapatero promete que, si es presidente del Gobierno, avalará, sea cual sea su contenido, el estatuto que salga del Parlamento catalán. Uno no puede por menos que sorprenderse de la frivolidad de un candidato a la presidencia de gobierno que se hipoteca a algo que no puede garantizar, entre otras cosas porque su aprobación no depende de él, sino del Parlamento español y sobre el que, en último término, el Tribunal Constitucional tendría la última palabra.

La aprobación del Estatuto de Cataluña se convirtió en una especie de culebrón. Lo más paradójico es que parece que nadie poseía interés excepto Maragall y Zapatero. Para CiU el tema no debía de tener demasiado atractivo cuando Artur Mas en el Parlament, al ser interpelado sobre el 3% por Maragall, le amenazó con que se había jugado la aprobación del Estatuto. La amenaza tuvo éxito porque el líder del PSC relegó el 3% al baúl de los recuerdos. Después afirman que el PSC es un partido honesto.

En enero de 2006, Artur Mas, que no era presidente de la Generalitat, pacta con Zapatero, en una reunión secreta en La Moncloa, la redacción definitiva de los temas polémicos, lo que sentó mal a Esquerra, que abandonó el Gobierno y pidió el voto negativo en el referéndum.

El desinterés en el nuevo estatuto era tal que la participación en el referéndum no llegó al 50 % y, entre los que votaron, un 20% lo hizo en contra, pero Rodríguez Zapatero ya había pasado a formar parte de los altares independentistas. Uno de los argumentos que sirvió de fundamento al procés fue precisamente el hecho de que el Estatuto fuese modificado después de haber sido aprobado por el pueblo de Cataluña.

Se va extendiendo en la sociedad una idea que tiene mucho de falacia. Se afirma que Zapatero a lo largo de sus ocho años de gobierno había instrumentado una política social. Es cierto que durante este periodo se han aprobado determinadas medidas que podrían tenerse por sociales, pero con características muy diferentes. En cualquier caso, en lo que conviene insistir es que una política verdaderamente social es algo muy distinto. En primer lugar, es totalmente inseparable de la politica fiscal y de la política económica.

Los gobiernos de Zapatero no se han caracterizado precisamente por haber practicado una política fiscal progresiva. Incluso fueron protagonistas de una de las actuaciones más bochornosas cometidas por un gobierno frente a la Administración tributaria. Cuando esta levantó acta de inspección por el fraude de ley cometido por un número importante de las grandes fortunas de este país al constituir, de manera espuria, Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV), el Ejecutivo quitó la competencia a la Inspección de Hacienda para concedérsela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entidad que, desde luego, no emprendió ninguna actuación al respecto. Además, dio carácter retroactivo a la medida, de manera que las actas levantadas se anularon.

Las reformas fiscales emprendidas durante el mandato de Zapatero han sido todas regresivas: disminución del tipo del Impuesto sobre Sociedades; reforma del IRPF, reduciendo el número de tramos y el tipo marginal y, lo que es aún más grave, consolidando la escandalosa medida adoptada por el gobierno de Aznar, separando las rentas del capital de las de otra clase y aplicándoles un trato de favor mediante un tipo menor y proporcional. Y, por último, la eliminación del Impuesto de Patrimonio. Del gabinete Zapatero surgió también la brillante idea de establecer un único tipo para el IRPF y la estrafalaria frase de que bajar impuestos es de izquierdas.

En cuanto a materia económica, no se precisó mucho tiempo para comprobar que el nuevo Gobierno tenía muy poco de izquierdas. No realizó ninguna crítica a la actuación económica del PP, más bien se felicitó por la herencia recibida y continuó practicando casi en su totalidad la misma política implementada en los años anteriores por los populares. En consecuencia, los resultados no podían ser muy distintos. La crisis económica estaba cantada. Lo único verdaderamente extraño es que tardase tanto en llegar. Sin duda, ello se debió a la pertenencia a la UM. Pero esa misma demora en producirse habría de originar que la intensidad y la duración hayan acabado siendo mayores y que el ajuste resultase mucho más penoso.

Es de sobra conocido cómo el Gobierno de Rodríguez Zapatero se escudó en las hipotecas subprime y en el origen internacional de los problemas económicos, hasta el extremo de minimizar y casi negar la crisis de la economía española, incluso en aquellos momentos en los que la realidad se imponía con una fuerza avasalladora. Las hipotecas subprime fue tan solo el detonante. Pero la economía española sufría ya su propia crisis que se venía incubando desde lejos y de la que Zapatero y sus sabios economistas tendrían que haberse dado cuenta desde que accedieron al gobierno. 

Las debilidades del modelo eran bastante evidentes, como evidente era que en algún momento tenía que producirse la debacle. El 23 de abril de 2004 publiqué un artículo en el diario El Mundo en el que en sentido figurado pretendía avisar al nuevo Gobierno de que su falta de crítica hacia la política económica de los gobiernos del PP podría dejarles indefensos ante la catástrofe económica que se avecinaba, atribuyéndoles a ellos toda la responsabilidad, como en realidad así ocurrió.

Muchos años después Zapatero, lamentándose amargamente, lanzaba a sus colaboradores el siguiente reproche: «No me hablasteis del endeudamiento privado». Y es que efectivamente ahí se encontró el problema. El fanatismo de los gobiernos de Aznar y del primero de Zapatero en contra del gasto público les indujo a centrarse en anatematizar el déficit y el endeudamiento público, y a olvidarse del endeudamiento privado. En realidad, el peligro no está ni en el público ni en el privado, sino en el endeudamiento exterior, con independencia de que su origen se halle en uno u otro sector.

En aquellas dos tardes con Jordi Sevilla, a Zapatero no le debieron de hablar de la amenaza que constituye para un país tener su economía fuertemente endeudada en el exterior, ni le debieron de enseñar el peligro que representa un fuerte déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos. De tal manera que, aun cuando este alcanzaba el 6% del PIB, nivel muy preocupante, ni él ni su vicepresidente económico tuvieron inconveniente alguno en afirmar en 2004 que la herencia económica que recibían del PP era buena. España crecía pero lo que no se daban cuenta es que lo hacía a crédito. Incluso en 2007, inmediatamente antes de la hecatombe y cuando el desequilibrio exterior alcanzaba ya la terrorífica cifra del 10% del PIB, el Gobierno se mostraba eufórico porque las cuentas públicas arrojaban superávit y el stock de deuda pública solo alcanzaba el 36% del PIB, casi la mitad que Alemania y Francia, y a años luz del de Italia.

En honor de la verdad, la ceguera no fue exclusiva de Zapatero. A Aznar tampoco le debieron de hablar del endeudamiento privado, pues durante sus ocho años de gobierno dicha variable se incrementó sustancialmente sin que hiciese nada para evitarlo, ni se percatase tan siquiera del peligro. Tampoco debieron de caer en la cuenta de que el apalancamiento privado es tan peligroso como el público cuando se financia en el extranjero y encima con una moneda que no es la propia o, como en el caso de la eurozona, cuando, aunque sea la propia, no se controla. Tuvo que explosionar la crisis de las hipotecas subprime, con sus graves consecuencias, para que despertasen de su sueño dogmático.

A Zapatero le estalló la Gran Recesión en la cara. Se encerró en la mentira de que estábamos en la  ‘Champions League’ de la economía. O en los famosos brotes verdes de después. Y así, hasta mayo de 2010, cuando Bruselas obligó a aplicar las medidas más duras adoptadas nunca por un gobierno español en democracia. El correctivo incluía la congelación de las pensiones, la rebaja del 5% del sueldo de los funcionarios que se consolidaría de cara al futuro y fuertes recortes de gastos, como el cheque bebé, medida estrella del estrellado ZP. En fin, ZP, calificado por María Jesús de su talismán, independiente de la responsabilidad penal que pueda contraer no parece que sea precisamente paradigma de buen gobierno. La herencia que dejo a Rajoy y a todos los españoles fue de las peores posibles. Por supuesto en economía pero también en el ámbito territorial, siendo la puerta al cambio de mentalidad respecto al terrorismo etarra (Otegui hombre de paz) y facilitando el nacimiento del procés.